La gente mira la realidad política nacional y se pregunta, con toda razón, cómo es posible que se haya aprobado una ley que permitió el cierre de la causa en la que están comprendidos, entre otros, los Peirano; en una Administración en la que el Frente Amplio tiene mayoría absoluta en el Parlamento.
Es decir una mayoría tal que solamente se pueden aprobar las leyes que esa mayoría quiera que se aprueben, colocando a la oposición en la situación que vivió tanto en la Legislatura pasada como en la presente, en la que no puede aprobar ni derogar una ley, como tampoco impedir una cosa ni la otra.
Lógicamente la ciudadanía no termina de comprender que una ley de estas características, que genera tanta polémica, se haya aprobado en una sesión en la que además de existir esa mayoría, el Presidente del Cuerpo era el actual Presidente Mujica y el señor Senador Astori estaba integrando el Senado porque ya había renunciado al Ministerio de Economía y Finanzas.
En esa sesión, además, estábamos los legisladores del Partido Nacional –buena parte de los que hoy integramos la bancada– y los Senadores del Partido Colorado, representados, entre otros, por el señor Senador Alfie –que fue firmante o mocionante del proyecto de ley– el Senador Amaro y por el señor Senador Sanguinetti, que era nada más ni nada menos que el Secretario General del Partido Colorado –el mismo cargo que hoy ocupa el señor Senador Bordaberry–, es decir el representante de todo su Partido.
Se me dice que no todos entraron a Sala en aquel momento, pero lo cierto es que integraban el Senado y si entraron o no a Sala es un problema de ellos y tendrán sus razones pero: ¿Había o no un Senado de la República integrado por el Frente Amplio en mayoría, y por el Partido Colorado y el Partido Nacional? Sí, lo había, como lo hay hoy.
Cuando la gente se entera de que esta ley contó con el voto de todos los partidos, en ambas Cámaras –con la representación que tenían los partidos en aquel entonces y con las mayorías como estaban determinadas–, lógicamente, se sorprende y se pregunta cómo es posible que se llegue a una situación de estas características.
Por ello, desde el primer momento me pareció muy acertada la iniciativa del crear una Comisión Investigadora.
Y que esa Comisión tenga un objeto amplio para poder actuar sin limitaciones para poder llegar al fondo del asunto y aclarar aquello que la gente necesita que le sea aclarado.
Me animaría a decir algo más, porque no creo que alcance con la aclaración.
Quizás tenga razón el Senador Larrañaga cuando dice que algo deberíamos hacer para solucionar este tema y no sólo para aclararlo e impulsa un proyecto de ley –que hoy lleva la firma de todos los Senadores del Partido Nacional– por el que se soluciona el tema de fondo.
Creo que esa iniciativa merece toda nuestra consideración y nuestro estudio, así como la dedicación que vamos a brindar a la Comisión Investigadora.
Quizás el proyecto de ley transformado en ley pueda ir más allá de los resultados que se puedan lograr con la Comisión Investigadora.
Por estas razones el Partido Nacional en bloque ha respaldado la conformación de la comisión investigadora y ha presentado un proyecto de ley para intentar una solución de fondo.
Sin perjuicio de la tarea principalísima que solo incumbe al Poder Judicial, de resolver el recurso que se ha presentado a la resolución aprobada por el Tribunal de Apelaciones, que hizo lugar a un pedido del Dr. Gonzalo Fernández se de cerrarle la causa a uno de los implicados.
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