Hace 100 años, cuando estaba por disputarse la primera Copa América y vivían en Uruguay algo más de un millón de personas, el Estado tenía unos 35.300 empleados. Desde aquellos días la población se multiplicó por 3 pero el número de funcionarios lo hizo casi por 9. Eran otros tiempos, eran los de Don José Batlle y Ordóñez, quien había dejado la presidencia de la república al cumplir su 2do, período en el cargo, con empresas estatales fuertes, sin sobrecarga de empleados y con un país que avanzaba.
Según los registros oficiales, en 2014 el sector público llegó a un máximo de 308.091 vínculos laborales (funcionarios presupuestados y otras categorías). Para el ministro de Economía, Danilo Astori, hay un “exceso importante” de personal, según dijo el pasado miércoles 25 en radio Carve.
Dos de las medidas anunciadas la semana pasada por Astori y su equipo para abatir el déficit fiscal apuntan precisamente al gasto en personal; una es reducir paulatinamente la plantilla, disponiendo que por cada tres que dejen cargos ingresen solamente dos. Esta medida —que los funcionarios de Economía llaman “2x3”— está prevista para la administración central, pero se buscará extenderla a las empresas públicas.
Mientras que la mayor parte del paquete de ajuste anunciado está sujeto a su aprobación en el proyecto de Rendición de Cuentas que irá al Parlamento este mes —para que empiece a regir el próximo 1º de enero—, el “2x3” espera lograr ahorros ya desde el presente año, dijeron a Búsqueda fuentes que están al tanto del plan del gobierno.
Con base en las cifras disponibles de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Búsqueda calculó que la disminución podría ser de alrededor de 7.000 desde este año hasta 2019 si se mantiene el ritmo de bajas anuales en esas dependencias que se observó recientemente. Eso dejaría el número de empleados públicos en al menos 285.600 (o 301.000 si se consideran también los no funcionarios).
Por otra parte, Astori señaló que se espera ahorrar unos U$S 50 millones a partir del recorte de un 5% en los gastos salariales (rubro 0) presupuestados pero aún no ejecutados por algunos ministerios. Técnicos del gobierno informaron a Búsqueda que la cifra puede ser algo mayor.
Desde la oposición plantearon medidas más drásticas respecto a la plantilla pública. El pasado sábado 28, los senadores Verónica Alonso (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) informaron que trabajan en un proyecto de ley que suspenda el ingreso de funcionarios por cinco años, exceptuando a los vinculados a la salud, educación y seguridad.
Por otro lado, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado planteó su desacuerdo con los anuncios ya que entiende que “afectarán la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal, lo cual se agrava por la disminución de los recursos”. Desde ese gremio señalan que deberían reducirse los cargos de confianza y gastos “innecesarios”.
Funcionariado.
Según datos del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, a comienzos del siglo XX el Estado tenía unos 19.500 empleados. En los años 20 la cifra alcanzó los 40.000 y en los 40 ya eran más de 70.000. El incremento se aceleró y en la mitad del siglo el servicio civil abarcaba a 128.000 personas.
Durante la década de 1960 se superaron los 200.000 funcionarios y a partir de allí la cifra creció hasta los 90, para empezar un descenso que se prolongó hasta mediados de la década del 2000. En ese lapso la cantidad de empleados públicos osciló entre 220.000 y algo menos de 290.000.
Las cifras de la ONSC van desde 1995 hasta el 2014 y muestran que en ese último año la cantidad de funcionarios llegó a un máximo histórico de 292.473. Si se agregan los “no funcionarios” que trabajan como becarios, pasantes y contratados temporalmente, el número llega a 308.091.
Un 28% de esos cargos correspondía al Poder Ejecutivo, el 46% a los organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, ANEP, ASSE, INAU, Universidad, Universidad Tecnológica y las instituciones de contralor), otro 13% a los empleados de las empresas públicas e igual porcentaje a los gobiernos departamentales.
Comparado con el total de trabajadores uruguayos, los empleados estatales eran 18% del total, una proporción que fue creciendo desde mediados de la década pasada.
“Exceso de ingreso de funcionarios hubo con todos los gobiernos”, señaló Astori en Carve y reconoció: “Todos hemos sido copartícipes de un manejo de esta situación que no ha sido bueno”.
Considerando los últimos cuatro períodos de gobierno —lo que permiten analizar las cifras de la ONCS—, hubo un descenso de 1,9% promedio anual en el número de funcionarios durante la segunda administración de Julio Sanguinetti (1995-1999) y una baja de 0,7% en la de Jorge Batlle (2000-2004). En el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2009) el incremento medio fue de 1,9% y en el gobierno de José Mujica (2010-2014) llegó a 3%.
El planteo de contratar dos empleados por cada tres que se retiren deja de lado a los que se desempeñan en la salud, educación y seguridad pública, que el gobierno ha dicho que considera prioritarias. De esa forma, el universo del cual se pueden reducir funcionarios se acota a unos 60.000.
Si se concreta esa medida, y teniendo en cuenta el ritmo al que se dieron las bajas de personal en el Estado durante los últimos años, la reducción podría alcanzar a unos 7.000 hacia fines de 2019.
Salarios.
En 2014 el sector público (incluyendo gobierno, empresas e intendencias) pagó el equivalente a unos US$ 6.000 millones, lo que representa aproximadamente 10,5% del Producto Bruto Interno.
Si bien las remuneraciones varían mucho de acuerdo a cada sector del Estado, la participación en el total de los salarios se distribuye de forma similar a la cantidad de empleados. Un 30 % corresponde al Poder Ejecutivo, 44 % a los organismos del artículo 220, 2 % al Poder Legislativo, 12 % a los gobiernos departamentales y 14% a las empresas públicas.
Si se concreta una reducción de la plantilla como la antes estimada por Búsqueda, eso significaría —considerando las cifras disponibles de 2014— un ahorro cercano a US$ 140 millones o un 0,2 % del Producto.
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