VIVIENDA: UN AGUDO PROBLEMA SOCIAL QUE EL FRENTE AMPLIO NO HA SABIDO RESOLVER

Florencia y Carlos tienen 21 años de edad y dos hijos, uno de 5 años y otro de 7 años. Viven con los padres de ella y su hermano de 4 años en una casa tomada por la humedad y el moho, sin paredes que separen las habitaciones y sin ninguna ventana. Solo hay una puerta que da a un claustrofóbico patio interno, donde cuelgan la ropa. Los hongos taparon también la heladera y la pileta, y a la vista no hay ningún baño. Pero tienen lo que más desesperadamente necesitan: un techo. Eso, para ellos, claro, vale mucho más que los $ 40.000 que le ofrecen para que se vayan. Ellos son ocupas y están decididos a resistir hasta que los desalojen por la fuerza. Algo que a los legítimos dueños no les será para nada fácil.

Ellos son unos de los tantos uruguayos que por no poder acceder a una vivienda propia deciden anidarse en una vacía. Según la Encuesta Continua de Hogares, en 2016 se duplicó el número de casas ocupadas sin permiso que había en 2015. Serían unas 15.100 viviendas. Cuando el dueño aparece, es frecuente que con tal de evitarse un engorroso juicio les ofrezca a los ocupantes dinero para marcharse sin líos. A veces son unos cientos de pesos, a veces son unos miles de dólares.

Florencia, Carlos y el resto de la familia llegaron a la casa ubicada en la Ciudad Vieja después de que el antiguo ocupante, también ilegal, muriera. "Era un cuidacoches al que mi mamá le daba de comer a veces. Tenía problemas respiratorios graves. Entonces le dijo que si algún día le pasaba algo y ella no tenía a dónde ir, que se viniera para acá", relata Florencia. Y así lo hicieron, después de que "por problemas personales" que no se detiene a contar, tuvieran que irse de la casa de la tía de ella. Las opciones que les quedaban eran pocas: la calle, los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que ella dice iban a separar a la familia, o instalarse en una casa donde no hubiera nadie. Eligieron la tercera.

Viven a cuadras de la Plaza Zabala en parte de una casa que está, a juzgar por su fachada, abandonada. El único indicio externo de que allí vive gente es la puerta, que debe permanecer obligatoriamente abierta, so pena de sumirse en la oscuridad ya que todas las ventanas están tapiadas, o aumentar el gasto de luz, de la que están enganchados de unos vecinos que se lo permiten.

Por fuera, la casa luce un aspecto descuidado. La pintura está notoriamente más descascarada que la de las vecinas. Pero la fachada es un anticipo benévolo de lo que hay dentro.
A medio hacer: ocupas en una obra sin terminar. Foto: Marcelo Bonjour

"Nos gustaría arreglarla", apunta Florencia, "pero no queremos gastar en un lugar que no sabemos si nos echan mañana".

"Nosotros no tenemos problema en irnos, sabemos que esto no es nuestro. Es más, ni siquiera sabemos bien de quién es. Pero no queremos terminar en la calle, no queremos perder las pocas cosas que tenemos. En el Mides no nos han sabido dar una solución, porque si no estás en el programa de violencia doméstica o en situación de calle no te consiguen nada", dice. Es que los refugios son para cuando no hay otra alternativa de dónde pasar la noche, señalan desde la cartera. Los ocupantes, entonces, están en un limbo: el refugio es para el que ya cayó en el desamparo.

No hace falta caminar muchas cuadras en Ciudad Vieja para toparse con edificaciones habitadas por dueños ilegítimos. ¿Cómo identificarlas? Son las que están en el más pobre de los estados, ya que el habitante temporal no invierte en arreglar una vivienda de la que puede ser echado en cualquier momento.

Otra pista delatora: siempre hay alguien, muchas veces en la puerta. No pueden arriesgarse a dejar solo el inmueble porque es pasible de ser reconquistado por su propietario. Porque incluso cuando está deshabitada, pero no abandonada (es decir, se sabe de quién es), no es tan sencillo desalojar a quienes, por distintos motivos pero sin pedir permiso, lo declararon su territorio.

La llave.

Pedro y su familia viven a pocas manzanas de allí. También son ocupas. Siete años llevan viviendo en la casa. "La estamos cuidando", asegura. Según cuenta, compró la llave al antiguo ocupante por $ 300. "Me la vendió un hombre que se embarcaba conmigo en la pesca. Yo no tenía a dónde ir", narra. La casa, en donde también viven su mujer, sus tres hijos —dos de veintitantos y una nena menor de edad— y sus dos perros, es solo una sala a la que se accede por un pasillo y unas escaleras que llevan a un altillo. El resto del hogar está tapiado. Se nota que fue una casa hermosa, porque tiene una claraboya enorme a la que hoy le faltan los vidrios. Por ahí entra luz —y agua cuando llueve. Las paredes de ladrillo no están revestidas y muchas de las baldosas están dañadas.
Foto: Marcelo Bonjour

"Queremos pedir un subsidio a la intendencia para arreglar la fachada y un poco adentro", cuenta. Es que, dice Jacqueline, su pareja, hace años que pagan la contribución y los impuestos de la propiedad. "El dueño murió y los hijos están en Grecia. Mientras se la cuidemos a ellos no les molesta", asegura. El contador de OSE está a su nombre. "La luz está desde que llegamos y nunca supimos de dónde viene", admite.

En la casa de al lado vive Melanie, de 21 años. "Vivo acá desde que estoy en la escuela, mi nene nació en esta casa", cuenta. La residencia tiene seis cuartos y un altillo donde viven ella, su hijo, su padre y sus cinco tíos. Hace tanto que están sin ser molestados que perdieron el miedo a ser echados. "Mi padre hasta hace arreglos en la casa", relata la joven. La puerta esta prolija, pero el segundo piso no deja dudas: las ventanas tapiadas son el signo inequívoco de la ocupación.

Al haber transcurrido más de cinco años en los que residieron "pública, pacífica e ininterrumpidamente" como ocupantes, tanto Pedro como Melanie tienen derechos generados de posesión y podrían pedir la prescripción de la propiedad de los dueños. Es una consulta usual en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dice su director Juan Ceretta.
Foto: Marcelo Bonjour

Pero son solo 24 horas las que un ocupa debe permanecer en una vivienda para que sea necesaria la orden de un juez para su remoción. "Antes de las 24 horas la Policía se aferra al delito de usurpación, pasado ese plazo se considera que la persona tiene tenencia, por lo tanto se necesita un proceso judicial para sacarla", explica Ceretta.

Aunque pueda presumirse lo contrario sobre los ocupas, ni Florencia ni Pedro ni Melanie tienen mala relación con los vecinos. "Si nos vamos, nos gustaría quedarnos en el barrio. Los nenes van a la escuela cerca. Acá si no tenemos, los vecinos nos alcanzan un poco de leche, algo para comer", dice Florencia. "A veces nosotros solo tomamos mate en todo el día y le damos de comer a los nenes. ¿Qué vamos a hacer si nos mandan a un lugar donde nadie nos conoce?"

Solución regateada.

Florencia, a diferencia de Melanie, no tiene ninguna seguridad. "Es acostarse sin saber si mañana vamos a seguir acá. Es horrible. No queremos perder las pocas cosas que tenemos". Hace un par de meses, un empleado de una inmobiliaria se acercó a ellos ofreciéndoles, extrajudicialmente, "un acuerdo" para que se fueran: $ 40.000 en la mano, $ 40.000 de una vez y se van.
Foto: M. Bonjour

"Nosotros le dijimos al señor que con eso no hacíamos nada. Si nos ayudaba a buscar otro lugar para irnos, sin problema, pero con eso no podemos vivir", señala Florencia, cuyo trabajo de medio horario le supone solo $ 6.000 por mes.

Entre los consultados para esta nota, el propietario que pagó el precio más elevado para que abandonaran su propiedad desembolsó $ 145.000 (unos US$ 5.000).

De un lado, una persona que pagó miles de dólares por algo que le está siendo arrebatado. Del otro, personas que no tienen un techo bajo el cual cobijarse. Ni la ley (que defiende tanto el derecho a la propiedad privada como el de la vivienda) ni los operadores judiciales han podido llegar a un consenso sobre el delito de usurpación y los ocupantes precarios.

Algunos, como el fiscal Gustavo Zubía, opinan que el delito de usurpación es gravísimo y que debe perseguirse como tal: por la vía penal. Cuando eso ocurre, el desalojo puede darse en hasta 48 horas. O bien concederse un plazo "prudencial", de alrededor de unos 15 días, para que los ocupas se retiren. La odisea legal acaba relativamente rápido.

La opción "B", que según inmobiliarios y escribanos consultados es la más utilizada, es la vía civil. "A veces no depende del demandante, es el operador judicial quien, por razones humanitarias, deriva el caso a la sede civil", explica el fiscal. Ahí es cuando la batalla se dilata. Puede durar más de un año.

Ceretta, del consultorio jurídico de la UdelaR, se para en la otra vereda: "Por un lado tenemos el acceso a la vivienda como un derecho garantizado, pero por otro lado la política del Estado no solo ha desconocido este derecho, sino que hasta lo criminaliza", sentencia. Salvo en casos excepcionales en los que el ocupante cumple una serie de requisitos y pasaron más de cinco años, el juicio tiene un final previsible: el desalojo.

"Lo que se busca en estos casos es dilatar. Ganar tiempo para conseguir una solución" con el Ministerio de Vivienda, el Mides o INAU, dice Ceretta. Cuando hay niños o embarazadas involucrados, las prórrogas son más largas.

Es entonces cuando los propietarios optan por la salida rápida, y pagan abultadas sumas para que los denunciados se vayan y ahorrarse el juicio.

"Se ve que yo no soy humanitaria, porque nunca derivé un caso a la Justicia civil", ironiza la fiscal Brenda Puppo. "Es un delito, y aunque se intenta hacer un acuerdo, si pasado el plazo no se retiran hay que desalojarlos compulsivamente", opina.

Los interesados en desalojar a Carlos y a Florencia, no son los dueños, son potenciales compradores. "Estamos evaluando si conviene o no comprar con ocupas", dijeron, consultados por El País. "A los propietarios no les interesa sacarlos, venden así y que se encargue el comprador", agregan. Esta es una práctica común; casi como venderlo con deuda.

Pero hay otros casos en los que perder una vivienda tantos meses no es una opción económicamente viable para el propietario. Zubía recuerda el caso de una pareja que había comprado una vivienda en Pocitos para vivir y mientras la reformaban fue ocupada. "La mujer lloraba cada vez que pasaba y la veía con gente. Cuando ganamos el juicio se abrazaban y besaban", recuerda.

A unas cuadras de lo de Pedro, el que compró la llave por $ 300, un grupo de jóvenes toma mate en las escaleras de una casa de aspecto considerablemente más descuidado que el resto. Ellos no son ocupas, advierte uno de los hombres. No son ocupas, pero: ¿por qué es justo que otros tengan casas "tiradas, sin darles bola" cuando él no tiene dónde vivir? Hipotéticamente, si lo fueran, sería "muy injusto" que los sacaran de donde viven, explica.

Junto a él, en una reposera, una mujer con pinta de ser la que manda en la cuadra, también asegura que "no es ocupa", pero parece muy interesada en el tema: "¿Y si te mandan el desalojo y no te vas? ¿Qué pasa? ¿Te saca un policía?", increpa.

"Ah, te saca la cana sí", contesta una joven que está sentada con ellos, en la puerta de la casa de Ciudad Vieja que "no" está ocupada. "Yo fui ocupa. Era un tiempo en el que no tenía dónde vivir", se sincera. "Pidieron el desalojo y me fui. No esperé a que pasara el plazo. Mientras juntaba mis cosas estaba el milico al lado", relata.

Ella tuvo menos suerte. Otros marchan, aunque sin techo, con los bolsillos con unos pesos o algunos miles de dólares, depende de la paciencia de quien se disponga a sacarlos.

Expropian para hacer cooperativas

No es lo mismo una casa abandonada que una deshabitada u otra que esté en estado ruinoso. Para las primeras, la Intendencia de Montevideo (IM) tiene en marcha un proyecto para hacerse (de momento) de unas 20 fincas abandonadas de los Municipios B y C (de un total de 339 que detectaron en todos los departamentos). Sin embargo, avanza más lento que lo deseable debido a que "las herramientas legales que tiene la comuna son limitadas", explica la directora de Desarrollo Urbano, Silvana Pissano. "La Ley de Ordenamiento Territorial permite pagando lo justo y en nombre del bien común" que el Estado se apropie de inmuebles, explica. "El abandono de ciertos inmuebles se configura como un foco complejo porque a veces se ocupan ilegalmente, sin condiciones dignas de habitabilidad", señala Pissano. Dice que si bien el plan es departamental, el problema de los inmuebles abandonados se da "en todo el país".

El Fondo Rotatorio Solidario (Foroso) es el encargado de decidir qué se hará con los inmuebles expropiados. Pissano, que lo integra, explica que se están juntando con diferentes organizaciones sociales que quieren las fincas expropiadas para determinar si se las adjudicarán.

"Pero el destino principal que queremos para estos inmuebles es incluirlos en la cartera de tierras. La cartera es un instrumento de redistribución urbana que justamente se dispone para la construcción de viviendas de interés social o cooperativas de viviendas", explica la directora de Desarrollo Urbano.

Uno de los objetivos de recuperar este "suelo urbano" es que la ciudad no siga extendiéndose en la periferia y que más familias puedan acceder a vivir en la "ciudad consolidada", es decir, los municipios en donde están todos los servicios básicos (luz, saneamiento, recolección de basura, limpieza, transporte urbano).

Las 20 fincas están "en diferentes estadios" del proceso para que la IM se las apropie. "Además tienen deuda con la intendencia por un monto que casi supera a su valor de tasación", dice Pissano. En el último censo, el del año 2011, se detectaron 43.000 "viviendas vacantes" en todo el país.