Al interior
del Frente Amplio uruguayo viene desarrollándose una muy poco aceitada polémica
en torno a la magnitud de las FFAA del país, de su presupuesto y de las
prioridades tanto monetarias como de realizaciones de gestión, que ha vuelto a crujir
como puerta desvencijada en los últimos días. En mi opinión el deterioro por
antigüedad y apolillamientos reclama mucho más que una simple lubricación de
bisagras.
Más bien una sustitución con marco y todo, considerando la
importancia del ambiente al que se accede por tal puerta, los enseres que
guarda y los personajes que lo habitan. No es cosa de estos días, ni
exclusivamente una querella interna de naturaleza prioritariamente económica.
Podríamos remontarnos inclusive a abril de 1989 cuando la ciudadanía convalidó
el más abyecto de los privilegios a la casta burocrática militar que es el de
la impunidad, ratificado luego en 2009 por el mismo soberano, y -como si fuera
poco- corroborado el año pasado, superando la sinuosidad previa, por la Suprema Corte de
(in)Justicia, dictaminante serial de inconstitucionalidades y experta en
traslados administrativos de juezas y jueces que aún investigan el horror.
En
apariencia, nada de lo evocado alude al cruce último de opiniones salvo por el
hecho de que la convalidación del statu quo resulta uno de los polos polémicos
en juego. Sobre la arena dialéctica reciente se confrontan hoy las nociones de
privilegio y desigualdad, desde el crimen al salario, desde la utilidad funcional
hasta las jubilaciones.
Hace ya casi
dos años, la comisión de presupuesto del senado debatió la magnitud de la
porción que le correspondía a Defensa y recomendó no cubrir las vacantes
castrenses que se produjeran, aunque el rédito económico de esta medida quedó
licuado por la recomposición salarial. También la mesa política del FA discutió
el tema en 2012, probablemente incentivada por una carta que le enviara la
actual precandidata presidencial Constanza Moreira.
En el último congreso del
FA, tanto la magnitud del presupuesto (educativo y de defensa) cuanto el exclusivo
privilegio previsional del que gozan los militares fueron parte de la agenda. En ocasión de
escribir sobre aquel congreso, no contaba con detalles que el relato de actores
fundamentales elucidaron posteriormente, sobre las intervenciones nocturnas
(entre una jornada y otra) de altos dirigentes con el objeto de rectificar u
obliterar acuerdos programáticos previos de carácter transformador, el más
visible de los cuales resultó el de la exigencia de llegar a un 6 % del PBI para
educación.
Acordado previamente por mayoría de partidos integrantes y tratado
en comisiones el primer día, quedó diluido a la postre en la sesión plenaria del
día siguiente, mediante la ternura sintáctico-escolar de las “buenas
intenciones”.
Esta confrontación
a la que refiero tuvo su origen en un artículo publicado por el grupo “Ir”, una
novel agregación política que se integra al FA, en el que retomando el
propósito de llegar al 6 % del PBI para la educación, realizaron una tabla
comparativa de gastos en defensa en distintos países, exhibiendo la alta
proporción uruguaya.
Inmediatamente el diputado del partido “Asamblea Uruguay”
Alfredo Asti les espetó el peyorativo remoquete de “voluntaristas
seudoradicales”. Aunque lo fueran, cosa que no comparto, el diputado debería
alegrarse por la presencia de un nuevo grupo frentista que además expone sus propuestas,
aunque discrepe con ellas. No los conozco lo suficiente pero infiero que es
altísimamente probable que de no haberse constituido como un grupo
independiente no estarían integrando las filas de “Asamblea Uruguay” en las que
milita Asti.
Pero imagino que no piensa sólo en su más estrecho núcleo de
pertenencia sino en todo el FA.
Los fundadores de “Ir” podrían estar viviendo en
la privacidad de sus hogares, o militando en movimientos sociales orientados
hacia demandas puntuales mientras que hoy integran las mismas filas políticas que
disputan un tercer gobierno progresista y empujan igual que los otros por la
construcción de un FA unitario en la diversidad, como lo ha sido siempre a lo
largo de su historia.
El diputado tiene ahora más fuerzas para tirar del carro
político al que está subido, pero no por ello bueyes sumisos. Merecen por tanto
respeto y calurosa bienvenida, con o sin disidencias, como cualquier compañero/a
que se sume desde su trayectoria e identidad. Proporcional descalificación por
parte del actual ministro Fernández Huidobro recibió la senadora Moreira ,
cuando en una columna reiteró algunos lineamientos de sus propuestas en materia
de política de defensa, ya conocidos en los antecedentes a los que aludí.
Esta
vez el insulto espetado fue el de “ignorante”. Cierto es que los adjetivos
desdeñosos fueron lanzados oralmente frente a cazadores de titulares, pero a
esta altura quienes tienen responsabilidades públicas deberían haber aprendido
a ignorar el cebo envenenado de las provocaciones y las trampas del amarillismo
y a priorizar la producción crítica y la disidencia por sobre la avenencia. Tampoco
se me escapa que es mucho más fácil, más libre y creativo ejercer la crítica e
influencia desde el ordenamiento conceptual de la escritura que desde la improvisada
oralidad, desde la independencia que desde el encuadramiento, desde la ausencia
de responsabilidades que desde funciones de gobierno, como es el caso de quién
suscribe.
En su doble acepción extraño además las viejas contratapas de
Huidobro en este diario, tanto como las de Constanza y -ya que estamos- las
contratapas mismas como espacio analítico por excelencia. La pluma del hoy
ministro, nunca exenta de oraciones breves, aserciones filosas y cierto encanto
literario jamás podrá ser reemplazada por mandoble microfónico alguno.
Tampoco
el mejor discurso de la hoy precandidata presidencial reemplazará sus escritos,
porque retórica y literatura son géneros diferentes aunque emparentados. Sin
embargo, creo que es esta última quién mejor expresa aggiornadamente, tanto con
la digitación de un teclado como con la palabra, los impulsos motrices de la
transformación anhelada en aquel ´71 fundacional del FA.
Me consta por
varios textos pretéritos que el Ministro no ignora aspectos técnicos de la
“cuestión militar”, pero haría bien en recordar la tesis 11 sobre Feuerbach en
la que el joven Marx criticaba a los filósofos (sustitúyase hoy por expertos)
que hasta entonces no habían hecho más que interpretar el mundo (sustitúyase
por problemas de defensa) cuando de lo que se trata es de transformarlo.
No
niego que en muchos aspectos del régimen capitalista (políticos, sociales e
inclusive militares) haya algunas cosas para conservar. Pero ¿todo debe
continuar tal como está? ¿Para esto conquistamos el poder político? No hay
ignorantes en esta disputa, sino emergentes de estrategias opuestas, no exentas
en algún caso de la infición de intereses corporativos. Jamás leí -o escuché-
de la senadora la afirmación de que las FFAA no sirvan para nada, aserción que
aparentemente le atribuiría Huidobro. Sin llegar a tal extremo, yo sí me
encuentro más próximo a lo que se caricaturiza.
Al menos, tal como están y
sobre las funciones que cumplen y los costos que suponen. Y mucho más aún, respecto
a las deudas sociales que un futuro gobierno progresista debe afrontar, para cuyo
cumplimiento las FFAA actuales son un obstáculo, o a lo sumo una moratoria.
No creo que
–aún en ausencia de una estrategia subcontinental común- haya que desatender la
seguridad informática del Estado. Ni menos aún dejar de custodiar la riqueza
ictícola de las 350
millas náuticas desde la costa marina o fluvial (82 % del
territorio terrestre), ni los posibles yacimientos energéticos bajo su lecho.
Tampoco el espacio aéreo ni terrestre (mientras existan absurdas fronteras por
dilación en la integración económica y social) por dónde puede filtrarse toda
clase de contrabando de mercancías de consumo legal o ilegal, de lavado de
dinero y fraudes varios, entre otras tareas de tutela de la soberanía,
fundamentalmente económica. También será indispensable contar con la mejor
previsión climatológica posible y de vigilancia satelital.
Pero la convergencia
de estas necesidades con la existencia fáctica de las FFAA no puede llevar a
suponer mecánicamente que las satisface. Por el contrario, buena parte de esas
funciones las cumplirían mejor científicos civiles especializados en cada área,
desarrolladores y controladores de drones y robots, de radares y scanners,
formados en universidades dónde la especificidad se combina con la
universalidad del conocimiento.
Pero además
de los costos salariales y previsionales de esta suerte de “seguro de paro
encubierto”, también los uruguayos invierten en formación. Por ejemplo un
piloto, que obligatoriamente debe hacer un mínimo de 60 horas anuales de vuelo
y que para llegar a comandante requiere de unas 1.000 horas como mínimo, les
cuesta además del magro salario unos U$S 100 sólo de combustible además de
inspecciones y reparaciones por desgaste de las aeronaves.
Se estima que la
compañía aérea panameña Copa airlines tiene 60 pilotos uruguayos, algunos de
los cuales provienen del desastre de Pluna y el resto son militares. Siguiendo
con el ejemplo de los pilotos aéreos, aun suponiendo que no migre a la aviación
privada y que haya comenzado su formación a los 20 años, al computarse doble
antigüedad por riesgo de vida, el oficial se jubilaría a los 38 años con el
rango inmediatamente superior y el 100 % de sus haberes y quedaría liberado con
unas 2.000 horas de vuelo en el acervo de su experiencia, para delicia de al
menos 20 años más de servicio en alguna línea aérea extranjera.
Me consta
personalmente que, por caso, los oficiales que custodian el parque Santa Teresa
(un camping estatal en Rocha) son expertos en equinos. En breves incursiones por la náutica, he
cruzado a más de un marino con magistral experticia en vela.
En esta
etapa, a la vieja crítica de las armas, habrá que oponerle las nuevas armas de
la crítica.
Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
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