El conocido menor de edad "El Maikol" cumplirá 18 años en un mes. El martes 24 de agosto 2010 de noche en Paysandú, arrebató la cartera a Romina Severo y en el forcejeo provocó que cayera de la moto que conducía y fuera arrollada por un ómnibus, que le ocasionó la muerte. Romina era profesora de literatura y adscripta, estaba casada y tenía tres hijas: dos de 6 y 4 años y una bebé de 2 meses de edad que nunca recordará a su madre. Hasta cuando los menores nos van a seguir asesinando impunemente ? Es progresista permitir estos crímenes ? Es progresista que lleguen a los 18 años y se borren sus datos, como si fueran unos angelitos ? Es progresista que sólo el 5 % de le menores delincuentes sean internados en locales del Inau ? Es progresista que las penas que se les aplican sean un chiste ? Es progresista que buena parte de ellos se fuguen ? Estamos hartos señores legisladores !
"El Maikol" iba como acompañante, en la moto que era piloteada por otro menor, también de 17 años. Ambos permanecían anoche en el Juzgado Penal a la orden del juez Pablo Dalera. Allí habían llegado al mediodía, tras intensos operativos de policías que consiguieron su detención.
Convocados por familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, más de 200 personas se apostaron en el exterior de la sede judicial, después de haber marchado desde el liceo 7. Momentos de tensión y angustia se vivieron a lo largo de la tarde.
Carteles, gritos y aplausos reclamaron "justicia justa" y la modificación de las leyes, para que los menores no recuperen fácilmente la libertad y vuelvan a delinquir.
Precisamente, "El Maikol" cuenta con un profuso historial de anotaciones policiales, la mayoría por delitos violentos como arrebatos a mano armada. Ha sido internado en dependencias de INAU, de donde se ha fugado en reiteradas ocasiones.
Su caso saltó a la fama el 8 de mayo de 2009, cuando sus padres fueron procesados por "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad". En esa oportunidad, había sido detenido cuando intentaba robar una carnicería, con otros dos menores.
En un fallo que abrió la polémica la jueza Blanca Rieiro resolvió procesar con prisión al padre de 42 años y a la madre de 38.
El padre, según se supo más tarde, poseía además antecedentes penales por delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes, concretamente por delito de suministro.
Para entonces el adolescente arrastraba un amplio historial de evasiones de dependencias del INAU, tras ser internado por la comisión de delitos.
Al argumentar su fallo contra los padres del menor, la jueza Rieiro señalaba que la actitud de estos implicaba "un riesgo no sólo para la sociedad sino para él mismo, porque sus padres nunca hicieron nada para sacarlo de esa situación".
Al ser consultada por las razones de su decisión la magistrada también aludió a cuestiones más generales y vinculadas a la seguridad pública.
"Esto no debería suceder, pero estamos en un punto de la inseguridad y de la violencia que lo exigen", reflexionó entonces.
Y ayer, luego de la extensa audiencia judicial, Lilia Beatriz Silva, la madre de "El Maikol", volvió a ser procesada en relación con su hijo.
Su hijo y el otro adolescente fueron internados al ser hallados autores de un hecho comprendido en la ley penal como homicidio a título de dolo eventual.
Más allá del fallo, las autoridades procuraban establecer si "El Maikol" se hallaba o no evadido de alguna dependencia de INAU antes de cometer el crimen.
Mientras corría la noticia de que los responsables del trágico hecho habían sido detenidos y tras las primeras horas de estupor, familiares, amigos y compañeros de Romina, organizaban una movilización, que incluyó una marcha desde el Liceo 7 hasta la sede penal, donde permanecieron por varias horas.
Una acción similar fue convocada para la jornada de hoy, esta vez organizada por docentes, alumnos y funcionarios de los liceos. Romina era profesora de literatura y adscripta, estaba casada y tenía tres hijas: dos de 6 y 4 años y una bebé de dos meses de edad.
La foto familiar ampliada era portada ayer por varios de los presentes. Entre ellos, su madre y su esposo. Visiblemente angustiados, recibían el saludo de conocidos y vecinos que se acercaron para manifestar su solidaridad.
La larga tarde registró momentos de tensión, rabia e indignación. La Policía debió intervenir cuando un joven señalado como "provocador", fue atacado a golpes de puño por algunos manifestantes.
Tampoco faltaron los gritos de "asesinos". Y quienes aguardaron en la puerta la salida de los menores, con piedras en las manos, solicitaban a la Policía que no les taparan la cara y permitieran "hacer justicia".
De ese tenor fueron los diálogos que se registraron cuando el jefe de Policía, Roque Arámbula, se presentó en el sitio. Pacientemente, el jerarca escuchó y explicó pormenores legales.
El ánimo reinante hizo que la Policía desplegara un estricto operativo y cerrara las calles del Juzgado. Anoche, los menores permanecían en la sede y fuentes policiales dijeron al diario El País que sólo los trasladarían cuando se calmara la situación. Se temía que fueran víctimas de linchamiento por parte de la multitud indignada.
"Nada de esto va a devolverme a mi hija", dijo a El País Zulema Pérez, luego de hablar con el jefe de Policía.
"Estoy acá por otras madres y otras hijas", agregó, "esto no va a terminar, cuando esta gente sale a la calle está dispuesta a todo, van a seguir matando".
"Lo que yo pido es que quienes pueden cambiar esto lo hagan, ellos son la cabeza, nosotros simples trabajadores que damos la plata, por favor que cambien lo necesario y dejen de cuidarlos, porque así nos están obligando a hacer algo feo", sostuvo.
Pérez es enfermera y asegura estar "cansada de ver entrar al hospital gente quebrada y lastimada por este tipo de delitos". "Esto no puede seguir, no podemos vivir así, algo vamos a tener que hacer", expresó.
El juez de Menores, Hugo Morales y el fiscal Gustavo Zubía coincidieron en la necesidad de mantener legajos de adolescentes infractores cuando cumplan 18 años. El director de INAU, Jorge Ferrando y el Comité de Derechos del Niño se oponen.
Según datos del INAU, en este momento hay unos 1.000 menores infractores, de los cuales 600 se encuentran fugados o en libertad.
Morales dijo que se podría mantener los antecedentes de los menores instalando un sistema penal intermedio que considere el segmento de 16 a 19 años.
"Ahora hay dos sistemas -menores y adultos- que tienen reglas diferentes. Por lo tanto, deberían mantenerse como sistemas separados. Eso no impide que se considere alguna solución legal intermedia, donde algunas conductas de menores tengan otra relevancia en cuanto a la aplicación de sanciones", dijo.
Morales abogó por una revisión de los códigos Penal y de la Niñez al entender que los adultos reciben penas de cinco años al efectuar, por ejemplo, una rapiña con un encendedor, mientras que los adolescentes se "benefician" de un sistema que les dictamina sanciones similares por cometer un homicidio.
"Es decir, el adulto que comente una rapiña con un encendedor como el adolescente que mata reciben una misma pena", explicó.
El fiscal de Menores, Gustavo Zubía indicó a El País que es partidario de derogar el artículo 222 del Código de la Niñez.
"Cuanto más información posea el juez de adultos sobre la persona juzgada, mejor. Ahora el juez no puede saber si ese joven de 18 años o más tiene un pasado intachable o hace años que inició una carrera delictiva", dijo.
El jueves 26, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak expresó a El País que estaba a favor de derogar el artículo 222 que obliga al Estado a eliminar los antecedentes de los menores infractores cuando estos cumplan los 18 años.
"El tema debe estudiarse. No hay normativas vinculantes para el país que se deban tener en cuenta. Sólo está el artículo 222 del Código de la Niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing no prevén nada al respecto", dijo Chediak.
También señaló que el tema se encontraba en una comisión integrada por la Suprema Corte y el Ministerio del Interior que analiza los criterios que tendrán las liberaciones masivas de presos.
Ayer, el ministro de la Corte, Leslie Van Rompaey dijo que no tenía opinión formada sobre la derogación o no del artículo 222 del Código de la Niñez.
"La norma es clara. En este momento no hay que mantener los antecedentes de los menores. La derogación de esa norma es una opción política. Lo que tenemos que hacer los jueces es aplicar la ley", dijo.
Por su parte, el también ministro de la Corte, Daniel Gutiérrez coincidió con Van Rompaey.
"La reforma o no del Código de la Niñez no es nuestra tarea. Nosotros juzgamos. Hay una ley que está vigente y hay que respetarla", dijo Gutiérrez.
El vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando dijo que la eventual derogación del artículo 222 no está a consideración del Directorio de la institución.
"Nuestra responsabilidad principal es que el sistema de medidas del organismo funcione lo mejor posible", expresó. Sin embargo, Ferrando consideró que el actual Código de la Niñez "es un marco legal bastante adecuado. Las mejoras a realizarse no dependen tanto de cambiar el marco legal sobre la niñez sino mejorar la gestión del INAU".
El abogado e integrante del Comité de los Derechos del Niño, Javier Palummo, replicó las afirmaciones de Chediak indicando que las normativas internacionales desaconsejan que el Estado mantenga sus antecedentes cuando llega a la mayoría de edad.
"El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado que los Estados Partes adopten normas que permitan la supresión automática en los registros de los antecedentes penales del nombre de los niños delincuentes cuando éstos cumplan 18 años", dijo Palummo.
El defensor de oficio de Menores, Daniel Sayagués, expresó que los antecedentes de los adolescentes no deben tenerse en cuenta a la hora de recibir una pena en un juzgado de adultos ni en el momento de otorgar una libertad anticipada.
"Estoy de acuerdo con el Código de la Niñez. Da la oportunidad al menor de hacer borrón y cuenta nueva", explicó.
La idea de no eliminar los antecedentes de los menores infractores fue lanzada el 11 de agosto de este año por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi cuando explicaba los criterios de las liberaciones masivas de presos.
Agregó que los primarios liberados no podrán tener antecedentes como menores. Indicó que esos legajos "en algún lado quedan. No los tendrá la Policía, no los tendrán los juzgados. Pero en algún lado se pueden pedir".
Las afirmaciones de Bonomi recibieron críticas por los diputados frenteamplistas Jorge Orrico y Julio Bango, quienes afirmaron que ello representaría contar con una sola justicia y no dos (menor y adulta) como existe en este momento.
Bango dijo a El País que, el martes 24, Bonomi señaló en la bancada de diputados del Frente que no se tomará en cuenta los antecedentes de los menores para las liberaciones. Agregó que el gobierno no pretende reformar el Código de la Niñez.
El diputado blanco, Luis Lacalle Pou reflotó un proyecto que presentó en período pasado que impulsaba la derogación del artículo 222 del Código de la Niñez.
El debate de los antecedentes de los menores
"Código adecuado"
Vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando
"La prioridad actual del Directorio no es reformar el Código de la Niñez. Estamos abogados a mejorar el sistema de medidas privativas de libertad para los adolescentes. El Código de la Niñez es adecuado".
A favor de legajos
Presidente de la corte, Jorge Chediak
"La derogación del artículo 222 del Código de la Niñez debe estudiarse. No hay normativas internacionales vinculantes para el país. La Convención sobre Derechos del Niño y Reglas de Beijing no prevén nada",
Reformar el Código
Fiscal Gustavo Zubía
"Hay que reformar el Código de la Niñez. Tiene múltiples falencias. Si una persona encuentra a tres menores al lado de su cama, llama a la Policía y ésta los detiene y los adolescentes son entregados a sus padres por la Justicia".
Pocos a reclusión
Por cada 100 delitos cometidos por adolescentes, la Policía atrapa al 40% de los autores, según el fiscal de Menores, Gustavo Zubía. La mitad de ese porcentaje son liberados porque son tentativas de hurtos.
De la otra mitad, un 10% son liberados por falta de pruebas. Y del 10% restante, la mitad son remitidos y a la otra se le aplican medidas sustitutivas.
"Ello significa que, de cada 100 delitos cometidos por menores, sólo el 5% de los autores son internados a hogares", dijo.
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