No es fácil imaginar a un líder israelí, Benjamín Netanyahu o cualquier otro, entregando la mitad de la capital histórica de Israel, Jerusalén, a un futuro Estado palestino. En adelante, tendrá una dificultad añadida: Israel solo podrá ceder territorio de Jerusalén si su electorado lo aprueba en referéndum.
El Parlamento israelí ha aprobado este pasado lunes, después tras 7 horas de debate, una ley que impone la celebración de un referéndum, en un plazo de 180 días, antes de ratificar todo tratado internacional que altere la situación de los territorios anexionados.
La ley afecta sobre todo a Jerusalén, cuya mitad oriental, que incluye la Ciudad Vieja y los lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, fue reconquistada de las manos de Jordania en 1967.
En 1980 el Parlamento estableció la llamada Ley de Jerusalén, según la cual toda la ciudad volvía a formar parte del territorio israelí y se convertía en la "capital eterna e indivisible" del Estado.
El otro territorio incluido en la nueva ley de referéndum es el Golán, la meseta conquistada a Siria en 1967.
El Golán fue incorporado al territorio israelí en 1981 y a sus habitantes les fue ofrecida la ciudadanía, sin obligarles a renunciar a la ciudadanía siria.
Aunque la ley que sumó el Golán a Israel no utilizaba la palabra "anexión", suponía una anexión a todos los efectos. La prueba es que a partir de ahora esa zona elevada, de importante interés estratégico, quedará atada a Israel, como Jerusalén, con una llave referendaria.
Pese a ello, podría suceder que el electorado israelí aprobara la renuncia al Golán en caso de un acuerdo de paz con Siria, aunque sería un gravísimo error estratégico
Ni Cisjordania ni Gaza han sido anexionados, por lo que la nueva ley no afecta a esos territorios.
El proyecto de ley sobre el referéndum fue redactado y propuesto para tramitación parlamentaria hace tres años, por diputados ultranacionalistas.
El texto quedó aparcado en varias ocasiones y en algunos momentos pareció que nunca llegaría a someterse a votación ante el pleno de la Cámara.
Ha resurgido precisamente ahora, cuando crecen las dudas sobre la voluntad (o la capacidad) de Benjamín Netanyahu para negociar un acuerdo de paz con los representantes palestinos.
La propuesta ha recibido el apoyo de 65 de los 120 legisladores, mientras que 33 se han opuesto.
El Kadima, principal partido de la oposición, ha votado en contra, aunque algunos de sus diputados se han abstenido. Su líder, Tzipi Livni, asegura que Netanyahu pretendía rehuir responsabilidades.
"Lo que tenemos es un primer ministro débil", dijo. "No estamos hablando de consultar a la gente, sino de establecer un veto popular sobre las decisiones adoptadas por un Gobierno electo y por el Parlamento.
Estas decisiones [las referidas a la renuncia de territorios en acuerdos de paz] están relacionadas con consideraciones que no pueden ser expuestas al público y que el público no puede entender por completo".
No hay comentarios:
Publicar un comentario