La aprobación en el
Senado de Uruguay de la ley de responsabilidad empresarial me trajo a la memoria un
fenómeno político poco conocido y casi no estudiado. Hace más de quince
años, examinábamos en el Instituto de Ciencia Política el
funcionamiento legislativo de los partidos durante el primer período de
gobierno del Dr. Sanguinetti, y encontramos que durante el tratamiento
de las leyes de rendición de cuenta, los legisladores colorados apoyaban
enmiendas que aumentaban el gasto público; pero luego, el presidente
vetaba los artículos enmendados y la ley reflejaba las preferencias de
gasto del Ejecutivo.
Eso ocurrió muchas veces y sobre todo en las leyes
presupuestales. Cuando consultamos a algunos de aquellos legisladores
sobre las razones por las que votaban cambios contarios al Ejecutivo,
recibimos una variedad de explicaciones, sin embargo, en casi todas las
respuestas se repetía un mismo argumento: “votábamos para no pagar
costos políticos”.
Vale la pena señalar que, como siempre sucede en
Uruguay, la sanción de esas normas se desarrollaba en un contexto de
movilizaciones sociales y con una cobertura importante de los medios de
comunicación.
La jugada era
inteligente. Los legisladores aparecían apoyando causas populares, los
grupos sociales implicados se desmovilizaban conformes con el resultado,
la agenda pública pasaba a otros temas, y el presidente asumía la
responsabilidad de regular los resultados presupuestales mediante el uso
del veto. En los primeros días de enero, cuando el país ya estaba en
otra cosa, la Asamblea General recibía las observaciones presidenciales
que en ocasiones eran levantadas, en otras no, y en muchas otras,
quedaban firmas por la inexistencia de un quórum para tratarlas. La
movida estratégica no tiene nombre pero forma parte de la caja de
herramientas legislativas que atesora la tradición política nacional.
Las características
que tuvo la votación del pasado martes, me obligó a preguntarme si no
estamos ante un episodio bastante parecido. Veamos el siguiente
recuento.
Primero, la mayoría de los senadores del Frente Amplio estaban
en desacuerdo con algunos aspectos de la norma pero sin embargo
votaron.
Segundo, el proceso legislativo de desarrolló en el marco de
movilizaciones sindicales y con una gran cobertura mediática. Tercero,
el Frente Amplio quedó como defensor de las causas sociales y los
sectores movilizados marcharon satisfechos con el logro alcanzado.
Llegados a este punto, el lector podrá señalar que la diferencia crucial
reside en que en este caso no habrá un veto presidencial que corrija el
resultado final. Sabido es que Mujica tiene una posición contraria al
uso de este instituto por considerarlo inconveniente para el proceso
democrático (interpretación equivocada que no discutiré ahora). Sin
embargo, es probable que en esta ocasión los senadores del Frente Amplio
visualizaran que el veto lo aplicaría la Suprema Corte de Justicia,
sobre todo, si se toman seriamente las predicciones lanzadas al viento
en los últimos días por un número importante de expertos en Derecho
Público. En suma, este episodio presenta rasgos bastante similares al de
aquel observado bajo el gobierno del Partido Colorado.
Las conjeturas
entonces apuntan a que la mayoría de los senadores del Frente Amplio
puede haber decidido votar esa ley para no pagar el costo político de
decirle que NO a los trabajadores movilizados bajo el supuesto que serán
los ministros de la Corte los que corregirán el entuerto. Resulta
difícil probarlo pero repito hay indicios que apuntan a este tipo de
razonamiento. Al día siguiente de la aprobación se ha escuchado una
larga lista de argumentos, sin embargo, es muy probable que todos los
que levantaron la mano hayan analizado el costo que supondría dejar
morir la ley con su no-voto.
Recordemos, que en las próximas elecciones
primarias o internas, los uruguayos no solo seleccionaremos los
candidatos presidenciales de los partidos, sino también designaremos las
convenciones nacionales y departamentales de cada colectividad política
y en ese marco medirán fuerzas las grandes fracciones y dentro de
ellas, los diferentes grupos. No votar o trabar la ley de
responsabilidad empresarial podría suponer para muchos perder votos no
con otros partidos, sino en la interna del propio Frente Amplio.
Si las cosas
funcionaron de este modo –puedo estar equivocado, claro está-, el
resultado alcanzado por los senadores del Frente Amplio no ha sido
bueno.
Si como sugieren los expertos, la Suprema Corte de Justicia
declara inconstitucional la ley, es probable que los primeros dictámenes
aparezcan en plena campaña electoral rumbo a octubre. Si efectivamente
declara la inconstitucionalidad y se emiten en esos plazos, las
decisiones judiciales pueden caer como bombas sobre el candidato
presidencial, reforzando la idea lanzada por la oposición de que el
Frente Amplio abusa de su mayoría legislativa. La decisión de votar la
ley con el fin de no pagar costos políticos inmediatos, terminaría
transfiriendo costos hacia el futuro que no sabemos qué impacto tendrá.
El Frente Amplio
podría haber encontrado una solución mucho más eficiente si hubiese
evaluado mejor las alternativas. Si bien la jugada de aprobar la ley y
luego esperar que un agente externo corrija el resultado, puede servir
para salir de un apuro puntual, su uso en un escenario electoral de alta
competencia entraña graves peligros para quien la realiza. Los grupos
del Frente Amplio deberían haber comprado tiempo con el fin de negociar
una salida consensuada, sobre todo cuando el Presidente y su principal
precandidato presidencial habían solicitado cambios. Es probable que
hayan existido chantajes de todo tipo –entre grupos y sobre todo, desde
el movimiento sindical- pero aún así, debería haber existido valentía
para frenar el proceso y encontrar una salida. Mujica, en tanto
presidente y capitán de la nave, podría haber salido a la palestra
pública a amenazar con el veto como mecanismo disuasorio, pero también
cualquiera de los senadores discordes podría haber congelado la
situación asumiendo la responsabilidad, tal como lo hizo en su momento
el diputado Dardo Pérez con el proyecto de la marihuana.
Salir bien de un
dilema de acción colectiva como el que impuso la ley de responsabilidad
empresarial exige renuncias y grandezas que parecen no haber existido en
esta oportunidad. El fallecido profesor de economía política, Mancur
Olson, afirmaba que los “dilemas de acción colectiva” son situaciones
donde el desempeño racional pero no organizado de los individuos puede
conducir a resultados peores que los que se alcanzan cuando los
implicados coordinan la respuesta. La respuesta de la bancada de
senadores del Frente Amplio no fue un resultado coordinado y organizado
sino un producto de decisiones unilaterales de grupos e individuos. Tal
vez el episodio sirva para comprender –y aprender- acerca de los riesgos
que generan las conductas cortoplacistas orientadas a la apropiación de
pequeños beneficios, llámese votos.
D. Chasquetti:
Doctor en Ciencia Política. Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
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