VENEZUELA: GOBIERNO CONTINUA INTENTANDO DESCONOCER LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

El partido en el Gobierno de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), presentó el lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) seis recursos para impugnar, en otros tantos circuitos, los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. De prosperar los recursos, podrían causar la repetición de los comicios en esas localidades, donde se eligieron ocho diputados de oposición. La información trascendió este martes en Caracas y fue confirmada por el propio tribunal. Alegando irregularidades como la supuesta compra de votos y una anormal proporción de votos nulos, los derrotados excandidatos chavistas consignaron recursos “contenciosos electorales” y solicitudes de medidas cautelares para cuestionar los resultados de las votaciones en tres circuitos del estado de Aragua (región central), uno del estado de Yaracuy (centrooccidente), uno del estado de Amazonas (Sur), y una jurisdicción especial de los pueblos indígenas. De tener efecto, el TSJ podría impedir la juramentación de los ocho diputados, todos de oposición, proclamados para ocupar esos ocho escaños, y ordenar la repetición de los comicios. Los resultados oficiales del 6 de diciembre otorgaron a la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), un total de 112 curules, frente a las apenas 55 conquistadas por el Psuv y sus aliados del Gran Polo Patriótico (GPP). Así la bancada opositora, con dos tercios de los escaños, quedaría habilitada para promover votos de censura contra el vicepresidente y los ministros, reformas a la Constitución y llamados a referendos, a partir de la instalación de la nueva legislatura, prevista para el próximo 5 de enero. El nuevo escenario ha sido interpretado por el Gobierno de Nicolás Maduro como un desafío inaceptable. El chavismo contó desde 2005 con una mayoría inexpugnable en el congreso. La maniobra que el oficialismo intenta con las impugnaciones busca, como saldo final, reducir al menos un escaño en las cuentas de la oposición y desactivar la mayoría calificada con la que va a contar. En el ínterin, puede generar una situación de conflicto de poderes que suspenda en los hechos la juramentación de la Asamblea Nacional la próxima semana y prolongar la vigencia de la actual legislatura, que el chavismo domina. La última sesión de la plenaria del parlamento actual se celebró el pasado 23 de diciembre. En ella, la mayoría oficialista forzó el nombramiento urgente de 13 magistrados titulares del TSJ y 21 suplentes, todos leales al Gobierno. Además, la Asamblea designó a una comisión delegada para continuar las tareas legislativas a las que hubiera lugar hasta que el nuevo parlamento se constituya. Este martes se supo que el presidente en funciones de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha convocado a una reunión extraordinaria de la comisión delegada el miércoles para –como ambiguamente reza la circular- “atender asuntos que son de su competencia”. Se rumora que la comisión se propone prolongar los poderes habilitantes para legislar con que ahora cuenta el presidente Maduro. Se da como un hecho que el Tribunal Supremo dará curso a las impugnaciones oficialistas. Con las nuevas designaciones express de magistrados el Gobierno ha reforzado su control sobre el máximo tribunal. Uno de los magistrados recientemente nombrados, Christian Zerpa, fue hasta la semana pasada diputado en la Asamblea Nacional por el Psuv y votó por su escogencia. Hoy es miembro de la Sala Electoral del TSJ, a la que corresponde decidir sobre los recursos. A nombre de la MUD su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, rechazó en rueda de prensa el martes en la tarde lo que llamó “la guarimba electoral del Gobierno” y valoró como “descabelladas” las impugnaciones, tras recordar que en algunos de los circuitos en cuestión la ventaja de la oposición con respecto al Gobierno es de más de 10.000 votos y que a nivel nacional esa ventaja alcanzó los dos millones de votos. La semana anterior la MUD se había atribuido el bloqueo exitoso de un intento similar por parte del Gobierno de impugnar, según se dijo entonces, hasta 22 de las diputaciones obtenidas por la oposición. Torrealba alertó el 23 de diciembre que la Sala Electoral del TSJ se había reincorporado desde sus vacaciones navideñas solo para aceptar y considerar las objeciones consignadas por el Gobierno. Las reacciones de importantes personalidades internacionales y organismos habrían abortado entonces el amago. Una semana más tarde, sin embargo, cristalizan las amenazas y solo en ocho circuitos regionales. La oposición concentra ahora todos sus esfuerzos en garantizar la inauguración de la nueva legislatura el próximo 5 de enero. Jesús Torrealba anunció que el 3 de enero la MUD dará a conocer quiénes serán los candidatos opositores para integrar la directiva de la Asamblea Nacional.