Cientos de condados y ciudades de Estados Unidos de América, consideradas “santuario” de inmigrantes indocumentados enfrentan la amenaza de Donald Trump de un bloqueo de fondos federales por rehusarse a cooperar con autoridades migratorias. Trump prometió poner fin a las ciudades santuario a raíz de que la ciudad de San Francisco liberó al inmigrante indocumentado mexicano Juan Francisco López Sánchez, acusado de causar la muerte a la joven Kate Steinle en San Francisco en 2015.
“Vamos a terminar con la ciudades santuario que han resultado en tantas muertes innecesarias. Las ciudades que rechacen cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares públicos”, dijo Trump al presentar su plataforma migratoria en Phoenix en septiembre pasado. Pero apenas la semana pasada, en un abierto desafío a Trump, la ciudad de Santa Ana, en el corazón del condado de Orange, en California, se declaró oficialmente como ciudad santuario para proteger a los indocumentados residentes en su jurisdicción.
"La razón por la que estamos viendo este empuje ahora es que nosotros, los líderes, queremos decirles (a los inmigrantes) que van a ser protegidos. Si van a venir por ellos, tienen que pasar por nosotros primero", advirtió el concejal de Santa Ana, Sal Tinajero.
Las ciudades “santuario” forman parte de un movimiento iniciado en Los Ángeles en 1979 luego que la ciudad emitió la Orden Especial 40, que prohibió a sus agentes policiales inquirir sobre el estatus migratorio de una persona detenida. Desde entonces, un total de 364 condados y 39 ciudades, incluidas algunas de las más grandes de Estados Unidos de América, como Nueva York, San Francisco, Washington D.C., Miami, Seattle, Chicago, Baltimore, Sacramento y Filadelfia han aprobado ordenanzas similares. Aunque los edictos de cada ciudad o condados tienen efectos diferentes, las ciudades “santuario” rechazan en general entregar a las autoridades a inmigrantes que sólo cometieron la falta administrativa de ingresar ilegalmente al país pues no se considera un delito grave.
Sólo entre 2014 y 2015 las ciudades santuario rechazaron más de 17 mil peticiones (detainers) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que permiten a las autoridades retener a un detenido durante 48 horas adicionales para decidir si es acusado formalmente o deportado. López Sánchez, el mexicano acusado de asesinar a Steinle, había estado en custodia del ICE tras cumplir una condena por ingreso ilegal a Estados Unidos y fue entregado a la oficina de alguaciles de San Francisco por una acusación separada de posesión de mariguana. Pero bajo las reglas de la ciudad californiana, el inmigrante mexicano fue liberado cuando se retiraron los cargos por la segunda acusación y porque no existía una causa criminal pendiente en su contra. El caso de López Sánchez, así como el de otros inmigrantes indocumentados que cometieron crímenes, se convirtió en uno de los temas centrales de la convención republicana que nominó a Trump como candidato presidencial.
Aunque algunos de esos crímenes no fueron cometidos dentro de comunidad santuario, Trump utilizó los ejemplos como bandera para lanzar una ofensiva contra las ciudades, muchas de las cuales son gobernadas por políticos del Partido Demócrata. Los partidarios de las ciudades santuario argumentan que las ordenanzas son necesarias para crear un clima de confianza entre autoridades e inmigrantes a fin de que reporten la comisión de delitos en su comunidades. Pero dos meses después de la convención republicana, Trump se comprometió a trabajar con el congreso para probar una legislación que sólo destine fondos federales para las ciudades que acepten cooperar con las autoridades federales.
Asimismo ofreció trabajar con los legisladores para aprobar la llamada “Ley Kate”, en honor a Kate Steinle, a fin de asegurar que aquellos indocumentados que reingresen ilegalmente al país reciban fuertes condenas carcelarias mínimas obligatorias. Aunque Trump no ha insistido en el tema de la ciudades santuario desde que ganó las elecciones del 8 de noviembre, reiteró su promesa de deportar a por lo menos dos a tres millones de inmigrantes indocumentados que cometieron crímenes.
Un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI) estima sin embargo que el número de indocumentados con antecedentes criminales asciende en alrededor de 800 mil personas en este momento. Sin embargo no están claros aún los lineamientos del próximo gobierno para definir cuáles son los delitos que harán elegible a los indocumentados para ser deportados a sus países de origen.
En paralelo a la ofensiva de Trump, los republicanos del congreso iniciaron su propia iniciativa para bloquear los fondos federales a las llamadas ciudades santuario a través de una iniciativa de ley presentada por los republicanos David Vitter y Duncan Hunter.
Sin embargo los esfuerzos republicanos han sido bloqueados por la minoría demócrata de la cámara de representantes y del Senado, y enfrentaron una amenaza de veto por parte del presidente Barack Obama. “Esta iniciativa falla en ofrecer las amplias reformas que son necesarias para reparar el descompuesto sistema de las leyes migratorias, y socava los esfuerzos para deportar a los más peligrosos criminales convictos”, indicó la Casa Blanca.
La oficina de Presupuesto y Personal de la Casa Blanca insistió que frente a esta problemática el Congreso debería retomar el debate con miras a aprobar una reforma migratoria.
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