No hay caso. Ante la falta de respuestas efectivas en lo preventivo y
también en lo represivo para detener el empuje de violencia que se
registra en el país desde hace décadas, la pulsión punitiva es tan
potente en los gobernantes, que busca caminos insospechados para ser
liberada.
Los dirigentes políticos siguen sin perder el
pudor de pedir penas cada vez más severas como forma de combatir la
inseguridad y lo pueden hacer porque, aunque saben que la evidencia
histórica los deja mal parados, aún tienen crédito con esa prédica entre
un electorado lleno de temores y de impotencia. Ya que no atinamos a
encontrar una solución de fondo, deben pensar, al menos calmemos a la
barra que pide palo y palo.
Pero esta vez se pasaron de la raya,
patinaron mal y dejaron expuesto uno de los argumentos más potentes que
se haya registrado últimamente contra el llamado "populismo punitivo".
"Cuando
la víctima sea una persona que estuviera desempeñando tareas propias de
su trabajo (taximetristas, trabajadores del transporte colectivo,
comerciantes, empleados del comercio, repartidores, distribuidores de
mercaderías, cobradores, etcétera) el homicidio se considerará
especialmente agravado", dice una de las propuestas sobre seguridad presentadas por el Partido Nacional.
Vaya uno a saber dónde y por qué se produjo la patinada de proponer algo que ya está previsto en el ordenamiento jurídico.
En el año 2000, durante el gobierno colorado y luego de una serie de rapiñas sangrientas a transportistas (una seguidilla de delitos siempre es un buen argumento para el populismo punitivo) el Parlamento aprobó la ley 17.243 que incorporó al artículo 47 del Código Penal,
en su inciso 18, el siguiente agravante para todos los delitos:
"(Actividad laboral de la víctima). Cuando se prevalezca de la actividad
laboral que esté desempeñando la víctima en el momento de cometerse el
delito".
Lo que proponen los blancos podría ser cuestionado por
muchas razones (en una rapiña a un comercio es agravante matar al
comerciante pero no a la embarazada y al nene que esperan a ser
atendidos), pero la más contundente de todas es que ya existe. O sea que
aunque se aprobó ese agravante, ese aumento de las sanciones, las
cosas, a estar por la propuesta de los blancos, no mejoraron, pero aún
así se vuelve a plantear. Difícil jugar una carta mayor arriba de ese
argumento que revela cómo aumentar las penas no mejoró la situación.
Pero
aún si aquella ley del año 2000 no se hubiese aprobado, el artículo 312
del Código Penal ya fija agravantes que hacen oneroso el fijar la
condición de trabajador de la víctima (supuestamente de una rapiña
fatal), a saber: es agravante el homicidio
perpetrado "inmediatamente después de haber cometido otro delito, para
asegurar el resultado, o por no haber podido conseguir el fin
propuesto".
Narcotizados por la violencia
No
conformes con esto, los blancos propusieron además agravar penas
vinculadas al narcotráfico.
El Parlamento ya había hecho el bochorno de
tipificar como homicidio el tráfico de pasta base de cocaína, algo que
no ha podido aplicarse.
"No es posible acreditar que sea
pasta base libre o fumable como lo pide la ley, y entonces no se tiene
el elemento material del tipo penal y la ley se torna inaplicable", dijo
en su momento el fiscal penal Gilberto Rodríguez.
Ahora se
propone aumentar las penas a todo el que participa del narcotráfico,
poniendo en un mismo nivel al financista de la droga, al que tiene el
contacto con los productores, al lavador del dinero y a la generalmente
empobrecida "mula" que se traga cápsulas de cocaína arriesgando su vida
por un puñado de billetes.
También ponen en el mismo plano a las
mujeres de zonas pobres que, como lo ha constatado la Policía en varios
casos, mantienen a su familia pasando pasta base. Todos en la misma
bolsa.Y rematan con otra patinada jurídica. "La utilización del
hogar como expendio o boca de drogas será agravante especial de los
delitos de narcotráfico", dice otra de las propuestas nacionalistas.
Alguien
debería avisarles a los asesores blancos o a los legisladores, no sé, a
alguien, que el Código Penal ya establece como agravante de cualquier
delito que el sujeto que lo perpetrase "se mantuviere en un edificio o
en algún otro lugar destinado a habitación". Otra vez, quieren agravar
los agravantes que ya existen.
La violencia mete miedo, sí, pero
legislar para los asustados no es un buen método. De lo contrario, si
propuestas tan desesperadas como desprolijas cobran fuerza, terminaremos
teniendo un Estado de Derecho donde, cuando la maraña de normas lo
permite, se aplica la ley pero en el que la Justicia no existe.
Fuente: El Observador
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