El Frente Amplio plantea como prioridades hacia la Rendición de Cuentas 2017 el gasto público social en la educación, sistema de cuidados, seguridad y convivencia, salud, vivienda y lucha contra la violencia de género.
En materia de educación, el Frente Amplio ratifica su compromiso de campaña de tender a llegar al 6% del PIB en el periodo de gobierno. Para ello, en esta Rendición, deberían realizarse los esfuerzos presupuestales que continúen el proceso hacia esa meta.
En particular, el Frente Amplio entiende que, conforme a los acuerdos salariales alcanzados previamente, debería preverse especialmente las partidas necesarias para la mejora del nivel salarial docente.
Asimismo, considera relevante invertir en el desarrollo institucional para la formación docente para todos los niveles de la educación, en el proceso de la carrera docente universitaria, y las tareas de investigación y extensión asociadas a ésta. En el mismo sentido, se considera importante profundizar el desarrollo de la educación media, media tecnológica y técnico profesional terciaria.
En relación a la política de cuidados, el Frente Amplio ratifica la relevancia que en materia de políticas sociales, reviste al proyecto de Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El mismo constituye una prioridad política que repercute en forma positiva directamente en la vida cotidiana de las personas, tanto de las que reciben cuidados y sus familias, como de las personas encargadas de brindar dichos cuidados.
En Rendiciones de Cuentas pasadas las asignaciones presupuestales fueron aprobadas considerando los avances que eran posibles de ejecución en función de la instalación del mismo. El Frente Amplio entiende que hoy hay que retomar el impulso de esta política social tan trascendente, con miras a generar un impacto significativo al final del periodo. Si bien algunas de las limitantes presupuestales aún persisten, en especial en materia fiscal, resulta impostergable llegar a un incremento de la asignación del gasto público social que permita seguir avanzando en la cobertura.
Se entiende que, sin perjuicio de su desarrollo integral, esta inversión debe priorizar la atención a la primera infancia, en particular, con la ampliación de la cobertura de los centros CAIF. En el mismo orden de prioridades, deberían atenderse las necesidades para la cobertura de prestaciones a personas en situación de dependencia severa. Asimismo debiera considerarse la posibilidad de analizar el incremento gradual de la cobertura para personas en situación de dependencia moderada y la puesta en marcha de un importante número de los Centros Diurnos originariamente proyectados.
Un segundo espacio de prioridades refiere a salud, vivienda y convivencia ciudadana con énfasis en la violencia de género.
En el área de la salud, se entiende indispensable continuar avanzando para reducir las inequidades entre ASSE y el sistema privado, tanto a nivel de financiamiento como normativo. En tal sentido, habría que tender a que la complementariedad entre el sistema privado y público se haga bajo formato cooperativo, donde el sector público no tenga un rol subsidiario. Para ello es necesario destinar los recursos para fortalecer la rectoría del MSP.
En materia de vivienda, el Frente Amplio entiende importante destinar los recursos necesarios (financieros y legales) para abatir la emergencia habitacional, ampliar el crédito al cooperativismo de vivienda para conseguir que mejore su respuesta a la importante demanda que existe, y priorizar las soluciones habitacionales para el segmento de población que por su nivel de ingreso no encuentran ni programas específicos ni acceso a crédito.
En cuanto a la seguridad y convivencia ciudadana, el Frente Amplio plantea continuar con todas las acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia e inseguridad en nuestra sociedad.
Debe, además asignarse una especial atención a la violencia de género, a través de los distintos programas y recursos que se destinan a tal fin, y reforzar el abordaje integral de este flagelo que está viviendo nuestra sociedad.
El Frente Amplio es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que, si no fueran controlados, seguramente repercutirían negativamente en la calidad de vida de la población y, en particular, afectaría desfavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores. Por ello, ratifica que se continúe en la llínea de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas.
Desde luego, las prioridades enunciadas más arriba implican prever recursos para su sostenibilidad.
Para ello será necesario, entonces, redistribuir asignaciones presupuestales, incluso disminuyendo el gasto en otras áreas –considerando en especial la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones militares- sin perjuicio de reafirmar la necesaria eficiencia en el gasto. No obstante, en caso de ser necesario reforzar los ingresos por la vía tributaria -sin perjuicio de apelar a mecanismos de mayor eficiencia en la recaudación que disminuyan la evasión fiscal- el Frente Amplio considera que no se debe generar mayor presión tributaria sobre los salarios y las capas medias y más pobres de la población. En tal sentido, ratifica el principio de “que pague más quien tiene más” y lo expresado en las Bases Programáticas del Tercer Gobierno Nacional del Frente Amplio 2015-2020.
En esta instancia, no se considera adecuado profundizar en las herramientas tributarias concretas que eventualmente podrían utilizarse. Ello seguramente será objeto de análisis de las dos comisiones que a los efectos se crearan en el ámbito parlamentario del Frente Amplio. En tal sentido corresponderá que éstas profundicen rápidamente este debate.
Frente Amplio
Montevideo, 6 de marzo de 2017.
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