La reestructura creaba una serie de funciones con régimen de dedicación exclusiva, que iban a estar sometidas a Acuerdos de Gestión, los que a su vez iban a ser evaluados por un tribunal asesor. Se establecían para estas funciones salarios que iban de $ 70.600 nominales a $ 118.000 y sus titulares hubiesen tenido que presentar una declaración jurada anual. La reestructura establecía también una serie de incompatibilidades para los funcionarios.
Marcelo da Costa, asesor de Planificación Estratégica de Aduanas, dijo en el Parlamento este mes que "con el sistema que estaba vigente previo a la instalación del nuevo (sistema), 35 funcionarios cobraban más de $ 500.000 anuales: cada uno de ellos (por concepto de multas aduaneras)".
"Inclusive, algunos llegaban a cobrar más de $ 1.000.000 por año. Esto significaba que el 3 % de los funcionarios —que eran 35— recibía el 60% de los fondos distribuibles en el anterior sistema, según el cual, los funcionarios podían distribuirse los fondos correspondientes a las multas aduaneras. A toda vista este es un sistema, por lo pronto, muy poco equitativo. Podemos decir que hoy en día ese 60 % es distribuido entre el 22 % de los funcionarios. Es más, en términos generales, con el ejercicio cerrado 2014, el 78,7 % cobró más con este sistema que lo que percibía con el anterior," explicó.
"La herramienta que se utiliza para esto, que forma parte elemental del control de gestión que existe en la Aduana, es también creada por este decreto, y se llama acuerdo de gestión. Ese acuerdo de gestión es un compromiso entre el director nacional y cada funcionario designado, y lo que intenta, a través de determinados mecanismos, es el cumplimiento de los objetivos. Quiere decir que en ese acuerdo se plantea lo que tiene que lograr el funcionario en quince meses", agregó el funcionario.
Pero el sindicato siempre rechazó la reestructura, a la que recurrió ante el TCA. Roberto Valdivieso, presidente del sindicato, dijo al diario El País que la reestructura "lesionaba la carrera administrativa y daba amplios poderes al director para elegir a dedo, sin concurso, funcionarios que ganaban entre $ 100.000 y $ 200.000".
Aunque se realizaron múltiples reuniones entre la dirección y el sindicato, según el gremio la reforma no fue consensuada. "La reforma no se hizo con la gente sino contra la gente y por eso más del 70% de los funcionarios firmaron contra ella", sostuvo el sindicalista.
La reestructura costó, entre gastos en infraestructura y diversas consultorías, US$ 22 millones, aseguró. "Hubo muy poco diálogo. El director siempre decía que estaba obligado a negociar pero no a acordar. Pero ahora empieza otra historia porque se necesitan cambios", dijo Valdivieso, que preside el sindicato desde 2011. Y advirtió que "viene una catarata de juicios porque hay mucha gente perjudicada". El sindicalista dijo también que la dirección actuó con secretismo y el sindicato debió recurrir a la ley de acceso a la información pública para hacerse de determinados datos. Un juez hizo lugar al pedido del sindicato. "Acá hubo muchas responsabilidades", señaló Valdivieso.
Sindicalistas denuncian que se los discrimina.
En el marco de la reestructura se habían realizado 132 acuerdos de gestión, de los cuales 18 no fueron renovados. Si no se cumplía el 70% de las metas, el acuerdo no se prorrogaba.
El sindicato sostenía que la reestructura se llevó adelante desconociendo la negociación colectiva, algo que la dirección niega.
La Aduana tiene 985 funcionarios. Entre 2010 y 2016, según su director, Enrique Canon, se invirtieron US$ 10 millones, para mejorar su infraestructura.
Tanto el presidente del sindicato, Roberto Valdivieso, como la secretaria. María del Carmen Pérez Berta, denunciaron que habían sido calificados de manera adversa en su desempeño como consecuencia de su actividad sindical. Pero las autoridades de la dirección lo niegan.
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