T. VAZQUEZ: CUANDO DESDE EL GOBIERNO DE BATLLE LE DIERON UNA GRAN MANO

En el año 2001 el gobierno de Uruguay determinó que debía realizarse la clausura de varias clínicas de radioterapia. La decisión del entonces Ministro de Salud Pública Dr. Fraschini seguía el consejo del experto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ramón Baeza, quien había hecho un informe lapidario sobre el estado de los centros clínicos en los que se trataba a enfermos de cáncer. El informe de Baeza se nutría de tres trabajos de campo anteriores: la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de 1996 y dos misiones de expertos argentinos en los años 1997 y 2000.

"La situación es francamente alarmante y requiere de corrección a la brevedad posible. Es necesario hacer presente que el problema no es solamente de equipos de irradiación sino que también de toda la infraestructura necesaria para poder realizar radioterapia", concluía el informe de Baeza que, de haber hecho público en esos días, hubiera provocado una alarma generalizada.

De las doce clínicas relevadas, la de los hermanos Leborgne y el Pereira Rosell era la única en condiciones "técnicamente aceptables". Los otros diez centros –entre los que estaba el Consultorio de Oncología y Radioterapia de Montevideo (COR), propiedad de Vázquez- no contaban con la infraestructura apta para el tratamiento clínico.

En el año 2001 el COR tenía dos equipos que usaban la tecnología de Cobalto-60: Eldorado 6 y Theratron 80. Según el informe de Baeza, Eldorado 6 debía ser retirado (arrastraba problemas diagnosticados desde 1997, la distancia entre la fuente y la piel era "inadecuada para el tratamiento de pacientes" y no había datos de cambio de la fuente desde la instalación del aparato hacía 14 años). El informe también concluía que el Theratron 80 debía ser "reinstalado o reemplazado". Según el informe del experto de la OPS-OMS, el COR y otras nueve clínicas habían irradiado a pacientes durante años sin tener las condiciones apropiadas de tratamiento clínico.

Por eso el COR estaba en la lista de clausura del Ministerio de Salud Pública. Eran tres las personas que sabían que eso iba a pasar: el director de Salud, Eduardo Touya, el ministro Fraschini y Toma quien había asesorado jurídicamente al ministro en todo el proceso.

Horas antes de que el ministro se dispusiera a firmar las clausuras le llegó una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería que permitía que los equipos del COR siguieran funcionando transitoriamente hasta que arreglara las observaciones que se le habían hecho. Con ese informe, la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (Dinaten) –que en aquel entonces era dirigida por Daniel Turcatti- le quitó al MSP la potestad de cerrar el centro por problemas con el equipo. Dinaten era el organismo que emitía los informes de contralor de los equipos.

A pesar de ofrecer condiciones de servicio tan irregulares como la de otros centros (según el informe de una autoridad mundial como Baeza) el COR siguió funcionando. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Turcatti dijo que la inclusión del COR en la lista de clínicas irregulares era un "error desde el punto de vista administrativo" debido a que ese centro ya había resuelto sus problemas.