El Banco Central del Uruguay, a través de su Unidad de
Información y Análisis Financieros, la Dirección General Impositiva y la
Secretaría Antilavado comenzó a controlar a los estudios jurídicos y
sus clientes vinculados a sociedades anónimas offshore. Es la reacción
del gobierno a lo que se ha denominado "Panama Papers", la filtración de
11 millones de documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca. El
gobierno juega a varias bandas. DGI busca evasión fiscal en el pago del
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, vigente desde 2011 para
este tipo de sociedades. BCU y Antilavado rastrean irregularidades
vinculadas a negocios o transferencias que podrían servir de pantalla
para lavar dinero.
El viernes 8, Impositiva inició una serie de operativos
para controlar los estudios que comercializan las sociedades offshore
con el propósito de constatar si sus titulares habían pagado o no el
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los procedimientos
continuaron esta semana. Ayer 40 inspectores de la DGI participaron en
las visitas a los estudios jurídicos.
El director del organismo, Joaquin Serra, señaló que,
en la investigación de la DGI, podrían surgir indicios o pruebas
materiales de otros ilícitos (lavado de dinero o fraudes), los que serán
enviados a la Justicia Penal o la Secretaría Antilavado.
"Vamos a abarcar la totalidad de estudios relevantes
que trabajan con sociedades offshore. No solo estamos investigando
sociedades radicadas en Panamá sino también otras radicadas en paraísos
fiscales. Estamos investigando todas aquellas situaciones que podrían
haber derivado en un mal uso de sociedades offshore", advirtió.
En las inspecciones, los funcionarios de la DGI
solicitaron a los titulares de los estudios información acerca de las
ventas de acciones de estas sociedades. Según Serra, los inspectores
pidieron que se identificara a cada uno de los titulares de las
sociedades, así como también datos sobre su residencia.
"La información que estamos recabando la vamos a
cruzar con bases de datos. Podemos utilizar intercambio de información
con otros países. También la cruzaremos con los pagos que los
contribuyentes hayan realizado y declaraciones juradas presentadas ante
el organismo", dijo Serra. Agregó que también se está recibiendo desde
el exterior información de uruguayos vinculados a sociedades anónimas o
estudios jurídicos.
En dos estudios jurídicos, los inspectores de la DGI
debieron incautar la información ante la negativa de los titulares de
proporcionar datos sobre las offshore de sus clientes. Los titulares de
esos estudios alegaron secreto profesional. Ese planteo "no corresponde"
ante un pedido de datos de titulares de acciones de sociedades offshore
por parte de la DGI, afirmó Serra. Si ambos estudios continuaban en la
negativa a proporcionar datos, la DGI ya había acordado con la Policía
los allanamientos. En los restantes estudios, los inspectores de la DGI
obtuvieron colaboración y recibieron los datos.
Serra no detalló sobre la cantidad de estudios
inspeccionados ni los nombres de los mismos por considerar que rige el
secreto tributario sobre esas actuaciones.
Liquidación.
El volumen de datos que maneja la DGI "es amplio. Hay mucha información que tenemos que verificar", subrayó el jerarca.
Para ello, Serra creó un grupo de trabajo interno
que tendrá como cometido analizar la información que ya tenían y que han
recogido en estos últimos días en las inspecciones.
Los integrantes de este grupo harán un estudio caso a
caso y se estima como "altamente probable" la detección de evasión
fiscal u otras irregularidades. En esos casos, la DGI procederá a la
liquidación de los impuestos y la aplicación de multas. El jerarca
aclaró que, con estos operativos, la DGI pretende constatar el
cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas.
Sostuvo que, desde 2011, los rendimientos de capital
inmobiliario —préstamos, intereses por depósitos bancarios o
distribución de sociedades de residentes— deben pagar ese impuesto. El
monto estimado de evasión a la DGI mediante la utilización de empresas
offshore ronda los US$ 15 millones.
Según Serra, esa es una cifra pequeña para el
volumen de dinero que recauda la DGI. Sin embargo, agregó, "más allá del
dinero, hay aspectos que como sociedad tenemos preservar. No debemos
dejar la sensación de que hay personas que como tienen poder económico o
posibilidades de armar una ingeniería sofisticada, están en condiciones
de evadir" impuestos.
Nombres.
Por su parte, la Secretaría Nacional Antilavado
definió ayer que el martes 19 comenzará con su inspección a varias
firmas mencionadas en los "Panama Papers". "Va a haber casos que se van a
controlar. No se veía la necesidad de alterar el plan de acción que ya
se tenía pero decidimos que debemos hacerlo", afirmó Carlos Díaz,
titular de la Secretaría Nacional Antilavado, que concurrió a la
comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Esos casos van a ser controlados", insistió, aunque
no dijo de qué estudios o firmas se trata. Aclaró que no son
situaciones que ya estén en la justicia.
La Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) del Banco Central también comenzó a cruzar información de
sociedades anónimas y sus titulares a efectos de verificar la legalidad
de las actuaciones y, eventualmente, el origen de los fondos que
manejan.
Díaz dijo que debe preservarse la imagen del país y por eso se decidió actuar.
Damiani niega que tenga vínculos con Báez.
En un documento de 2014, al que accedió El País, el
argentino Néstor Ramos, administrador del Helvetic Services Group
(empresa que habría canalizado dinero proveniente de actividades
ilícitas de la familia Kirchner desde Uruguay) aclara que "el Estudio
Damiani así como cualquiera de sus miembros o asociados, ya sean
personas físicas y/o jurídicas, accionistas, empleados y/o directores,
no tienen ni han tenido control en la gestión de nuestra empresa". El
documento fue certificado por un escribano en la ciudad suiza de Lugano,
donde residía Ramos, el 13 de octubre de 2014. En el documento Ramos
también señala que no ha mantenido una relación de dependencia con el
estudio Damiani y que es un prestador independiente de servicios
profesionales. Ramos ha sido señalado como "testaferro" de Lázaro Báez,
el empresario de la construcción argentino al que se vincula con
negocios ilícitos del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner y
su esposa Cristina. Damiani dijo ayer en el programa En la mira
de VTV que "Helvetic no es Damiani". Con respecto a Ramos señaló que
"nos proveyó servicios" y que estaba "recomendado por los principales
bancos del mundo". El presidente de Peñarol dijo estar "realmente
dolido" por las denuncias que lo involucran y que es "el primero" que
quiere que todo se aclare. En el programa Damiani insistió en que su
estudio, en el que trabajan unas 60 personas, siempre analizó los
antecedentes de sus clientes.
Otra carta firmada por Ramos el 23 de mayo de 2013,
acusa recibo de una comunicación de Jaguar Capital LLC, por la cual esta
le revocaba un mandato fechado el 30 de noviembre de 2011. Jaguar
habría recibido un giro de US$ 16,5 millones de Decavial Uruguay S.A.
(empresa vinculada a Báez) para comprar un terreno en Punta del Este, a
la altura de la Parada 8 de la Playa Brava. En la carta Ramos indica que
"entendemos que vuestra decisión se origina por infundadas
publicaciones periodísticas referidas a nuestra empresa Helvetic
Services Group, que no guardan ninguna relación ni vínculo de ningún
tipo con vuestra sociedad".
Damiani dijo que Jaguar "son viejos clientes" de su
estudio y que tienen una "inmaculada" trayectoria. "Lo que hay en común
es que utilizan (Jaguar y Decavial) Helvetic como instrumento idóneo
para garantizar a los vendedores recibir el dinero en la proporción del
capital accionario de ese negocio", explicó Damiani.
LA RUTA DELDINERO K.
Antilavado va tras la conexión uruguaya.
A la Secretaría Nacional Antilavado le provoca
"incertidumbre" no saber cuál es la conexión del dinero K una vez que
llega a Uruguay, y si hay vinculaciones con organizaciones financieras
locales. El organismo pedirá a Argentina que "colabore" dando
información sobre los contactos en Uruguay, anunció en el Parlamento el
titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, luego de
reunirse con la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Queremos saber a quién se le da el dinero, quién lo
introduce al sistema y a qué institución va. La apuesta nuestra es al
control interno", subrayó. Es fundamental que se los identifique.
Estaríamos frente a delincuentes nacionales que colaboran con los
argentinos", remarcó Díaz.
La "apuesta" de la Secretaría es "que el sector
financiero haga los controles suficientes como para que aquel que
deposita o hace transacciones con ese dinero esté perfectamente
identificado. Si tenemos dinero que no sabemos adónde va, tenemos que
inferir que hay centros o alguien que recibe ese dinero y lo está
colocando", sostuvo Díaz.
"Pediremos la colaboración de la justicia argentina y
que se nos diga adónde va ese dinero una vez que pasa por la frontera",
anunció, porque "es una cosa que nos tiene con incertidumbre. No
resulta creíble que alguien venga con US$ 5 millones y los deje en el
baño del aeropuerto", razonó.
Según el jerarca, "lo que preocupa son las
instituciones financieras nuestras y también lo no financiero, es decir
los sujetos obligados al control financiero". Díaz entiende que la
justicia uruguaya hará suyo el planteo de la Secretaría porque "es
imprescindible identificar esa fuente de depósitos ilícitos".
Díaz se reunió ayer con la comisión legislativa en
el marco de la actividad de coordinación de la Secretaría y el
Parlamento, en el cual participan otros ministerios y organismos
estatales.
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