El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumió este jueves las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato, en una decisión que representa una escalada en la dura lucha de poderes de este país. Por otra parte analistas consultados señalan no recordar una circunstancia similar (en que el Poder Judicial asuma las funciones del Parlamento), en países con sistema democrático.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", indicó un fallo del TSJ publicado la noche del miércoles.
El TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. También ha anulado todas las decisiones de los asambleístas.
Aunque la cámara desincorporó a esos parlamentarios posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado. "Es un tribunal fraudulento que interpreta la Constitución contra su propio texto", protestó este jueves el diputado opositor Henry Ramos Allup.
"Nosotros debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (...) y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos", añadió Ramos Allup en una entrevista radial.
La nueva decisión judicial de la Sala Constitucional del TSJ se produce un día después de que el propio tribunal retiró los fueros a los diputados, utilizando como alegato el desacato, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
La decisión, consigna esta agencia, fue tomada como parte de la respuesta a un recurso de interpretación que presentaron cuatro abogadas.
En él recurso se pidió al Supremo que analizara el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Estas normas establecen que la constitución de empresas mixtas requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Incluso, la Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia, el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido al estudio de la cámara.
El Tribunal Supremo de Justicia resolvió que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo cree empresas mixtas e indicó que éste deberá informar, no a la Asamblea Nacional, sino a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".
Fue ahí que el Tribunal Supremo subrayó que la cámara, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones. El Tribunal recordó que la Asamblea Nacional incorporó a tres diputados del estado de Amazonas cuya investidura fue impugnada, una decisión sobre la cual todavía no ha fallado, y agregó que, mientras se mantenga el desacato, no podrá llevar adelante su actividad legislativa.
Esto ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresan "preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria" de Venezuela.
La bancada opositora aprobó el pasado 21 de marzo un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por el mandatario como "traición a la patria", un delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
"Golpe de Estado"
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Julio Borges, dijo en declaraciones a Infobae que la decisión del TSJ "claramente es un golpe de Estado".
El parlamentario informó que los diputados se reunieron para determinar las acciones a tomar tras la resolución judicial.
Escalada
Para analistas como Benigno Alarcón, la escalada que vive el fuerte conflicto de poderes existente en Venezuela es una respuesta a las recientes acciones en la OEA.
"El gobierno está tratando de aumentar la presión sobre los parlamentarios y la comunidad internacional, diciendo que está dispuesto a tomar represalias y apresar a líderes opositores que estén buscando ayuda en el exterior", dijo Alarcón a la AFP.
La sentencia que señala que el TSJ asume las funciones del Parlamento se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La ley indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, necesita "la aprobación previa" del Congreso. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", la corte indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por una votación de los diputados.
La gestiones en la OEA son promovidas por el secretario general de la organización, el uruguayo Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral los pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
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