Un estudio llevado adelante por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, determinó que si todos los uruguayos tuvieran un ingreso mensual básico de $ 3.400 (además de sus otros ingresos), la indigencia desaparecería y la pobreza llegaría a cifras marginales.
La OPP creó un Simulador de Políticas Públicas que permite realizar modificaciones en las transferencias no contributivas vigentes hoy en día en el país.
De esta manera se crean escenarios hipotéticos y se evalúan sus resultados. Uno de esos estudios fue el que determinó que una baja generalizada del IVA de dos puntos beneficiaría a las clases más pudientes del país y marginaría aún más a los menos privilegiados.
El concepto que se estudió fue entonces qué sucedería si se implementara la Renta Básica (RB) en el país.
La Renta Básica es concebida como una renta monetaria asignada individualmente, de forma universal, incondicional (sin contraprestaciones) e independiente de cualquier otra renta percibida por el individuo. O sea, todos los habitantes del país cobran un ingreso fijo y mensual, además de cualquier otro ingreso que tengan.
El costo asociado a esta política es la principal limitante que presenta al considerar la aplicación de la RB.
Los estudios muestran que habría resistencia a un proyecto de este tenor en vastos sectores de la población, inclusive de los que se beneficiarían mayormente, porque esto significaría que deben renunciar a todo otro programa de asistencia.
La OPP estudió dos escenarios.
Un "salario" de $ 1.672
El primer proyecto analizado es implementar una Renta Básica Universal de $ 1.672 por mes.
En este escenario se propone la instauración de una Renta Básica para toda la población, sin importar la edad ni la condición socioeconómica de las personas.
Dadas las características de la transferencia propuesta en este escenario, se eliminarían todas las transferencias no contributivas que se encuentren vigentes (Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentaria y Pensión y Asistencia a la Vejez).
El monto de la transferencia se definió en .672, que corresponde al valor promedio (año 2009) de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para Montevideo según la metodología del INE año 2002.
Se seleccionó este valor debido a que es el que se utiliza como referencia para definir a la población indigente.
El total de beneficiarios es toda la población del país (3.344.938 habitantes), abarcando 1.174.874 hogares.
En este caso, toda la población resultaría beneficiaría debido a que el monto de la Renta Básica por hogar supera al de las transferencias antes recibidas.
La población se divide en deciles. De esta manera los deciles más altos (con mayores ingresos) bajarían su participación en el ingreso nacional. Por ejemplo el decil 10, el más alto, que se lleva el 33,3% de los ingresos nacionales bajaría a un 30,5%.
La variación porcentual del ingreso del primer decil sería de 59,1%, pasando de 2% a 2,8% del total de los ingresos.
Por otro lado, los indicadores de pobreza y desigualdad mejorarían sustancialmente.
La política permitiría prácticamente la eliminación de la indigencia, que baja de 1,4% de la población a 0,01% y la pobreza caería del 18,85% al 8,8%.
De esta forma, se lograría cumplir con el objetivo de este gobierno de erradicar la indigencia y reducir 10 puntos en la incidencia de la pobreza.
El informe acota que los efectos de esta política en los menores de edad sería levemente menor que en el resto de los tramos, en términos relativos.
Esto se debe a que determinadas transferencias (Asignaciones Familiares y Tarjeta Alimentaria) están focalizadas en los hogares con niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Para estos hogares la variación de ingreso no es tan significativa dado que estas transferencias serían retiradas al aplicar la Renta Básica. Por otro lado, el efecto menor en el tramo de edad superior podría deberse a que la transferencias que se quitan (Pensión y Asistencia a la Vejez) son en promedio mayores al monto de la Renta Básica que las sustituye.
La implementación de esta política tendría un costo fiscal de más de 3.000 millones de dólares anuales.
Este costo se situaría en el 8,6% del PBI 2008, mientras que el costo actual de todas las transferencias no contributivas alcanza un poco menos del 1%.
Como se observa si bien los logros de la implementación de una Renta Básica en términos de pobreza, indigencia y desigualdad serían considerables, el costo asociado a esta política es la principal limitante que presenta.
El segundo escenario planteado es de una transferencia mensual a cada habitante del país de $ 3.400, cifra cercana al valor de la Pensión y Asistencia a la Vejez en 2009.
En comparación con el caso anterior, la redistribución es aún más grande. El decil más rico de la población, ahora del 33,3% del ingreso concentraría sólo el 28,1%, y el decil más pobre pasaría del 2% al 3,6%.
La participación en el ingreso total de los primeros siete deciles aumentaría, disminuyendo como contrapartida la participación de los tres deciles más altos.
La variación porcentual del ingreso del primer decil sería de 137% mientras que en el décimo sería de tan solo 9.1%.
El efecto a nivel social sería impactante. La indigencia desaparecería y la pobreza del 18,8% pasaría al 1,9%.
Uno de los efectos más importantes sería a nivel de los niños pobres (33,6% del total) que pasarían a ser el 4,1% del total.
En la población de más de 64 años la pobreza desaparecería.
La introducción de esta política implicaría destinarle un 17,5% del PBI, cifra que representa el 80.8% del gasto público social con un costo de US$ 6.944 millones, contra US$ 312 millones actuales
Las conclusiones del trabajo estatal señalan lo siguiente: "En los dos escenarios propuestos, la introducción de una Renta Básica, generaría importantes disminuciones en la incidencia de la pobreza e indigencia.
Pero "los costos fiscales de la implementación de una Renta Básica son muy altos en ambos escenarios, por lo que la aplicación de dicha política podría limitar el accionar del Estado en otras áreas ya que se debería disponer de elevados recursos para costearla.
La eventualidad de que esto pueda condicionar la realización de otras intervenciones, debilitaría la posibilidad de contemplar otros aspectos de importancia (salud, educación, vivienda, etc.) en lo que respecta a un abordaje más integral de la exclusión social".
Fuente:La República
No hay comentarios:
Publicar un comentario