Germán De los Santos es corresponsal en la ciudad argentina de Rosario, del diario La Nación y trabaja para el diario El Litoral. Fue amenazado de muerte por grupos de narcotraficantes. Recibió una llamada en su domicilio a las 4:30 horas de la madrugada. Al otro lado del teléfono, puesto en altavoz, varias voces lo amenazaban. Dice que una, con acento colombiano, lo aterrorizó. De los Santos se fue de su ciudad y viajó Uruguay. En esta entrevista, describe la realidad de Rosario y el creciente poder del narcotráfico en ese país. Seguirá Argentina por el camino de muerte y destrucción de México y Colombia ?
-¿Qué sensación le genera haber sido amenazado?
-Creo que fue un mensaje no sólo dirigido a mi sino también al resto de los periodistas que tratamos e investigamos estos temas en Rosario. Por eso también la respuesta de repudio fue en conjunto entre los colegas, algo que muestra un nivel de compromiso muy grande.
-¿En qué momento estima que se produjo el quiebre en Rosario que permitió a las organizaciones de narcotraficantes ganar tanto poder?
-El fenómeno del problema del narcotráfico se hizo visible en Rosario a partir del incremento de los homicidios. Esa es una característica que la diferencia del resto del país. En 2013 en el departamento Rosario, con una población de 1,2 millones de habitantes, se cometieron 264 homicidios dolosos. Y en lo que va de este año esa cifra se mantiene estable. Pero más allá de los números fríos este escenario genera preocupación en los gobiernos nacional y provincial porque una parte importante de esos asesinatos fueron consecuencia de la lucha entre bandas ligadas a la venta de drogas y al narcomenudeo.
Esa disputa a sangre y fuego tiene como principal eje las peleas por territorio dentro de la ciudad, donde la demanda de consumo de sustancias prohibidas está muy lejos de bajar. Estos grupos, como la banda de los Monos, los Bassi, Luis Medina, entre otros, se fortalecieron con la complicidad de las fuerzas policiales, que ejercieron una regulación del delito.
En los últimos cinco años en Rosario proliferó una modalidad de venta de cocaína cuyo modus operandi dejó al descubierto el alto nivel de connivencia con la policía. Los búnkeres, puntos de venta fijos y fortificados, a la vista de todos, donde los encargados de expender cocaína eran en su mayoría menores de edad, se multiplicaron y fueron también uno de los motores de violencia armada. El 9 de abril pasado, cuando arribaron 3.000 efectivos de fuerzas federales a Rosario, se allanaron 89 búnkeres. Y ante el control de las fuerzas de seguridad cambió la modalidad de venta pero no descendieron los índices de violencia en zonas muy puntuales como barrio Tablada, Empalme Graneros y el cordón industrial ubicado al norte de Rosario.
La disputa entre los grupos narcocriminales es a través de las muertes. Y a través de los homicidios se hacen visibles historias ocultas del manejo de la venta de droga y la construcción de un poder económico que va en ascenso.
-¿Qué tan compleja es la organización de estas bandas criminales y qué lazos tienen dentro de Argentina y con el exterior?
-Las bandas narcocriminales asentadas en Rosario tienen por ahora un escaso nivel de sofisticación. No se las puede comparar con carteles internacionales. Pero ese rasgo las hace más peligrosas y brutales. El uso del asesino a sueldo o sicario se impuso como un ejercicio cotidiano.
El fiscal regional Jorge Baclini consideró hace unos meses que en Rosario cuesta muy barato mandar a matar a alguien. Por cinco mil pesos argentinos (unos 500 dólares) se puede encargar un homicidio. Se usa el mismo método: dos hombres en moto ubican a la víctima, pasan, disparan, y huyen. La tasa de resolución de casos de parte de la justicia es baja -ronda el 45 y el 50 %- y genera un espiral de impunidad muy grande.
Pero más allá del fenómeno puramente barrial, Rosario tiene otros atractivos para la llegada de grupos más sofisticados, que son los puertos (es el polo exportador de soja más grande del mundo; de allí se exporta el 85 % de la oleaginosa que se produce en el país) y la hidrovía del río Paraná. Un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación advirtió sobre los escasos controles de Aduana y Prefectura en las terminales portuarias. En agosto, en un operativo realizado en el Paraná a la altura de Ramallo, se incautaron 4.500 kg de marihuana, algo que sugiere que el volumen de la droga transportada por esa vía es enorme.
Durante los últimos dos años empezaron a aparecer protagonistas extranjeros en el negocio, de nacionalidad paraguaya y colombiana, que parecen tratar de incursionar en el mercado local.
El año próximo será juzgado en Rosario Argemiro Sierra Pastrana, un narco que fue detenido en 2013 en la zona de Villavicencio Meta, en Colombia, y que en la Argentina comandaba (según la justicia federal) un laboratorio de cocaína líquida destinada a la exportación.
-¿Cuál es la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno y qué resultados ha dado?
-El gobierno del Frente Progresista, que gobierna la provincia de Santa Fe desde 2007, se vio desbordado por un problema que no estaba dentro de la agenda de gobierno que se diseñó cuando Hermes Binner ganó las elecciones. Las falencias en la conducción de la policía provincial, atravesada por una corrupción estructural, colaboraron para que el narcotráfico y la violencia ganaran terreno a través de la disputa entre grupos narcocriminales.
El problema estalló cuando fue detenido el jefe de la policía Hugo Tognoli por supuesta colaboración con narcotraficantes. Tognoli será juzgado el año próximo por dos causas que lo llevaron a la cárcel. Este año el gobierno decidió implementar cambios en la conducción de las fuerzas de seguridad con la llegada del ex jefe de gendarmería Gerardo Chaumont, cuyo desafío es restaurar la cadena de mandos dentro de una policía que se transformó en una fuerza autónoma del poder político. Un ejemplo que sirve para dimensionar el nivel de connivencia entre la policía y el delito es la causa de los Monos, una de las que generó más impacto en la opinión pública. De los 36 procesados 13 son integrantes de las fuerzas de seguridad.
Ahora el gobierno provincial parece haber asumido el problema y se lanzó un plan de inversión social muy importante a través del programa Abre, que está orientado a obras en barrios que estuvieron postergados durante mucho tiempo y es donde el narcotráfico caló en todo el tejido social.
-¿Lo que ocurre en Rosario puede ser la semilla de un proceso que conduzca a una realidad similar a la que viven estados en México o Colombia?
-Creo que cada caso tiene sus particularidades y hacer comparaciones lo lleva a uno a caer en un territorio más especulativo y poco preciso. Sin embargo, pienso que Argentina es un país que ha hecho poco en crear herramientas eficientes en el combate del crimen organizado sobre todo a nivel económico. El lavado de dinero proveniente de las ganancias del narcotráfico sigue siendo relativamente sencillo, con sociedades que se crean y nadie controla.
Un conocido analista político de la vecina orilla, Rosendo Fraga, afirma que Argentina pasó de ser un país de tránsito a un país de consumo y producción de cocaína, lo que ha despertado el interés de organizaciones mexicanas y colombianas que escapan a los controles.
La realidad es cada vez más compleja en la vecina orilla y en Uruguay se mira con recelo.
El juez de Crimen Especializado, Néstor Valetti, dijo a El País que “hay una gran preocupación” frente al incremento de la actividad de narcotraficantes en Argentina, y se teme, sobre todo, al uso de la plaza uruguaya para lavado de activos u otros ilícitos. Estima que la actividad de los carteles se traslada hacia el sur del continente como consecuencia de la guerra desatada desde el Estado en países como Colombia o México.
El diputado argentino Manuel Garrido coincide. “La enorme cantidad de dinero para lavar puede involucrar a bancos o actividades económicas que se desarrollan en Uruguay, dada la tradicional cercanía y el dinamismo de negocios y adquisiciones que tienen lugar en ese país por parte de argentinos”.
Buenos Aires fue elegida por dos jefes mafiosos de Medellín como terreno neutral para acordar una tregua y dividirse el negocio en esa ciudad colombiana.
El senador colombiano Navarro Wolff dijo a El País que una reunión de ese nivel solo se registra cuando “una estructura fuera de la ley tiene control territorial en esa ciudad” y advirtió a las autoridades a “reaccionar” antes de que sea tarde.
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