Alejandro Urrea, de 16 años, libra una batalla jurídica que amenaza con derogar el régimen de control de menores en el fútbol. El Bosman de Pozuelo es un muchacho de pelo trigueñoy largos miembros embutidos en unos leotardos y una camiseta negra que emplea para protegerse del roce abrasivo del plástico y la goma del campo de césped artificial. Es portero. Se llama Alejandro Urrea Arango. Nació en Medellín hace 16 años.
El verano pasado estaba jugando con sus amigos en el Formantioquia, un club de barrio, cuando le llamaron por teléfono. Era Luz Arango Uribe, su madre, desde España, donde se encontraba de viaje visitando a un familiar. “Mi madre”, recuerda, “me preguntó si estaba dispuesto a venir a España a tener una experiencia de vida en otro país y en otra cultura. ¡Y claro, uno piensa en España y piensa en el fútbol!”.
Madre e hijo obtuvieron el permiso de residencia legal y se establecieron en Pozuelo (Madrid), uno de los municipios con mayor renta media de España, según el INE. Corría el mes de septiembre. Alejandro se inscribió en el colegio Everest y fue a probarse al equipo juvenil del Pozuelo. Le hicieron el reconocimiento médico. Lo admitieron. Se preparaba para jugar cuando la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) rechazó su ficha argumentando que incumplía el artículo 19 del Reglamento de la FIFA sobre Transferencia de Jugadores, puesto que todo menor extranjero debe aportar “contrato de trabajo del padre y de la madre debidamente firmado”.
Alejandro reaccionó con optimismo. “Llevaba entrenando un mesesito”, dice, “Imaginé que no era un problema grave”. No sabía que en virtud del artículo 19, la FIFA penalizó al Barça, al Atlético y al Madrid, tres de las instituciones más potentes del fútbol, por fichar menores extranjeros sin justificar el trabajo de los padres.
Los intereses que defiende Alejandro Urrea Arango, el joven de 16 años que ha impugnado las normas de la FIFA ante la justicia ordinaria, coinciden con los intereses de los grandes clubes europeos, que se sienten maniatados para incorporar menores extranjeros a sus canteras pero no se atreven a cuestionar las normas del máximo organismo del fútbol por temor a las represalias del sistema.
España es el país más represaliado por la FIFA en su cruzada por imponer el artículo 19 del Reglamento sobre Transferencia de Jugadores. Primero, con la sanción al Barcelona, impuesta en 2014, por la cual prohibió al club catalán realizar fichajes durante un año y le obligó a pagar 370.000 euros de multa. Luego, con su sanción al Madrid y al Atlético con la prohibición de fichar hasta 2017, publicada el 15 de enero pasado y recurrida por los clubes en apelación. En espera de una resolución definitiva, Atlético y Madrid obtuvieron la suspensión cautelar del castigo.
Suiza, capital europea de las finanzas, es un símbolo de la acumulación de riqueza. Pero el legislador suizo que redactó el artículo 19 no contempló la posibilidad de que existan familias lo suficientemente ricas como para mantener un buen nivel de vida sin necesidad de trabajar. Familias como los Urrea-Arango, cuyo hijo quería jugar al fútbol en el Pozuelo y la FIFA se lo impidió blandiendo una norma cuyo espíritu es evitar la explotación infantil.
Madre e hijo obtuvieron el permiso de residencia legal y se establecieron en Pozuelo (Madrid), uno de los municipios con mayor renta media de España, según el INE. Corría el mes de septiembre. Alejandro se inscribió en el colegio Everest y fue a probarse al equipo juvenil del Pozuelo. Le hicieron el reconocimiento médico. Lo admitieron. Se preparaba para jugar cuando la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) rechazó su ficha argumentando que incumplía el artículo 19 del Reglamento de la FIFA sobre Transferencia de Jugadores, puesto que todo menor extranjero debe aportar “contrato de trabajo del padre y de la madre debidamente firmado”.
Alejandro reaccionó con optimismo. “Llevaba entrenando un mesesito”, dice, “Imaginé que no era un problema grave”. No sabía que en virtud del artículo 19, la FIFA penalizó al Barça, al Atlético y al Madrid, tres de las instituciones más potentes del fútbol, por fichar menores extranjeros sin justificar el trabajo de los padres.
Los intereses que defiende Alejandro Urrea Arango, el joven de 16 años que ha impugnado las normas de la FIFA ante la justicia ordinaria, coinciden con los intereses de los grandes clubes europeos, que se sienten maniatados para incorporar menores extranjeros a sus canteras pero no se atreven a cuestionar las normas del máximo organismo del fútbol por temor a las represalias del sistema.
España es el país más represaliado por la FIFA en su cruzada por imponer el artículo 19 del Reglamento sobre Transferencia de Jugadores. Primero, con la sanción al Barcelona, impuesta en 2014, por la cual prohibió al club catalán realizar fichajes durante un año y le obligó a pagar 370.000 euros de multa. Luego, con su sanción al Madrid y al Atlético con la prohibición de fichar hasta 2017, publicada el 15 de enero pasado y recurrida por los clubes en apelación. En espera de una resolución definitiva, Atlético y Madrid obtuvieron la suspensión cautelar del castigo.
Suiza, capital europea de las finanzas, es un símbolo de la acumulación de riqueza. Pero el legislador suizo que redactó el artículo 19 no contempló la posibilidad de que existan familias lo suficientemente ricas como para mantener un buen nivel de vida sin necesidad de trabajar. Familias como los Urrea-Arango, cuyo hijo quería jugar al fútbol en el Pozuelo y la FIFA se lo impidió blandiendo una norma cuyo espíritu es evitar la explotación infantil.
El invierno desconocido
Muchos de los niños extranjeros residentes en España se resignan a quedarse sin jugar en competiciones de aficionados por falta de ficha. Luz Arango emprendió una batalla jurídica. Presentó un recurso de alzada contra la RFFM, que respondió que solo cumplía órdenes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Pasaron los meses. Entre meandros burocráticos llegó el invierno. “En Medellín es siempre primavera”, dice Alejandro, que no dejó de entrenarse. “Aquí, a cero grados me traqueteaba todo el cuerpo. ¡Nunca había estado en un invierno!”.
Luz recurrió al juez de lo contencioso-administrativo y en enero presentó una reclamación ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). El 17 de marzo el CSD ordenó a la RFEF que expidiera la ficha. El CSD argumentó que tanto el reglamento de la RFEF como la Ley del Deporte coinciden en no exigir más que la residencia legal, y advirtió de que la RFEF “no puede sino estar sometida al reglamento jurídico español”, ya que la FIFA no es más que “una organización de carácter privado sometida al derecho suizo”.
Entre la espada de la FIFA y la pared de la ley, la RFEF tardó mes y medio en autorizar la ficha. Alejandro debutó con el Pozuelo el 8 de mayo, en la jornada 27ª. La Liga estaba casi concluida. No se jugaban nada en el penúltimo partido, cuando el portero saltó al campo del Collado Villalba. Cayó un chaparrón. Acabó empapado y le metieron cinco goles. “Ya no competíamos”, lamenta.
Con o sin ficha, el proceso judicial sigue abierto. La RFEF recurrió la decisión del CSD en reposición. Este periódico requirió sin éxito a Kepa Larumbe, abogado de la RFEF, para que explique su posición. José Sánchez Parra, abogado de Alejandro, sonríe: “Si regulas una cosa tan delicada como los menores no puedes obviar que existe una legislación nacional e internacional, comenzando por la Convención del Niño, vigente en más de 100 Estados, que dice que no se puede discriminar en razón del origen o los rendimientos económicos familiares”.
Hace 21 años, Jean-Marc Bosman, un modesto jugador belga, se amparó en el Derecho Internacional para derogar la normativa de la UEFA que restringía la movilidad de futbolistas profesionales. La Ley Bosman transformó la industria del fútbol. La batalla de Alejandro Urrea, el Bosman de Pozuelo, puede tener consecuencias análogas para los menores.
Muchos de los niños extranjeros residentes en España se resignan a quedarse sin jugar en competiciones de aficionados por falta de ficha. Luz Arango emprendió una batalla jurídica. Presentó un recurso de alzada contra la RFFM, que respondió que solo cumplía órdenes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Pasaron los meses. Entre meandros burocráticos llegó el invierno. “En Medellín es siempre primavera”, dice Alejandro, que no dejó de entrenarse. “Aquí, a cero grados me traqueteaba todo el cuerpo. ¡Nunca había estado en un invierno!”.
Luz recurrió al juez de lo contencioso-administrativo y en enero presentó una reclamación ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). El 17 de marzo el CSD ordenó a la RFEF que expidiera la ficha. El CSD argumentó que tanto el reglamento de la RFEF como la Ley del Deporte coinciden en no exigir más que la residencia legal, y advirtió de que la RFEF “no puede sino estar sometida al reglamento jurídico español”, ya que la FIFA no es más que “una organización de carácter privado sometida al derecho suizo”.
Entre la espada de la FIFA y la pared de la ley, la RFEF tardó mes y medio en autorizar la ficha. Alejandro debutó con el Pozuelo el 8 de mayo, en la jornada 27ª. La Liga estaba casi concluida. No se jugaban nada en el penúltimo partido, cuando el portero saltó al campo del Collado Villalba. Cayó un chaparrón. Acabó empapado y le metieron cinco goles. “Ya no competíamos”, lamenta.
Con o sin ficha, el proceso judicial sigue abierto. La RFEF recurrió la decisión del CSD en reposición. Este periódico requirió sin éxito a Kepa Larumbe, abogado de la RFEF, para que explique su posición. José Sánchez Parra, abogado de Alejandro, sonríe: “Si regulas una cosa tan delicada como los menores no puedes obviar que existe una legislación nacional e internacional, comenzando por la Convención del Niño, vigente en más de 100 Estados, que dice que no se puede discriminar en razón del origen o los rendimientos económicos familiares”.
Hace 21 años, Jean-Marc Bosman, un modesto jugador belga, se amparó en el Derecho Internacional para derogar la normativa de la UEFA que restringía la movilidad de futbolistas profesionales. La Ley Bosman transformó la industria del fútbol. La batalla de Alejandro Urrea, el Bosman de Pozuelo, puede tener consecuencias análogas para los menores.
Empeñada en que se cumpliera con la resolución del Consejo Superior de Deportes a favor de concederle una ficha de futbolista aficionado a su hijo de 16 años, Luz Arango Uribe dice que hizo “un camping” en el jardín de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. Reclamó diariamente pero los encargados de expedir las fichas no la recibieron. Transcurrido más de un mes de dilaciones, la única persona que se puso en contacto con ella vía correo electrónico fue Kepa Larumbe, el responsable jurídico. Su carta del 25 de abril resume la dificultad de las federaciones nacionales de fútbol ante la presión de la matriz de Zúrich para que cumplan con el Artículo 19 del Reglamento sobre Transferencia de Jugadores.
“Verá, yo soy un mero empleado de la RFEF”, comienza, “que se limita a hacer lo que la empresa dictamina y en este caso no he recibido la autorización para poder reunirme con nadie. Hablé con José Sánchez Parra [el abogado de la familia] y he estado haciendo lo posible para desbloquear la situación, ya que a pesar de que desde el punto de vista jurídico considero que la resolución del CSD no es ajustada a derecho, también entiendo la situación personal de Alejandro y la suya como madre”.
“Me consta”, prosigue, “que desde el pasado jueves la licencia ya está tramitada por la Federación de Fútbol de Madrid, que es la competente para hacerlo, tras un escrito que yo mismo envié a la Federación Madrileña (un escrito que por cierto he enviado por mi cuenta y riesgo y a pesar de no tener el visto bueno de mis superiores)”.
“Por favor, entienda también la situación de la RFEF. Quizá no lo sepa, pero la FIFA nos sancionó con una multa de 500.000 por no aplicar las normas sobre menores extranjeros y es un asunto muy delicado. Además, el hecho que ante el CSD se solicitara la inhabilitación del Presidente de la RFEF y del Presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, tampoco ha ayudado a que la RFEF haya accedido a mantener ninguna reunión".
“No sé si este e-mail le sirve como explicación”, concluye el abogado, “pero creo que define la situación. Espero que las cosas vuelvan al cauce normal y que su hijo Alejandro pueda jugar al fútbol como un niño más junto a sus amigos”.
Hoy Alejandro tiene ficha. Pero ni su madre ni su abogado están seguros de que la RFEF no se la deniegue cuando la quiera renovar para la temporada que viene. “Como hemos reclamado a la RFEF ante el juez de lo contencioso administrativo” explica Parra, “al darle la ficha ellos esperan que se cumpla el objeto de la pretensión y que el juez archive las actuaciones. Quieren evitar una decisión judicial en contra de la RFEF porque crearía un precedente”.
“Verá, yo soy un mero empleado de la RFEF”, comienza, “que se limita a hacer lo que la empresa dictamina y en este caso no he recibido la autorización para poder reunirme con nadie. Hablé con José Sánchez Parra [el abogado de la familia] y he estado haciendo lo posible para desbloquear la situación, ya que a pesar de que desde el punto de vista jurídico considero que la resolución del CSD no es ajustada a derecho, también entiendo la situación personal de Alejandro y la suya como madre”.
“Me consta”, prosigue, “que desde el pasado jueves la licencia ya está tramitada por la Federación de Fútbol de Madrid, que es la competente para hacerlo, tras un escrito que yo mismo envié a la Federación Madrileña (un escrito que por cierto he enviado por mi cuenta y riesgo y a pesar de no tener el visto bueno de mis superiores)”.
“Por favor, entienda también la situación de la RFEF. Quizá no lo sepa, pero la FIFA nos sancionó con una multa de 500.000 por no aplicar las normas sobre menores extranjeros y es un asunto muy delicado. Además, el hecho que ante el CSD se solicitara la inhabilitación del Presidente de la RFEF y del Presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, tampoco ha ayudado a que la RFEF haya accedido a mantener ninguna reunión".
“No sé si este e-mail le sirve como explicación”, concluye el abogado, “pero creo que define la situación. Espero que las cosas vuelvan al cauce normal y que su hijo Alejandro pueda jugar al fútbol como un niño más junto a sus amigos”.
Hoy Alejandro tiene ficha. Pero ni su madre ni su abogado están seguros de que la RFEF no se la deniegue cuando la quiera renovar para la temporada que viene. “Como hemos reclamado a la RFEF ante el juez de lo contencioso administrativo” explica Parra, “al darle la ficha ellos esperan que se cumpla el objeto de la pretensión y que el juez archive las actuaciones. Quieren evitar una decisión judicial en contra de la RFEF porque crearía un precedente”.
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