El líder de los liberal-demócratas británicos, Nick Clegg, anunciará el próximo martes 6 de junio que el referéndum sobre la reforma del sistema electoral se celebrará en mayo de 2011, según adelantó el diario The Guardian.
De confirmarse, supondría una importante victoria para el viceprimer ministro, cuyo pacto con los conservadores ha retrasado a su partido en las encuestas y que se enfrentaba al peligro de que su máxima prioridad política, cambiar el sistema electoral, se retrasara hasta el tramo final de la legislatura.
El riesgo para los liberales, sin embargo, es que ese referéndum se convierta en un juicio paralelo a la coalición. Paradójicamente, eso beneficiaría enormemente a los tories porque se oponen a la reforma electoral y solo han aceptado someterla a referéndum para convencer a los liberales de que formaran coalición con ellos.
La convocatoria debe ser aprobada antes por los Comunes y pese a la resistencia de muchos diputados tories, parece impensable que lo rechacen porque supondría la caída inmediata del Gobierno.
La aprobación de la reforma en las urnas, sin embargo, no está asegurada a pesar de que es una reforma relativamente modesta que no introduce la proporcionalidad que en realidad quieren los liberal-demócratas. El sistema propuesto, llamado voto alternativo, permite a los votantes expresar cuál es no solo su candidato preferido, sino cuál es su segundo candidato preferido.
El objetivo es que el ganador tenga la mayoría absoluta de los votos de la circunscripción. Si nadie la obtiene en los votos de primera preferencia, se contarán las segundas preferencias.
Una segunda parte de la reforma consiste en modificar las actuales circunscripciones, con un número relativamente variable de votantes, para que todas tengan el mismo tamaño. Esa parte de la reforma perjudica a los laboristas, por lo que si la aprobación del nuevo sistema electoral está condicionada a la reforma de las circunscripciones, el resultado final es aún más dudoso.
Aunque en teoría el voto alternativo permitirá a los liberales mejorar su número de escaños a costa sobre todo de los conservadores, muchos diputados laboristas también se oponen porque su propia reelección está en peligro. Esa reticencia y, sobre todo, la decepción de muchos votantes de izquierda al ver que los liberales han ayudado a los conservadores a llegar al poder, cuestionan el futuro de la reforma.
Las encuestas revelan que el Gobierno de coalición tiene un amplio apoyo popular y que las duras medidas de ajuste aprobadas en el presupuesto de urgencia del pasado 22 de mayo también son aceptadas. Sin embargo, las expectativas de voto de los liberal-demócratas, que obtuvieron un 23% de los sufragios en las elecciones de mayo y estaban aún en el 21% en vísperas del presupuesto, cayeron al 16% nada más conocerse las medidas.
Y eso a pesar de que los británicos solo rechazan de plano una de ellas, la subida del IVA a partir de 2011, a la que se oponen el 60% de los encuestados. El 78% apoya la nueva tasa a la banca y el 68% está de acuerdo con gravar más los rendimientos del capital.
El apoyo al recorte del gasto social es masivo: el 82% apoya que se endurezcan los controles a quienes reciben subsidios por incapacidad, el 80% está de acuerdo en suprimir desgravaciones fiscales a las familias con ingresos superiores a 40.000 libras (48.500 euros) y el 68% apoya la limitación de ayudas a la vivienda.
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