Esta filtración de datos sobre sociedades opacas es un nuevo indicio del impulso económico que para Miami representa la corrupción en América Latina. Somos el patio de juego de aquellos hombres que dilapidan el caudal público de sus estados y bañan sus arcas privadas con lágrimas de víctimas del narcotráfico, la violencia y el blanqueo de divisas. Por eso el derroche de dinero en fiestas del jet set, flamantes automóviles, hospedajes cinco estrellas, alhajas y otros bienes –leña de una ardiente hoguera de hedonismo–, no les duele.
Pero, en la medida que estos capitales propician una espiral alcista del valor de los inmuebles, así como el precipitado desarrollo urbanístico para responder a la fuerte demanda extranjera, son los pobres y las capas de las clases medias los que sufren el aumento en los precios de las viviendas y las secuelas de la renovación de vecindarios por parte de gobiernos locales que procuran seducir a propietarios más pudientes y aumentar la recaudación tributaria.
En efecto, el exorbitante costo de los alquileres es uno de los factores preponderantes que no solo ahoga a residentes de bajos recursos, sino que intensifica la brecha entre ricos y pobres.
Según cálculos de la prestigiosa Brookings Institution basados en estadísticas del Censo, Miami es la 8va. ciudad de Estados Unidos de América con una distribución de la renta más desigual. El ingreso laboral promedio del 5 % más rico de los hogares (US$184,242) es 15 veces mayor que el del 20 % más pobre (US$12,262).
Y se ha demostrado que la concentración de la riqueza en pocas manos frena el crecimiento económico, a la vez que desincentiva la enseñanza y la productividad.
Paralelamente, la pobreza –y con ella, la exclusión social– es llevada a extremos por la inestabilidad derivada de la gentrificación, el desplazamiento de los miamenses pobres de sus barrios, hoy transformados en áreas exclusivas para los nuevos compradores. Una cuarta parte de estos clientes en 2015 fueron extranjeros, principalmente venezolanos, brasileños y argentinos, ciudadanos de países con alto grado de corrupción.
La disparidad en el poder adquisitivo es palmaria. Mientras que el precio medio de la venta de una vivienda en el Condado Miami-Dade se situó en US$ 270,000, los consumidores foráneos pagaron en promedio más del doble: US$ 590,000. Peor aún, la transacción del 90 % de la compraventa de inmuebles nuevos se realizó en efectivo, una señal de alarma para las autoridades federales.
A la élite beneficiada por fisuras legales en paraísos fiscales, Miami la recibe con la alfombra roja tendida a sus pies. A la clase obrera que mantiene cuentas claras con el Tío Sam, Miami la echa a barriadas de tugurios o a parques de casas móviles donde ha de sobrevivir en condiciones indignas.
Este sigiloso proceso ilustra la indolencia e indiferencia frente a las desigualdades y a los problemas de pobreza padecidos por amplios sectores de la comunidad local. Los Papeles de Panamá aluden a la punta del iceberg de una más honda tragedia social en Miami. Su éxito encumbrándose como gran capital de las Américas es también un enemigo que apuesta por sus limitaciones.
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