En las últimas 3 administraciones, el Frente Amplio ha tenido episodios en los cuales su capacidad de acción es capturada por el interés de algunos sectores, que anteponen sus agendas ideológicas, sus batallas históricas y sus opiniones infundadas frente a criterios más objetivos (o al menos, más defendibles) de bienestar social y conveniencia. Atrás suele venir la voz de Danilo Astori (la piedra en el zapato para muchos dentro de su propia fuerza política) con su oposición férrea, que busca inyectar algo de lógica y razón en el caos del cortoplacismo y las verdades a medias.
Quizás esta vez, con la solución que plantea el Frente Amplio al problema de los cincuentones, ese juego entre "buenos" y "malos" (que ha permitido a la izquierda uruguaya perduar durante tres administraciones sin los excesos que caracterizaron al progresismo en otros lugares de la región), haya llegado demasiado lejos.
Con la excusa de solucionar un problema de diseño del régimen previsional en su reforma de 1996 y luego agravado por sucesivas enmiendas, el PIT-CNT y sus sectores más afines dentro del Frente Amplio buscan aplicar una fórmula que solo se entiende si lo que se persigue es dañar a las AFAP sin importar los costos sociales en el camino.
El proyecto a estudio dentro del Parlamento pretende que la primera generación de jubilados abandone, 10 años antes de retirarse, sus cuentas de ahorro personal y el Estado les garantice los beneficios del régimen anterior, ese mismo que fue sustituido por insostenible.
Si efectivamente la preocupación del PIT-CNT y los sectores más a la izquierda dentro del Frente Amplio es resolver una injusticia que afecta únicamente a 70.000 uruguayos de ingresos medio-altos y altos (algo que contradice el discurso distribucionista y popular de estos sectores), la solución propuesta es resbuscada y absolutamente desproporcionada.
¿Por qué la sociedad uruguaya debería destinar US$ 3.700 millones para darle a una minoría dentro de una única generación, beneficios jubilatorios excepcionales? ¿No hay otras prioridades que demanden ese dinero?
Hay otras soluciones al problema que involucran menos recursos, que compensan de manera adecuada (aunque más modesta) la injusta situación de los cincuentones. Lo plantearon ante el Parlamento los expertos Rodolfo Saldain, Álvaro Forteza y Ariel Davrieux, cada uno a su manera.
Alcanza con reinterpretar el texto original de la reforma y forzar al BPS a que tome en consideración la totalidad del salario previo a 1996 para calcular las jubilaciones. Esto no supondría un beneficio a los damnificados tal como propone la opción a estudio en el Parlamento, pero es un esfuerzo suficiente por parte de la sociedad a un problema que si bien es justo atender, dista de estar en el tope de la lista de prioridades.
Forteza fue aun más lejos. Planteó que como contrapartida por el esfuerzo que la sociedad realiza, se le pida al trabajador beneficiado por esta medida que postergue hasta los 65 su edad de retiro. De esta manera, el costo asociado para el Estado será mucho menor y el trabajador recibiría a la vez un beneficio considerable.
El astorismo propuso en estos días una solución alternativa que se aproxima a la que dejaron ver los expertos en el Parlamento. Que esos aportes previos a 1996 que no serían reconocidos con la regulación actual, se vuelquen a las cuentas individuales de AFAP de los cincuentones.
Los técnicos del sector estiman que los costos se reducirían casi 70 % respecto a la solución actual, hasta US$ 1.200 millones. Sin embargo, lejos de dañar el régimen de AFAP, esto lo fortalecería y por lo tanto, hay una fuerte reticencia dentro del Frente Amplio a discutir esa propuesta.
Otra alternativa que ayudaría a reducir los costos asociados al proyecto actual pasa por postergar el momento de decisión de salirse o quedarse en el régimen de AFAP al instante mismo en que el trabajador se retire.
¿Por qué adelantar la decisión en base a proyecciones aventuradas? ¿Qué gana el trabajador con decidir hoy su desafiliación al régimen de AFAP? Es muy probable que al momento de reitrarse, muchos descubran que no les conviene migrar del sistema debido a cambios imprevistos en su situación laboral en sus últimos años de actividad o a que postergaron unos años más de lo que pensaban su edad de retiro. El instituto Ceres plantea esta alternativa y tiene sentido atender ese punto.
Lo cierto es que, más allá de la solución que finalmente se ejecute, lo que está en discusión hoy no es solo la situación de la primera generación en jubilarse por el régimen mixto. La discusión está contaminada por el interés de la central sindical y sus aliados dentro del Frente Amplio por desarticular el sistema de AFAP. Esa lucha, se comparta o no, es legítima. Lo que es más difícil justificar es la disposición a derrochar sumas millonarias que amenazan la situación financiera del país sin una clara contrapartida en el beneficio social. Eso resulta intolerable.
Fuente: El Observador
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