Los acuerdos políticos están en el centro de la vida democrática. Ésta tiene como objetivos centrales la expansión de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos.
Para la democracia es muy relevante que haya partidos políticos fuertes y estables, con programas claramente establecidos, con capacidad de representación y de articular los múltiples intereses de la sociedad.
Estas características las ostentan los partidos del Uruguay, lo que les permite y facilita sus posibilidades de alcanzar acuerdos políticos.
El Frente Amplio ganó por segunda vez las elecciones nacionales alcanzando mayoría absoluta en el ámbito parlamentario. De esta forma podría gobernar sin la imprescindible necesidad de tener acuerdos políticos, como los han requerido los dos gobiernos de Lula en Brasil.
La presidencia de Mujica le ha dado una gran prioridad a obtener acuerdos políticos con los partidos tradicionales.
Como medida inédita en Uruguay, en el 2010, se le dio participación a todos los partidos en los entes autónomos y servicios descentralizados. Se les otorgaron 56 cargos en dichas instituciones.
Téngase presente que desde la apertura democrática en 1985, el Frente Amplio tuvo participación exclusivamente en la primera presidencia de Sanguinetti, con solamente seis cargos.
En los gobiernos de Lacalle, Batlle, y la segunda presidencia de Sanguinetti, no se le otorgó ningún cargo. Incluso en 1999, donde el FA alcanzó en la primera vuelta el 40% de los votos totales.
El país conocía tradicionales acuerdos políticos entre blancos y colorados. Pero todos estos acuerdos se realizaron sobre la base de cargos en función de los votos obtenidos en las elecciones nacionales.
Esto es lo que Mujica está transformando, buscando, y hasta el momento logrando: un alto grado de unidad nacional.
Lo que está ocurriendo en la actualidad es una nueva etapa de acuerdos políticos sobre la base de elementos programáticos, lo que mejora sustantivamente la calidad de dichos acuerdos.
Los diálogos entre Mujica y Larrañaga han sido muy fructíferos y comienzan a marcar un horizonte interesante.
Se analiza, en la Comisión de Hacienda del Senado, un proyecto de ley que amplía el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a las rentas mobiliarias que reciben desde el exterior los que tienen residencia permanente en el Uruguay. No se les cobra impuestos ni por rentas derivadas del trabajo ni de posesión de bienes inmobiliarios.
No se les cobra ni por salarios, ni por jubilaciones, ni por pensiones, ni por alquileres y arrendamientos.
Se les tributa por cobro de intereses por depósitos en el exterior o por otras inversiones financieras, o por dividendos, siempre que no hayan pagado impuestos en el exterior por dichos conceptos.
Por otro lado, en el mismo proyecto de ley, se busca flexibilizar el secreto bancario, tanto para gobiernos extranjeros, que lo soliciten cuando existan acuerdos de evitar la doble imposición y en las mismas condiciones para instituciones nacionales, para enfrentar evasión impositiva y fraudes fiscales.
Esta segunda parte de la ley es consecuencia de que la OCDE incluyó a Uruguay en una lista gris de no colaboración en materia de información tributaria, por las normas existentes en el país sobre el secreto bancario.
Ello está obligando a Uruguay a concretar por lo menos 12 tratados, para evitar la doble imposición y flexibilizar medidas sobre el secreto bancario.
El proyecto de ley viene siendo muy controvertido, porque implica una transformación importante para quienes propugnaron por un Uruguay centrado en una plaza financiera.
Se han dado críticas, en especial por la Asociación de Bancos, que plantean no afectar libertades básicas, ni la intimidad de las personas, ni la propiedad privada; como si el secreto bancario fuese un factor esencial en la vida democrática y en las tradiciones históricas del país.
Las normas vigentes provienen de un decreto de 1982, y a nadie se le ha ocurrido que países como España y Francia, donde no rige ninguna medida para otorgar información bancaria a las instituciones que controlan la aplicación de las normas tributarias, no sean democráticos.
Tanto el Poder Ejecutivo como la bancada de senadores del FA realizan todos los esfuerzos necesarios para que un proyecto de ley de esta envergadura alcance las más amplias mayorías parlamentarias.
Hasta el momento se vienen alcanzando acuerdos con el sector Alianza Nacional del partido Nacional, que apoyaría el conjunto del proyecto de ley, sobre la base de tres modificaciones al proyecto original.
En materia impositiva, desglosar del proyecto la aplicación del impuesto al patrimonio, que deberían pagar los residentes en el Uruguay, por los activos mobiliarios en el exterior.
Este tema se analizaría posteriormente en otro proyecto de ley. Sobre el secreto bancario se plantea que haya jueces especializados para analizar estos temas y que exista una decisión expresa de los mismos. Los textos correspondientes aún no se han acordado.
El Uruguay viene alcanzando una alta tasa de crecimiento económico, lo que facilita la credibilidad del gobierno del FA.
Se ha obtenido una excelente imagen en el exterior y acuerdos programáticos de esta naturaleza la mejoran y facilitan una mejor inserción económica internacional y la llegada de inversiones directas extranjeras, funcionales al proyecto de país productivo que se aspira alcanzar.
El acuerdo logrado hasta el momento es muy positivo para el país y para la propia vida democrática del Uruguay. Quien debería estar presente en estos acuerdos es el Frente Amplio, como partido de gobierno. Si no lo está es porque no tiene una dirección adecuada para cumplir estas tareas.
A modo de digresión de esta nota, la semana pasada el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordaron subir un cuarto de punto -de 6,25% a 6,50%- la tasa de interés de referencia.
Los agentes económicos interpretaron la medida como una prioridad de las metas de inflación sobre la competitividad, aunque ello signifique nuevos descensos del tipo de cambio nominal y por lo tanto, del tipo de cambio real. En lo que va de los gobiernos del FA ésta ha sido la política predominante.
En materia cambiaria se han hecho esfuerzos positivos para enfrentar la volatilidad del tipo de cambio y las abruptas oscilaciones.
También se ha actuado en el mercado para que el valor del dólar no baje de determinadas cifras, por ejemplo en el pasado, para que no bajara de pesos por dólar.
En junio de este año 2010 hubo declaraciones de aumentar el tipo de cambio a alrededor de 21 o 22 pesos.
Las exportaciones siguen muy dinámicas porque los precios internacionales y la mayor apreciación del real así lo permiten. Pero la protección cambiaria se afecta y se incrementan las importaciones.
Seguramente también se seguirán afectando aquellos rubros que no se benefician de aumentos de sus precios internacionales.
Si la competitividad por la vía cambiaria sigue cayendo se afectarán todas las proyecciones del Uruguay productivo.
También en 1998 las exportaciones eran muy dinámicas con atraso cambiario. Ya sufrimos la crisis de la tablita y la del 2002.
La novedad es que hay altos precios internacionales de nuestros principales productos de exportación. Ojalá se mantengan.
Fuente:La República
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