Cuando se emiten juicios sobre el sistema financiero uruguayo se esperaría que fuera valorado por el porcentaje de la población a la que alcanza; por las tasas a las que capta el dinero y a las que lo presta; por el respeto de las leyes laborales y de las normas antilavado; por aquello que es útil a la economía del país —en suma— y no por la ecuación entre las utilidades y los gastos.
Sin embargo, el informe elaborado en 2012 por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación del sistema financiero uruguayo, conocido recién hace unas semanas, lo mide de acuerdo con otra perspectiva. Estas instituciones, gobernadas en muchos casos físicamente por ex banqueros y en todos los casos por su filosofía, a la hora de juzgar los sistemas piensan como una patronal bancaria.
Por tal razón en primer lugar califican como altos los costos del sistema financiero uruguayo y estiman que ello se debe a los abultados salarios del personal. Si en vez de repetir clichés analizaran la pirámide salarial, comprobarían que en la banca privada el 20 % de los funcionarios (los componentes del staff de dirección y el personal de confianza) se llevan el 60 % de la torta salarial. Estos 'costos elevados' dependen de decisiones empresariales y no de la 'rigidez' de los convenios colectivos.
Disparen contra el Estado
Si se manejaron clichés para analizar los costos, otro tanto sucede con la forma como se juzga la actuación de los bancos públicos, a los que se reputa como favorecidos por tener esa calidad. Los ahorros en los bancos oficiales tienen el respaldo del Estado y los de los bancos privados el de sus casas matrices. Sin embargo, cuando llegó la crisis de 2002 nuestros ahorristas tuvieron mayor confianza en el BROU y esta fue una decisión de mercado, no una imposición del gobierno.
Observemos otro aspecto no atendido por el FMI y el BM: el tiempo que permanecen abiertos los locales es insuficiente y su número de sucursales disminuye. ¿Quién es el responsable de este estado de cosas? No por cierto este sindicato, que reclama desde hace años la extensión del horario de atención al público. Sin embargo, el despliegue geográfico y la atención al público de la banca privada en nuestro país está en retroceso y no porque pierda dinero en determinados lugares, sino porque estima que en ellos gana poco.
Y el cierre de sucursales se da en un país que tiene uno de los promedios de sucursales bancarias por habitante más bajo de la región, una situación que hace juego con el número de cajeros automáticos: 30 por cada 100 mil habitantes, cuando en los países desarrollados hay 120 cada 100 mil.
Debiera interesar también a quienes desde los organismos internacionales nos juzgan el cumplimiento de las normas antilavado por los bancos. Casos recientes han puesto de manifiesto que tres instituciones privadas de nuestra plaza permitieron el ingreso de plata sucia desde Argentina (caso Báez) y desde Suiza (caso Bárcenas).
Es de esperar que la próxima vez que el FMI y el Banco Mundial decidan ocuparse de nuestro sistema financiero sean independientes, pongan sus ojos donde deben y para juzgar la eficiencia tengan como ejes la calidad del servicio, el cumplimiento de las normas y su disponibilidad para toda la población.
Fuente: AEBU
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