La rendición de cuentas que el Ejecutivo debe enviar al parlamento antes del 30 de junio, será un presupuesto para el trienio 2018-2020, ya que el presupuesto aprobado en 2015 fue para el bienio 2016-2017. Por lo tanto el nuevo presupuesto se inscribe en un programa para los próximos tres años. Pueden haber distintas visiones para dicho programa y por lo tanto para la próxima rendición de cuentas. Presentaremos la visión oficial del equipo económico, de acuerdo a nuestra visión, y una propuesta alternativa.
Por ello la meta de 2,5% sobre el producto para el año 2019. Se intenta alcanzar esa meta con modificaciones tributarias a las personas que empezaron a regir en 2017. En algunas oportunidades se utilizan las tarifas de los servicios públicos como elemento de recaudación fiscal.
La inflación en los últimos años se ha enfrentado utilizando la política cambiaria, con el tipo de cambio que sigue sufriendo un fuerte atraso, limitando la competitividad de precios de la producción nacional. Se utiliza la política monetaria fuertemente restrictiva y en determinadas ocasiones se usan las tarifas de los servicios públicos con el objetivo de contener el proceso inflacionario, afectando los equilibrios de las empresas públicas, como en ocasiones ocurrió con Ancap.
De acuerdo a esta concepción el crecimiento se alcanzaría con aumentos de los precios internacionales de los principales productos de exportación, aunque el equipo económico no lo acepta, y con estímulos fiscales a la inversión privada, como es el caso de las exoneraciones tributarias. En la parte social, hay negociación colectiva en materia salarial, lo que le ha dado poder al movimiento sindical y ha permitido aumentos de los salarios reales. Ello mejora la distribución del ingreso junto al aumento del gasto social.
La concepción oficial tiene similitudes y diferencias con la concepción ortodoxa proveniente del FMI. Coinciden en priorizar los equilibrios macroeconómicos, porque sin inflación y con déficit fiscal aceptable, el mercado asignaría adecuadamente los recursos para que haya crecimiento. Lo financiero estaría predominando sobre lo productivo. Coinciden también en la política monetaria y cambiaria para la contención de la inflación.
La posición oficial no acepta ajustes drásticos y tiene claras diferencias en la política salarial y en el gasto público con la concepción ortodoxa.
Usa algunos instrumentos heterodoxos para contener la inflación, pero plantea mínimas tasas de crecimiento económico, aunque espera avances con la inversión de UPM, sin mejoras en el empleo, mantenimiento del salario real y probable regresión en la distribución del ingreso. Con esta evolución el descontento social existente en la realidad actual se mantendría o se profundizaría.
Una alternativa a esta concepción oficial cambiaría la prioridad de los objetivos para los próximos tres años. El programa priorizaría el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso, sin descuidar la inflación y el déficit fiscal. El crecimiento está influido por los precios internacionales de los rubros de exportación donde no se esperan grandes cambios y una situación regional inestable en Argentina y Brasil.
Internamente habría que mejorar la competitividad de precios por la vía de una mejora significativa del tipo de cambio real, de manera gradual para minimizar sus efectos negativos sobre la inflación interna. Un elemento clave para avances en la demanda interna, lo constituye la dinamización de la inversión pública. Habría que avanzar en la estrategia de desarrollo, para que a través de la política macroeconómica y sectorial puedan estimularse determinados sectores y actividades productivas seleccionadas en el plan de desarrollo.
El crecimiento, y especialmente su contenido, facilitaría aumentos en los niveles de empleo que junto a los continuos avances del gasto social mejorarían la distribución del ingreso. Esta sería una estrategia que ayudaría a enfrentar el desencanto y descontento existente en la actualidad en la población y especialmente en votantes frentistas. Pero no se puede descuidar ni la inflación ni el déficit fiscal. La inflación es más de costos que de demanda. Hay que estudiar las tarifas de los servicios públicos, donde hay impuestos incluidos, para utilizarla contra la inflación sin afectar los requerimientos y necesidades de las empresas públicas.
Pero ello es fruto del propio plan de desarrollo. En algunos casos pueden influir los costos salariales, pero generalmente son una baja proporción del producto. Es necesario controlar algunos rubros que están bajo formas monopólicas u oligopólicas. Algunos acuerdos de precios podrían ayudar sobretodo porque la política cambiaria se utilizaría para la competitividad y no para enfrentar la suba de precios internos. Se requerirá mucho análisis de la realidad específica y mucho pragmatismo.
El déficit fiscal debiera mejorar con el crecimiento a través de mayores ingresos a los que se podrían agregar aumentos impositivos a las herencias, al patrimonio y a las rentas empresariales. Hay una discusión sobre impuestos a las personas, como aplica el equipo económico, o a las empresas. Estos incrementos son para cubrir la continuidad del gasto social y la mejora de la inversión pública que ayude al crecimiento económico.
El Frente Amplio se debe una discusión a fondo de la política económica. La futura rendición de cuentas puede servir para estimular dicho debate. La situación internacional es de incertidumbre, que se agudizó con el triunfo de Trump en los EE UU. El ambiente regional no ayuda mucho en esta coyuntura. La política económica interna será decisiva en los próximos dos años.
En el plano internacional y en el regional avanza la derecha. Nos vamos quedando solos en la región. La derecha en Uruguay no tiene fuerza, pero nosotros debemos mejorar y para ello es indispensable este debate interno.
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