Mientras la Casa Blanca presentaba una demanda ante los tribunales por considerar ilegal la ley antiinmigración de Arizona, en el sur de Usa en parte de los territorios robados a México, la gobernadora de dicho Estado, Jan Brewer, ha afirmado sentirse atacada por la Administración de Barack Obama.
"Arizona está bajo el ataque de violentos carteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos(de América)y de su Departamento de Justicia", asegura Brewer en un comunicado de prensa.
La gobernadora de Arizona, fronterizo con Mexico, califica de "equivocación" que se demande al Estado por querer "ayudar" a reforzar las leyes federales de inmigración con una ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, ya que permite a la policía detener a personas simplemente por la sospecha de que sean sin papeles. El Departamento de Justicia argumenta en su demanda que el derecho federal está por encima de los estados, de acuerdo con la doctrina constitucional.
Para Brewer, sigue siendo una ley "razonable" y "constitucional", por lo que ya tiene preparada una defensa legal para hacer frente a esta y a otras seis demandas.
Para la reaccionaria gobernadora de ultraderecha, no solo es legal si no que además asegura que la ley Arizona, que si sigue su curso entrará en vigor el 29 de julio, se ha gestado como resultado de las malas políticas migratorias de la Administración estadounidense.
"La demanda presentada el día de hoy es una pérdida de recursos. Esos fondos deberían ser utilizados en contra de los violentos cárteles mexicanos y no en contra de la gente de Arizona", enfatiza Brewer en su comunicado.
La decisión de seguir adelante con la polémica ley ha disgustado también a algunos de los gobernadores de los estados que limitan con la frontera de Mexico, según el periódico The New York Times. 6 de ellos escribieron una carta a Brewer en la que amenazaban con boicotear la reunión anual de estos gobernadores si no rectificaba en su empeño. Brewer ya les ha dado una respuesta. En esta ocasión era la anfitriona de la cita, que ya ha cancelado.
Las de Brewer no fueron las únicas críticas que recibió Obama tras su decisión de emprender acciones legales contra la ley. En un comunicado conjunto, los senadores de Arizona John McCain -el candidato republicano que se enfrentó a Obama en las elecciones que le convirtieron en presidente- y Jon Kyl censura al Gobierno por no hacer todo lo posible para proteger a la gente de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración indocumentada trae a este Estado.
"Mientras el Gobierno federal no haga su trabajo no debería demandar a Arizona bajo los términos de que la aplicación de las leyes de inmigración son de responsabilidad única del Gobierno federal", dice el comunicado.
En la cara opuesta, el Gobierno mexicano ha respaldado la decisión de Obama de tratar de impedir la entrada en vigor la Ley SB1070. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana manifiesta en un comunicado que esta decisión del Ejecutivo estadounidense "se suma a las acciones ya presentadas en contra de la ley". El 22 de junio, México se adhirió, bajo la figura de Amigo de la Corte o Amicus Curiae, a la demanda de diversos organismos civiles en EE UU para que se declare inconstitucional y se evite la aplicación de la normativa.
México reitera su reconocimiento al derecho soberano de todos los países para adoptar leyes y políticas públicas que deban aplicarse en su territorio. No obstante aclara que "cuando una medida como la SB1070 afecta potencalmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, el Gobierno de México tiene la obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionales". La cancillería indica que dará "seguimiento puntual" a este proceso y subraya que continuará la defensa de los mexicanos en el extranjero, añade la nota.
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