La iniciativa es un adelanto de la ya anunciada reforma de la caja militar que buscará terminar con determinados privilegios con los que cuentan buena parte de los retirados castrenses y que provocan un desequilibrio en las finanzas de esa institución.
Según el gobierno, con el nuevo impuesto –que será transitorio hasta que se establezcan las condiciones de la reforma- se intenta "contribuir a paliar en el corto plazo" ese "grave" desequilibrio a través de una reducción del 10 % de las transferencias de Rentas Generales a la caja militar.
El gravamen afectará, progresivamente, a las jubilaciones mayores de $u 50 mil y caerá con más peso en aquellas que superen los $u 100 mil.
"A partir de este diseño, se estima que no serán gravados aproximadamente el 80 % de los pasivos militares lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán ese tributo. Por su parte, se prevé que más del 65 % de los ingresos se obtendrán a través de aquellas prestaciones mayores al equivalente a 30 BPC", dice el proyecto firmado por el presidente Tabaré Vázquez.
Los militares se oponen a esta reforma que, consideran, echará por tierra con derechos adquiridos y desestimulará el ingreso a las Fuerzas Armadas
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