LA OPINION DE H. SARTHOU: EL SEXISMO OFICIAL

María Inés Obaldía y Gerardo Sotelo (“La tarde en casa”, Canal 10) entrevistaron el martes pasado a Patricia González, responsable de la “Secretaría de Equidad y Género” de la Intendencia de Montevideo.  El motivo de la entrevista fue que la Intendencia, a través de la Directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, y de la misma Patricia González, aparentemente en consulta con el Pro Secretario de la Presidencia, denegaron la autorización para una fiesta cuyos organizadores obsequiarían con un refresco a las primeras cien chiquilinas que concurrieran vistiendo short o calzas. 

Formalmente, se denegó el permiso invocando que no estaba concluido un trámite ante Bomberos, pero –como lo reconoció expresamente Patricia González- la verdadera razón fue que ella y Fabiana Goyeneche consideraron que premiar el uso de calzas o shorts implicaba “sexualizar” a las jóvenes concurrentes y “exponerlas a redes de explotación y a peligro de violencia de género”.

La entrevista tomó un curso inusual cuando el periodista Gerardo Sotelo planteó abiertamente sus dudas respecto a que hubiese una relación lógica entre el uso de calzas o shorts y el ingreso en redes de prostitución o la exposición a violencia de género y, sobre todo, a que las políticas públicas debieran intervenir en aspectos tan privados como la vestimenta con la que se asiste a un baile. Su colega, María Inés Obaldía, terció diciendo que lo que veía mal no eran los shorts o las calzas sino que se premiara el uso de esas prendas. La entrevistada, por su parte, respondió con los habituales argumentos feministas, según los cuales el machismo reinante justifica casi cualquier tipo de medida.

No vale la pena considerar si es deseable o indeseable que se premie con un refresco el uso de cierta prenda o la llegada tempranera a una fiesta. Porque mucho más grave es que la jerarca de un organismo público afirme por televisión que denegó un permiso no por los motivos invocados sino por otros (eso implica la anulabilidad de la decisión por haberse dictado con desviación de poder). Y mucho más grave es si los hechos que verdaderamente motivaron la decisión, aunque contravengan la ideología de las jerarcas, no configuran falta ni infracción a ninguna norma.

Usar shorts o calzas es legal; regalar un refresco a quienes asistan a un lugar vistiendo esas prendas no constituye tampoco ninguna falta. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la decisión de las jerarcas de la Intendencia? ¿Qué norma las habilita para prohibir lo que no está prohibido y para justificarlo invocando motivos falsos?

A mí tampoco me gusta la lógica de esas fiestas para adolescentes y no veo con simpatía que se estimule a los chiquilines y chiquilinas a consumir ciertos productos o a usar ciertas prendas. Pero hay algo que debería estar marcado a fuego en la cabeza de toda persona que ocupa un cargo público: ¡el poder público debe ser usado siempre para cumplir las normas vigentes y nunca para satisfacer convicciones, obsesiones o caprichos personales de los funcionarios!
¿Se entiende la gravedad de lo ocurrido?

La responsable de un organismo público aparece en televisión, muy suelta de cuerpo, diciendo que impidió deliberadamente algo que no estaba prohibido, y que, para hacerlo, invocó y aplicó otra norma que no es de su competencia (el control de la habilitación de Bomberos es ajeno a la Secretaria de Equidad y Género) y que no habría aplicado en condiciones normales.
¿Cuál es entonces la regla para la organización de bailes o fiestas en el Departamento de Montevideo?

De estar a lo declarado por Patricia González, la respuesta es obvia: se puede hacer lo que a las autoridades departamentales “de género” les parezca bien, y no se puede hacer lo que les parezca mal.
Cuando el responsable de un organismo público desea regular algún tipo de actividad, debe lograr antes que el organismo legislativo competente (en este caso la Junta Departamental) vote una reglamentación en la que se establezca claramente qué se puede y qué no se puede hacer. Lo contrario es la arbitrariedad, el capricho del que ejerce el poder, con el riesgo, además, de que la situación se preste para presiones y extorsiones.

Ojalá éste fuera un episodio aislado. Pero no lo es. La Intendencia de Montevideo tiene un historial complicado en esta materia.

Primero fue el episodio de la milonga de la Plaza Fabini, en el que se quiso someter al organizador de la milonga a una especie de reeducación ideológica obligatoria a cargo de la Secretaría de Equidad y 

Género de la Intendencia. La idea abortó ante las críticas recibidas, pero esa fue la reacción inicial de los funcionarios involucrados.

Después fue la transformación compulsiva del concurso de Reina de las Llamadas, desde siempre un concurso de belleza femenina, al imponerse, esta vez por parte de la Dirección de Cultura de la IM, la participación de personas de otro sexo y de transgénero.

Hace muy poco, la directora Fabiana Goyeneche presionó a la revista “Miss Quince” (la misma 

Goyeneche lo hizo público en su muro de facebook) para que se disculpara por una nota, publicada hace cuatro años, en la que sugería a sus lectoras quinceañeras evitar los celos de sus noviecitos mediante recursos tales como “no bailes toda la noche con otro chico cuando salgas a bailar con tu novio; un poquito está bien, pero toda la noche es para líos”. Rauda como un colibrí, Goyeneche se comunicó con la directora de la revista y logró que ella publicara una disculpa (por la nota sobre los celos, publicada cuatro años antes) y que además le solicitara a la misma Goyeneche orientación futura para asegurar que la revista no volviera a publicar material “discriminatorio”. O sea: control y censura previa de un órgano de prensa por parte de una jerarca de la Intendencia. Y Goyeneche lo contó en Facebook como un éxito.

Hace menos aun, se establecieron menciones especiales en el premio literario “Juan Carlos Onetti” -es decir, más posibilidades de ser premiadas- para obras que trataran temas de diversidad sexual y violencia de género.

Los intentos de imponer disposiciones sexistas no se limitan a lo departamental, sino que proliferan también en muchos otros ámbitos del Estado: los cargos públicos del MIDES reservados para transexuales; la cuota parlamentaria por género y el actual reclamo de aumentarla; el proyectado delito de femicidio, que asigna una pena mucho más grave al asesinato de una mujer que al de un hombre; el proyecto de ley de violencia de género, para el que la mera denuncia equivale a culpa del hombre y le niega a éste el derecho a la defensa; la nueva “Guía educativa sobre diversidad afectivo sexual” que ha dado lugar a talleres de contenido agresivamente sexista, autorizados no se sabe por quién, en al menos una escuela, un liceo y un centro de enseñanza técnico profesional.

Cuando una concepción de la vida social se basa en el conflicto entre los sexos, o entre las diversas actitudes identitarias ante lo sexual, y además exacerba esos conflictos invirtiendo –en lugar de superar- las inequidades existentes, sólo puede definirse como una ideología sexista. Por todo lo dicho antes, es necesario admitir que en el Uruguay vivimos el fuerte embate de una ideología sexista.

¿Qué es esa ideología y de dónde proviene?
Un amigo, por ahora virtual, al que no nombro porque no le pedí autorización, me envió un artículo de Félix Ovejero Lucas. El autor español plantea la contradicción entre “la nación identitaria” y “la nación democrática”. Si bien Ovejero se refiere a las díscolas identidades nacionales de España (vascos, catalanes, etc.), su enfoque es válido para analizar otras políticas identitarias.

Cuando se reivindica como sujeto social a cierto sexo, raza o religión, se está definiendo a las personas no por aquello que tienen en común –p ej. su condición de persona- sino por un rasgo que las diferencia inevitablemente de otras personas. Uno no elige su sexo, ni su raza ni su religión, ni puede tampoco cambiarlos a voluntad.

Si además se pretende explicar toda la vida social como la victimización de cierto sexo, raza o religión por otro sexo, raza o religión, el resultado es un clima social explosivo, cargado de resentimiento y de violencia real o simbólica.

En el Uruguay no tenemos grandes enfrentamientos raciales ni religiosos, pero sí tenemos dos sexos y diversas actitudes hacia lo sexual. El sexismo es, entonces, la política identitaria más a nuestro alcance. Eso explica la fuerza de mitos operativos, como el de que las sociedades occidentales actuales son regímenes patriarcales, que ameritaría un buen análisis crítico.

Recientemente, Soledad Platero, Alma Bolón y Amir Hamed han escrito sobre el origen de las políticas identitarias en las universidades de los EEUU y sobre la financiación que han recibido de organismos multinacionales, de fundaciones privadas y, como afirma Hamed, también de ciertas áreas del Departamento de Estado de los EEUU.

¿No será hora de tomar en serio este asunto, de analizar sus causas y sus efectos, así como de pensar en quiénes se benefician y quiénes se perjudican con esas políticas?

Nada de lo que digo debe tomarse como un cuestionamiento a los derechos de las mujeres ni de las personas homosexuales. Mi objeción es a ciertas organizaciones profesionalizadas de militantes feministas y homosexuales, que se arrogan el derecho de hablar por todas las mujeres y por todas las personas homosexuales. Y, sobre todo, al control y al lobby que algunas de esas organizaciones ejercen sobre varias áreas del Estado.

El tema es grande, arborescente, y no tengo espacio para agotarlo aquí. De seguro volveré sobre él.

Fuente: Semanario Voces