Pocas veces en su historia Uruguay estuvo en la portada de los medios del mundo como cuando dos enfermeros, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, fueron acusados de asesinar a 15 pacientes de la Asociación Española y el Hospital Maciel. Se dijo de todo: que en realidad habrían matado a 200 personas, que jugaban competencias para ver quién asesinaba más, que habrían cobrado para matar a un paciente, que podían estar relacionados con el tráfico de órganos. Que Acevedo practicaba ritos umbanda y mataba porque se creía Dios. Que Pereira quería deshacerse de los viejos "porque rompían mucho las pelotas", que solo se mostraba dispuesto a trabajar en las noches de los asesinatos y apagaba la luz para matar a sus víctimas. Pero resultó que la justicia finalmente los encontró inocentes
La prensa (hasta en Kenia y Australia se hicieron eco de la noticia) habló de los "enfermeros asesinos", de los "ángeles de la muerte", de psicópatas, asesinos en serie, de hombres que aniquilaban por "piedad". Las solicitudes de familiares con dudas de que Acevedo y Pereira hubieran asesinado a sus parientes se sucedieron e incluso vinieron del exterior, como es el caso de una mujer de Córdoba que hizo un pedido de informes al consulado uruguayo en la ciudad argentina para ver si habían matado a su madre de 91 años.
En marzo de 2012 el juez Rolando Vomero procesó con prisión a Acevedo por 10 delitos de homicidio, acusado de inyectar aire a sus víctimas en la Asociación Española; a Pereira por cinco asesinatos, a través del uso de morfina en la citada mutualista y en el Hospital Maciel; y a la enfermera Andrea Acosta, como cómplice de un homicidio. Nada hacía prever que tres años después iban a ser puestos en libertad (Acosta salió a los 16 meses).
En febrero de 2015, la jueza Dolores Sánchez concluyó que para el procesamiento la Justicia se basó en "un rumor" y que no había pruebas científicas que avalaran la acusación. "Se necesita más que una sospecha para condenar, se necesita más que una probabilidad, se necesita la certeza de la existencia del hecho delictivo", indicó en la sentencia.
Sin embargo, la absolución de la jueza no pudo borrar el impacto del caso en la sociedad, y la condena social de la que fueron objeto los imputados. "Tengo la convicción de que los enfermeros son culpables", escribió en Twitter luego de la absolución el periodista Ignacio Álvarez, quien tres años antes emitió en Santo y Seña un informe en el que un exfuncionario de un servicio de acompañantes acusó al gremio de enfermeros por realizar "fumigaciones" ante la necesidad de camas en los centros de salud. A su vez, la entonces ministra de Salud, Susana Muñiz, sostuvo, pese a la absolución, que lo mejor para todos era que esas "dos personas se alejen de la salud".
Lo cierto es que el "rumor" no solo to-mó dimensiones muy reales en la vida de los acusados —quienes desde que han salido de prisión no volvieron a ejercer su profesión, no han conseguido empleos fijos ni pudieron desembarazarse del mote de "enfermeros asesinos"— sino que también puso en jaque al país durante esas semanas de 2012 en las que parecía que no se podía hablar de otra cosa. Vale la pena hacer un poco de memoria de todas las piezas que se movieron y de los cambios que se sucedieron en el sistema de salud a raíz del episodio de los enfermeros.
Despidos y controversias.
Como era de esperar, algunas cabezas rodaron. Los medios informaron que la presión del que era ministro de Salud en 2012, Jorge Venegas, hizo que Raúl Gabús, quien se desempeñaba como director del Hospital Maciel desde 2010, renunciara a su cargo. Pese a contar con el apoyo de Beatriz Silva, quien presidía la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), fuentes médicas dijeron que la insistencia de Venegas fue muy grande por temor a que lo cesaran del cargo (el jerarca, nacido en Chile, posteriormente se vio obligado a renunciar en 2013 cuando se supo que no cumplía con los tiempos mínimos de ciudadanía uruguaya requeridos para ser ministro).
Por otro lado, el director de la Unidad de Cuidados Cardiológicos del Maciel, José Pedro Patritti, fue sumariado. Según informó El Observador, Patritti había pedido con anterioridad a las autoridades del hospital que echaran a Pereira, porque generaba problemas en el ambiente laboral y por la sospecha de que tenía problemas psiquiátricos. De acuerdo al auto de procesamiento del juez Vomero, Patritti presentó un informe meses antes de la detención de los enfermeros, que indicaba que la mortalidad en su unidad era del 3% o 4% anual, pero en 2011 había sufrido un "brusco incremento" al 10%.
No obstante, el entonces subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, contradijo este informe días después del procesamiento de los enfermeros, calificándolo de "irresponsable" y "alarmista".
De acuerdo con el jerarca, si bien hubo ocho decesos en 2010 y 17 en 2011, el incremento se produjo porque hubo más pacientes internados. "Hay que ver la frecuencia relativa de mortalidad, que en este caso es 2,6% en el 2010 y 3,1% en el 2011. Esta diferencia no es estadísticamente significativa", sostuvo.
Otro que presentó su renuncia fue el director nacional de Policía, Julio Guarteche, ante el cuestionamiento de la oposición de que recibió la denuncia de los crímenes el 15 de enero pero no lo informó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hasta el 17 de marzo, quien a su vez notificó a Venegas. Bonomi no aceptó la renuncia de Guarteche, quien siguió en su cargo hasta que lo dejó por motivos de salud en 2016.
El senador nacionalista Carlos Moreira fue uno de los más críticos con el tema y sostuvo que de haberse comunicado antes a Venegas sobre lo sucedido se podría haber salvado la vida de Santa Gladys Lemos, de 74 años, la supuesta última víctima de Pereira. La mujer falleció el 11 de marzo de 2012, un día antes de que se procesara a los enfermeros. Ante este reclamo, el Frente Amplio acusó a la oposición de politizar el tema. Una semana después de la muerte de Lemos, las cámaras de televisión en vivo captaban el momento en que Venegas visitaba a la familia de la fallecida. La hija de la mujer, Miriam Rodríguez, se enteró que su madre podía haber sido asesinada cuando fue a retirar el cuerpo a la funeraria y supo que la división de Crimen Organizado se lo había llevado antes. Tras la visita de Venegas, Rodríguez dijo: "ahora sentimos que nos tienen en cuenta".
El expresidente José Mujica también se pronunció sobre el suceso en un Consejo de Ministros. Usando una metáfora poco feliz dijo que el caso se investigaría "hasta el hueso", al tiempo que propuso realizar una jornada de "duelo nacional" por las víctimas del Maciel y la Española, y habló de la posibilidad de recibir ayuda internacional para resolver el caso.
La serie de horror en que se convirtió la historia de los enfermeros no culminó allí sino que le faltaban varios capítulos. Uno de ellos hasta incluía un poco de humor. Inés Massiotti, quien fue la primera abogada de Acevedo, tuvo una sonada conversación telefónica con el periodista argentino Santo Biasatti en su programa Otro tema. La letrada dijo que ese día había tenido un preinfarto y a modo de broma expresó: "Hubiera convenido sacar al enfermero que estaba en el carcelaje, me daba una inyeccioncita y pasaba a mejor vida". Poco después Acevedo la acusó de haberlo presionado para que se declarara culpable, pues ella "tenía todo arreglado con el juez" y en un tiempo lograría sacarlo con prisión domiciliaria. Acevedo también manifestó haber recibido presión policial, al igual que Pereira, quien dijo que su esposa fue llevada al lugar en el que él declaraba. La mujer dijo que la acusaron de haber matado a pacientes junto a su marido, y que intentaron presionarla exhibiéndole un arma en un escritorio, de acuerdo a lo que consta en la sentencia absolutoria de la jueza Sánchez.
Massiotti dijo a El País que la denuncia de hace cuatro años la afectó en lo personal y lo moral, y que aún no entiende por qué la demandaron. "Cuando tomé el caso en sede judicial ya habían declarado en Interpol. Además tenían pinchados los teléfonos, el Facebook". Massiotti, que fue indagada por la Justicia por este motivo, comentó que la situación fue muy dolorosa porque además conocía a Acevedo, a quien le hizo la unión concubinaria con su pareja, que es pai umbanda.
La abogada afirmó: "si se hubieran hecho exhumaciones y autopsias, no sé si hubiera habido absolución" (ver nota aparte para detalles del caso).
La paranoia con el sistema de salud también se puso de manifiesto por aquellos días en el aumento la agresividad y la desconfianza hacia médicos y enfermeros. Menos de un mes después de que se conociera la noticia de Pereira y Acevedo, se supo que una médica de Colonia era indagada luego de que Asse hiciera la denuncia penal. Se la acusó de aplicar morfina a cinco pacientes con el objetivo de acelerar su muerte. Después de un año de investigación judicial la jueza Virginia Ginares archivó el caso.
Cambios en salud.
El caso de Pereira y Acevedo también sirvió como puntapié para que se activaran una serie de cambios en los centros de salud. De acuerdo a Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, esta situación llevó a una revisión de todos los procedimientos. "Hubo un convencimiento colectivo de que el Maciel tenía que hacer un cambio grande". No obstante, aclaró, el trabajo en pos de la seguridad del paciente se encuadra en una tendencia a nivel internacional.
Villar explicó que se hizo una renovación de la farmacia a través de un programa que monitorea la medicación que se usa en el hospital a través de recetas electrónicas. Se estableció el "sistema de unidosis", que implica que en lugar de dar un paquete con la medicación a cada sala del hospital se entrega por paciente. De acuerdo a Villar, ningún sistema es 100% seguro contra el robo de estas sustancias por parte de los empleados, pero las posibilidades de que esto se produzca en el Maciel se han reducido mucho con el "sistema unidosis". Gerardo Grecco, integrante del Sindicato Médico del Uruguay, dijo a El País que el uso de morfina siempre estuvo sujeto a controles, y que en general no ha habido cambios sustanciales en los sistemas de seguridad. "Esto fue un episodio, no es la regla del sector Salud en Uruguay", señaló.
Otra innovación del Maciel fue la instalación de cámaras de seguridad. En la actualidad hay 112 y se prevé instalar más, tras lo cual se grabarán las intervenciones quirúrgicas y los procesos complejos de enfermería. Villar destacó, además, que después del incidente se trabajó mucho en el restablecimiento de un clima de confianza, y para ello se apuntó a recuperar la cultura de la institución, lo que ellos denominan "Actitud Maciel". A su vez, el hospital cuenta con un Comité de mortalidad y los pacientes poseen pulseras digitales. El País contactó a la Asociación Española para hablar del tema pero no recibió respuesta.
Con respecto a las autopsias, Grecco sostuvo que no se han producido más solicitudes de este procedimiento, aunque señaló que deberían hacerse más pero no por "medicina defensiva" sino por razones académicas y para tener información sobre la causa específica de muerte del paciente. "Es un debe de la salud uruguaya".
Sobre las denuncias, si bien luego de que fueran conocidos los hechos el Movimiento Salud para Todos, asociación que agrupa a usuarios de centros médicos, informó que recibió 250 denuncias por casos sospechosos, Arturo Echavarría, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), negó que luego haya habido un incremento en los reclamos. El economista indicó que no hay estadísticas, pero que se realizan menos de 50 denuncias por año, en general por discordancias de los usuarios respecto a las prestaciones que los servicios de salud tendrían que darles. Para Grecco lo de los enfermeros fue "un tornado" que pasó por la salud, que afectó la relación médico paciente en un principio, pero luego las cosas volvieron a su cauce.
Otro aspecto que se ha desarrollado en los últimos años han sido los cuidados paliativos, aunque este proceso se inició a partir de una encuesta del Ministerio de Salud Pública de 2011 que mostraba que el 82% de los pacientes que necesitaban este tipo de atención no la recibían. En 2013 se lanzó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que apunta a que todos los centros de salud del país tengan una unidad especializada en la materia. No obstante, esto no es obligatorio, por lo cual muchas instituciones no brindan este servicio.
En cuanto a la situación de los enfermeros, Silvia Santana, presidenta del sindicato que agrupa a esta profesión, indicó: "la situación en el sector no solo no cambió hace cuatro sino que los enfermeros aun tienen peores condiciones que antes. Se establecieron líneas de control y de seguridad del paciente, pero el número de recursos humanos es el mismo". La falta de personal, que se estima en 13.000, implica un aumento en el porcentaje de errores, caídas de pacientes y de úlceras por presión, indicó. Otros problemas son el alto nivel de ausentismo y el multiempleo. "El 80% de las prestaciones de los hospitales las realiza el enfermero. Mientras en otros países hay cuatro enfermeros por médico, en Uruguay hay cuatro médicos por enfermero".
Demandarán por la prisión indebida; los casos aumentan
Veintinueve fueron las personas que sufrieron de la prisión indebida en 2015, una cifra que es la más alta en ocho años, de acuerdo a los registros del Poder Judicial.
La cifra se incrementó en un 80% respecto a 2014 (con 16 casos) y un 160% respecto a 2013 (11 casos). El récord anterior había sido en 2010 con 26 casos. Este año (al 8 de junio) se han registrado 11 situaciones.
Humberto Teske, abogado de Marcelo Pereira, y Andrés Ojeda, defensor de la enfermera Andrea Acosta, condenada por el juez Rolando Vomero como cómplice, manifestaron a El País que sus clientes demandarán a la Justicia por la prisión indebida.
Pereira y Ariel Acevedo permanecieron tres años recluidos y Acosta 16 meses. Ojeda manifestó que "no hay dinero en el mundo que pueda resarcir el daño que recibió" su defendida.
Raúl Oxandabarat, vocero del Poder Judicial, explicó que estos juicios siempre son ganados por los demandantes dado que se trata de una situación de "responsabilidad objetiva del Estado". De acuerdo con la jurisprudencia uruguaya, se paga a los demandantes entre 20 y 40 dólares por cada día de prisión. "El monto varía según las circunstancias de cada caso. Depende del asunto por el que fueron procesados, de la pena cumplida, de la situación de reclusión, de la pérdida de prestigio, del sueldo que percibía la persona al ir presa", indicó Oxandabarat.
Según los últimos datos de la Suprema Corte, el 55% de los presos no tiene sentencia.
La historia del falso médico
Hace 10 años una noticia sorprendió al país. Un joven de 20 años se había hecho pasar por médico en Artigas bajo el nombre de Gabriel Ihlenfeld y aseguró haber revalidado su título en Cuba, según informaron varios medios. Después de que coordinara el traslado en un avión de la Fuerza Aérea de una compañera que había sufrido un accidente automovilístico, empezaron las sospechas. Luego se supo que a los 17 años ya se hacía pasar por médico y que hasta le hizo sacar préstamos a pacientes para él.
De homicidas a agentes de "violencia moral"
El punto final al caso de los enfermeros se dio esta semana luego de que la fiscal Mónica Ferrero se negara a apelar nuevamente tras la absolución de la jueza Dolores Sánchez, debido a la falta de prueba científica. Según la sentencia, no existen indicios que sugieran que las muertes fueran no esperables. Sánchez agregó que la morfina en caso de haberse suministrado no provoca la muerte y que las inyecciones de aire podrían causarla si se inyectaba en volúmenes superiores (en su declaración, Acevedo decía inyectar 20 centímetros de aire). Sánchez desestimó las supuestas declaraciones de los imputados, debido a que ambos denunciaron presiones. Pereira reconoció víctimas que en realidad fueron personas que murieron en días en los que no trabajó y Acevedo identificó a tres víctimas que eran la misma persona.
"Nadie los vio efectuar ningún procedimiento inusual, ni dar muerte a paciente alguno". Respecto a la única autopsia que se realizó, la de Santa Gladys Lemos, la conclusión es que la mujer falleció de causa natural. "La morfina encontrada en trazas en la orina pudo ser suministrada días antes, aun así no puede plantearse una incidencia de esa medicación en el fallecimiento", dice el fallo judicial.
Distinta fue la percepción del juez Rolando Vomero, que procesó con prisión en 2012 a los enfermeros, y de los tres fiscales que tuvo el caso (Diego Pérez, Gilberto Rodríguez y Ferrero). En el auto de procesamiento de Vomero se cita a Pereira decir que aplicó morfina con el fin de anestesiar a los pacientes y a Acevedo reconocer la inoculación de aire. "Mi intención no era parar la vida sino permitir descansar", dijo Acevedo. A Pereira se le incautó una cartuchera con morfina y otro medicamento.
Rodríguez, quien pidió 16 años de prisión para Acevedo y 14 para Pereira, entendió que la existencia de unos mensajes de texto probaban culpabilidad. "El puto limpió al 5 y se fue a la farmacia. Todos reanimando", escribió Andrea Acosta a Pereira. Acevedo escribió a Pereira: "No me inculpes maldito". Dos días después Acevedo le dice: "Ok. Pero no me limpies a nadie". Para Rodríguez la justificación de que estas conversaciones se referían a limpiezas umbandistas no resultan coherentes. A su vez, el fiscal estableció que era poco creíble que Acevedo, que fue policía durante diez años, pudiera confesar porque se sentía presionado.
Según expresó Ferrero a El País luego de la absolución, por más que la sustancias no causaran la muerte, si fueron aplicadas sin prescripción eso significa que fueron hechas con "violencia moral". Ferrero señaló también que cuando se realizó la pericia la Junta Médica de forenses trabajó en base a las historias clínicas y de allí era evidente que no surgiría nada debido a que el aire o las sustancias se suministraron de manera clandestina. En un principio se planteó la exhumación de cadáveres, pero finalmente esa opción se descartó porque el aire y la morfina no dejan registros en la sangre por mucho tiempo.
Médicos inocentes acusados
DIEGO MAGGA
Seis años antes de que saliera a la luz el caso de Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, hubo un médico que comenzó a ser denominado por varios medios como el "doctor muerte". Se trataba de Diego Magga, del departamento de San José, quien fue acusado de suministrar "dosis letales" de morfina a cuatro pacientes no terminales.
De acuerdo a lo que publicó la prensa, la directora del Hospital de Libertad, quien acusó al médico además de necrofilia, elevó la denuncia a la Federación Médica del Interior (Femi), que expulsó al galeno. La denuncia luego pasó a la Justicia. Sin embargo, en Libertad se produjo una marcha en apoyo al cuestionado doctor.
En 2007 el caso se archivó luego del pedido del fiscal Ariel Cancela. Según informó Últimas Noticias, un documento del Instituto Técnico Forense determinó que "los pacientes consintieron el tratamiento y que sus familiares aceptaron la terapia para acortar la agonía de los mismos". A su vez, otro informe de la Facultad de Medicina exculpaba a Magga.
La exabogada del médico, Hebe Martínez Burlé, dijo a El País que Magga se radicó en Chile y que no quiso iniciar un juicio a Salud Pública y a Femi para no remover el asunto. "Es un profesional que se perdió el país, hoy trabaja en una de las mejores clínicas de Chile", sostuvo.
CASO DE COLONIA
Con la noticia de los supuestos "enfermeros asesinos" aún fresca, a fines de marzo de 2012 se comenzó a hablar de una médica del Hospital de Colonia que aplicaba morfina para acelerar la muerte de los pacientes. Se le endilgaron cinco casos. También fue indagada una enfermera del hospital departamental. Un año después, y de acuerdo a lo establecido por varios estudios técnicos, la Justicia determinó que la médica había actuado dentro de los parámetros previstos.
Hebe Martínez Burlé, abogada de la doctora, criticó tras la absolución que las autoridades del nosocomio no realizaron una investigación administrativa sino que hicieron directamente la denuncia penal. Martínez Burlé, quien también defendió a Diego Magga, explicó a El País que en la actualidad está en curso una demanda por US$ 50.000 contra la directora del hospital y de otros US$ 50.000 contra Asse. A su vez, se presentó una denuncia en el Tribunal de Ética Médica, que observó sobre su conducta a la directora, informó Martínez Burlé.
"La sacaron esposada de la casa sin saber nada, la tuvieron detenida en un calabozo, la pusieron en primera plana. Tiene dos hijos chicos que le preguntaban si era una asesina", dijo la abogada sobre el sufrimiento de su defendida, quien sigue ejerciendo la profesión.
TRES FRASES SOBRE EL CASO DE LOS ENFERMEROS
"Nadie los vio hacer nada"
La jueza Dolores Sánchez entendió que las denuncias se produjeron a partir de rumores. Se habló "de tasas de mortalidad en el Centro del Maciel que no fueron tales finalmente", indicó la magistrada en la sentencia.
"Fue una situación muy dura"
El director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, sostuvo que hubo que trabajar mucho en el restablecimiento de un clima de confianza. "Se hizo un profundo trabajo de recuperación de la cultura de la institución", indicó.
"Inyectar aire está prohibido"
La presidenta del Sindicato de Enfermería, Silvia Santana, indicó que cualquier estudiante de la carrera de auxiliar de enfermería sabe de la peligrosidad de inyectar aire y que es una práctica totalmente vedada.
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario