En el programa en Perspectiva que se transmite en cx 12 radio Oriental entrevistaron en dos diferentes programas a integrantes del Frente Amplio como militantes y como integrantes del gobierno nacional, en relación al TLC o ACE (Acuerdo de Complementación Económica) según indicó el ministro R. Nin Novoa, que los gobiernos de Uruguay y Chile firmaron en el mes de octubre de 2016.
EMILIANO COTELO (EC) —El canciller Rodolfo Nin Novoa protagoniza en estos días un nuevo desencuentro con varios sectores del Frente Amplio (FA).
El tratado de libre comercio (TLC) que los gobiernos de Chile y Uruguay firmaron en octubre del año pasado está generando dudas y críticas en varias agrupaciones oficialistas que tienen pendiente la ratificación del acuerdo en el Parlamento.
La semana pasada, Nin Novoa se reunió con el Secretariado Ejecutivo del FA, allí defendió el TLC y respondió consultas sobre su alcance. En esa oportunidad sostuvo que sería “una muy mala señal” que el Poder Legislativo no refrendara el texto.
El lunes abordamos el tema con el economista Gustavo Buquet, asesor de Casa Grande, uno de los grupos que cuestionan el acuerdo.
Para conocer ahora los argumentos del Poder Ejecutivo, estamos con el canciller Rodolfo Nin Novoa.
La discusión sobre este tema venía bastante quieta hasta que el senador Luis Lacalle Pou anunció que el Partido Nacional (PN) estaba dispuesto a darle los votos al gobierno para ratificar el TLC.
De algún modo, Lacalle Pou se volvió un aliado suyo…
RODOLFO NIN NOVOA (RNN) —El que resuelve esto es el Parlamento en su conjunto y los votos pueden venir de varios sectores y de varios partidos políticos. Y fijar posición, como lo hizo el senador Lacalle Pou, obviamente para nosotros es un apoyo. Porque por algo hicimos esto, para que saliera, no para que no saliera.
EC —¿Se siente de algún modo más cerca del PN que del FA en política exterior?
RNN —No, no. Me parece que la política exterior tiene que ser una política de Estado, es lo que hemos tratado de hacer en estos dos años y medio de gestión, ver cómo conciliamos las posiciones, vamos informando qué es lo que estamos haciendo. Muchas de las posturas de Uruguay han sido consensuadas y consultadas con representantes de todos los partidos políticos. En fin, a veces me siento cerca y a veces me siento lejos, pero la política exterior tendría que ser producto de un gran acuerdo que identificara los términos de referencia que Uruguay debería tener para insertarse en el mundo. Porque exterior es fuera de fronteras y ahí está el mundo.
EC —Le propongo escuchar lo que dijo el senador Lacalle Pou en el congreso de su sector, Todos, en Trinidad, Flores.
(Audio Luis Lacalle Pou.)
El otro día se dice por parte del gobierno que se pasa vergüenza cuando se junta con la Bachelet. El presidente dice “cada vez que la veo poco menos que tengo que pasar por el costado porque firmé un TLC con Chile, modifico mi relación internacional y el Parlamento no me lo vota”. Domingo 11.50 le podemos dar un mensaje al gobierno de enorme tranquilidad, decirle que el martes en el Senado tiene los votos para votar el TLC con Chile.
(Fin audio.)
EC —¿Es así? ¿Ustedes pasan vergüenza cuando se cruzan con la presidenta Bachelet?
RNN —No, no, no es tan así. Nosotros estuvimos con la presidenta Bachelet en ocasión del congreso sobre las enfermedades no trasmisibles, tuvimos una larga reunión con ella y con el presidente Cartes, el presidente Cartes salió antes, nos quedamos con ella y hablamos del tratado.
Ella comprende cuáles son las dificultades parlamentarias; en Chile tampoco lo han ratificado parlamentariamente.
EC —Ese es un punto que vale la pena incorporar. ¿Cuál es el problema en Chile?
RNN —Ninguno. Son los tiempos parlamentarios, van surgiendo otros temas en la agenda parlamentaria que van posponiendo y postergando otros. Aquí es verdad que se ha hecho un centro de discusión fuerte sobre este tema, pero también han aparecido otros proyectos de ley que han desplazado del eje de la discusión el tratamiento del acuerdo comercial con Chile. Están el tema de los cincuentones, el tema de la reforma de la caja militar; hay otros temas a los que se les ha dado urgencia y se ha dejado de lado la posibilidad de analizar y votar este.
EC —Fue el propio presidente Vázquez quien mencionó las conversaciones con la presidenta Bachelet, que esta le preguntaba por el asunto.
RNN —Sí, es una manera de decir, pero nunca hubo un reproche ni una demanda.
EC —Vamos al tratado. Vale la pena refrescar algunas características básicas. Es un acuerdo que involucra solo los servicios, porque el intercambio de bienes con Chile está desgravado de antes por otros acuerdos…
RNN —Sí, por el ACE 35.
EC —¿Por qué firmar entonces? ¿Cuáles son, a su entender, en general, las ventajas de un entendimiento de este tipo?
RNN —En primer lugar, porque los servicios son cada vez más importantes en el Uruguay, hay un millón de personas que trabajan en los servicios en Uruguay. Porque el Uruguay se ha ido especializando en materia de servicios, y porque los servicios al fin y al cabo son los que terminan de arreglar las cuentas públicas a fin de año, entre otras cosas con el turismo.
En consecuencia, nadie puede discutir la importancia de los servicios en la economía, y más allá de que el 75 % de las exportaciones de bienes vienen del sector agroindustrial, los servicios andan entre los US$ 3.000 y US$ 4.000 millones de dólares de exportaciones, cifra difícil de determinar porque los métodos para determinar estas cosas no son muy confiables. Pero no solamente en servicios abordamos este acuerdo comercial, que tampoco es un tratado de libre comercio.
Me preguntan si el formato de los TLC es el más adecuado para llevar adelante acuerdos comerciales y la verdad es que no existe un formato de TLC, no hay un solo formato, hay tantos como países quieran acordar y poner los temas dentro de un acuerdo.
EC —Lo cierto es que el término TLC ya genera alarma en algunos sectores de la población y en algunos grupos políticos.
RNN —Pero lo más significativo de esto es que no se va a denominar TLC, porque esto el día que se sancione hay que inscribirlo en la Aladi y entonces va a ser un ACE, un acuerdo de complementación económica, que tendrá un número. Así como con Chile tenemos un número, el ACE 35, el ACE 58 con Perú, el ACE 60 con México, este será el ACE 70, no sé. Y guiarse por el término TLC como un cliché indudablemente es una visión equivocada del abordaje del análisis.
EC —Vamos a detenernos en las críticas, y de paso vamos a ir recorriendo cómo es el texto del acuerdo. El lunes cuando entrevistamos al economista Gustavo Buquet, de Casa Grande, una de las objeciones era “Uruguay firma lo que le dan…
RNN —Mentira.
EC —… no tiene equipos sólidos para entablar negociaciones de estas características”.
RNN —Eso es un atrevimiento, decir una cosa de esas es un gran atrevimiento.
EC —Según Buquet, Uruguay no está preparado de la misma forma que Chile, que tiene larga experiencia, más de 25 TLC ya firmados, etcétera.
RNN —Es un gran atrevimiento. Disminuir así a los funcionarios de la Cancillería, a los negociadores, no solo de la Cancillería, porque aquí trabajaron 10 ministerios, trabajó el Ministerio de Industria, trabajó el Ministerio de Salud, trabajó el Ministerio de Economía, trabajó el Ministerio de Ganadería… Entonces decir eso es un capitis diminutio sobre los funcionarios de la administración, entre los cuales están, obviamente, funcionarios frenteamplistas, a los que se trata de incapaces. Eso me indigna mucho.
EC —Sin embargo es un hecho…
RNN —No, no es un hecho.
EC —… que Chile tiene una experiencia gigantesca en negociaciones.
RNN —Sí, pero nosotros no somos bobos, no somos dormidos. Hay gente muy inteligente, muy preparada, que ha trabajado esto con ahínco, con esmero, con dedicación, con profesionalismo y conociendo las realidades. Nosotros no firmamos lo que nos den. Eso es bastante sublevante.
EC —Otra cosa que dijo el economista Buquet: “Nunca Uruguay propuso un tratado desarrollado por Uruguay; se toman los formatos que hicieron los países desarrollados y sobre eso se trabaja”.
RNN —No, no es verdad. Lo primero que se hace es poner los términos de referencia, y nosotros propusimos los términos de referencia y ellos propusieron otros. Eso es una fantasía inventada no sé con qué intención. Este tratado es el único del mundo que tiene un capítulo de comercio y género.
EC —¿Qué quiere decir eso?
RNN —Se estimula la participación de las mujeres a través del capítulo 14, que establece en sus disposiciones generales que “las partes confirman su intención de seguir esforzándose en implementar desde una perspectiva de derechos sus respectivos compromisos internacionales en materia de género, en particular aquellos convenios prioritarios relacionados con igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, protección de la maternidad, conciliación de la vida laboral y familiar, trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos, responsabilidad familiar, entre otros”.
Y allí en materia de cooperación se incluyen programas orientados a “fomentar el desarrollo de las habilidades y competencias de las mujeres en el ámbito laboral, empresarial y social, la mejora en el acceso de las mujeres a la tecnología, ciencia e innovación, la promoción de la inclusión y educación financiera, el desarrollo de las redes de liderazgo de mujeres, mejores prácticas laborales para la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, fomento y participación de mujeres en cargos de decisión en el sector público y privado, fomento del emprendimiento femenino, salud y seguridad en el trabajo”.
Y se establece un Comité de Género que estará integrado por “representantes de sus instituciones gubernamentales responsables en materia de género y comercio y que facilitará el intercambio de información sobre las experiencias y lecciones aprendidas, discutir cualquier propuesta para futuras actividades”, en fin.
EC —¿Por qué resalta ese capítulo?
RNN —Porque es la prueba de que no adoptamos un modelo único de TLC, este modelo no existe en el mundo.
EC —De todos modos, hay párrafos, hay capítulos que se parecen mucho a otros tratados, incluso firmados por Chile mismo.
RNN —Sí, pero ¿qué problema hay con eso? El objetivo de los dos gobiernos es fortalecer los lazos especiales de amistad y cooperación entre los pueblos. Es contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y potenciar una mayor cooperación internacional. Es crear un mercado más amplio y seguro para los bienes y los servicios en sus respectivos territorios.
Y después vamos a hablar de las regulaciones, porque dicen que este tratado liberaliza y desregula, y es todo lo contrario. El término regulación está metido en el tratado no menos de 200 veces, se regula. Un tratado de estas características lo que hace es regular para ordenar el comercio, para saber cuáles son las reglas de juego, para saber a qué hay que atenerse, para saber cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder ingresar con servicios en este caso al otro país. Entonces decir que firmamos lo que venga, que somos incapaces es parte de un gran desconocimiento y de un cliché que hay en la cabeza de mucha gente con el tema TLC.
En vez de llamarse TLC se puede llamar ACE, en rigor esto no se llama tratado de libre comercio, se llama acuerdo comercial de última generación entre Uruguay y Chile.
EC —El ministro Nin está leyendo párrafos y la tapa del texto completo del tratado. Otra de las observaciones: varios sectores frenteamplistas sostienen que no recibieron un estudio de impacto en la economía de nuestro país a raíz de este tratado.
RNN —No es necesario hacer un estudio de impacto.
EC —¿Cómo es eso?
RNN —Porque en lo que respecta a lo más tangible en el comercio entre los dos países, que es el intercambio de bienes, ya está hecho, ya está consagrado en el TLC Mercosur-Chile. El impacto en otros sectores, como el comercio transfronterizo de servicios, es complejo de medir porque las estadísticas son muy fragmentadas y poco confiables. Lo que tenemos determinado es que el impacto en esta materia puede significar un ahorro de los costos de exportación de servicios del 3 %.
Y 3 % en un negocio internacional puede ser la diferencia entre la rentabilidad y la no rentabilidad.
Como hay normas de facilitación de comercio, de coherencia regulatoria, lo que se hace es acordar que los trámites aduaneros y de intercambio tienen que ser facilitados, tienen que ser fáciles, tienen que ser fluidos, tienen que ser ágiles. Y eso indudablemente significa un ahorro en los costos de exportación. Calculamos que el beneficio directo, en una estadística de mínima, son unos US$ 4 millones por abaratamiento de los costos del comercio entre Chile y Uruguay.
EC —¿Y no hay perjuicios?
RNN —Perjuicios… Hay que entender que el derecho de los tratados tiene una norma fundamental que es hacerlo de buena fe. No creo que haya perjuicio. Los productores de software, por ejemplo, van a beneficiarse con cerca de un 25 % de incremento en sus operaciones. Sobre los bienes, ya está todo desgravado. También se habló de que había que proteger el vino…
EC —Lo dijo el senador José Mujica.
RNN —El vino ya está desgravado, e Inavi tiene tantas regulaciones y reglamentaciones que es bastante difícil entrar a Uruguay con vino. Por ejemplo, se puede entrar solamente con botellas de 750 mililitros, no se puede entrar con damajuanas de 2 litros ni de 5 litros ni de 10 litros.
EC —De todos modos, eso no tiene nada que ver con este tratado.
RNN —No tiene nada que ver. Como la pesca no tiene nada que ver. Se llegó a hablar de que los jubilados podían perder poder adquisitivo si se aprobara este tratado. La normativa laboral uruguaya es superior a la chilena, lo que puede hacer en todo caso es beneficiar a los trabajadores chilenos. Porque hay también un capítulo sobre normas laborales que dice claramente que no se puede usar la política laboral como dumping social, no se puede competir en base a bajos salarios.
Hay todo un capítulo de derechos. Eso lo negoció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el subsecretario Loustaunau. Así que me parece que hay mucho cliché, mucho preconcepto, y si Uruguay no ratifica este tratado, primero, es una pésima señal para un país amigo como Chile.
Y en segundo lugar, augura un futuro negro para las relaciones internacionales de Uruguay, porque si no votamos esto, imagínese cuando venga la discusión con China, con la Unión Europea, que estamos llevando adelante, con Corea del Sur, con Japón, con Canadá. Nos vamos a aislar acá y no vamos a negociar absolutamente nada.
EC —Algunos oyentes, a partir de lo que escucharon en la primera parte, dicen que lo notan enojado, ofendido con algunas de las críticas que ha recibido.
RNN —Vehemente…
EC —¿Vehemencia es el término que usted prefiere?
RNN —Sí, porque creo en lo que estoy diciendo, entonces lo digo con énfasis. Yo soy un tipo muy componedor, no me enojo fácilmente, pero digo las cosas con convicción y con firmeza. Este es un buen tratado, que tiene temas muy importantes, tiene capítulos para evitar el dumping social, que era lo que recién decíamos sobre las normas laborales. No se puede hacer ni trabajo infantil, ni trabajo esclavo, ni trabajo con bajos salarios para producir servicios o bienes en base a bajos salarios.
Tiene un capítulo de preservación ambiental, intenta no destruir el medioambiente para producir bienes o servicios. Tiene un capítulo anticorrupción y de transparencia; creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto. Tiene un capítulo de coherencia regulatoria, tiene un capítulo que levanta los obstáculos técnicos al comercio. No hay ningún organismo entre Uruguay y Chile en el que se pueda presentar una queja sobre comercio y este tratado lo crea.
Y hay plazos, hay normas y regulaciones, hay reservas a futuro. Me parece que es un tratado lleno de beneficios para Uruguay, porque ordena, no desregula, regula las normas de comercio. Me parece que no votar este tratado es una pésima señal para Uruguay, con un pronóstico muy malo para toda su inserción internacional.
EC —Este tratado está elaborado en base a listas negativas. Es un acuerdo que liberaliza todos los servicios excepto los que aparecen excluidos a texto expreso en el tratado. Todo lo que no se establezca en esas listas está incluido. El tratado se aplica a todos los servicios salvo servicios financieros, contratación pública, servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales, subsidios o donaciones otorgados por una parte o una empresa del Estado, incluidos préstamos, garantías y seguros apoyados por el Gobierno y los servicios de telecomunicaciones.
RNN —Propiedad intelectual también.
EC —Justamente este aspecto es centro de objeciones. Los críticos señalan que este formato tiene dos problemas. Uno, que así, de hecho, se liberalizan sectores que todavía no existen y que podrían necesitar cierto “resguardo” por parte de Uruguay. Por ejemplo, sectores con alta innovación tecnológica. De ahí que sostienen que este formato de listas negativas es una suerte de cheque en blanco. Y por otro lado, dicen que al liberalizar todos los servicios, salvo aquellos que están expresamente excluidos, no se puede evaluar sector por sector dónde Uruguay sería más competitivo o Chile sería más competitivo, y por lo tanto si a Uruguay le conviene o no liberalizar. ¿Qué dice usted?
RNN —Si se lee bien el tratado, el articulado, hay dos opciones para los nuevos servicios.
Una, pueden ser comprendidos por las fichas que aplican reserva para todos los sectores, del anexo 2, que son reservas a futuro y la segunda es que si el nuevo servicio es tan innovador, tan nuevo que no cae dentro de estas fichas, se aplica la normativa nacional.
EC —El economista Buquet mencionaba un ejemplo: ¿quién podía pensar hace cinco o seis años que iba a existir la impresión 3D? Con un tratado como este, quedaría liberalizada por no haber sido mencionada a texto expreso en la lista negativa.
RNN —No es así. Los nuevos servicios del futuro siempre quedan amparados en la normativa nacional, el Estado tiene facultades para regular los nuevos servicios. Eso es bien claro, no es como en el TISA, que tenía una llamada “cláusula trinquete”, según la cual una vez que usted liberalizaba algo, no podía echar para atrás. Aquí se puede no solo volver a regular…
EC —Ah, ¿eso se puede?
RNN —Se puede.
EC —Se lo repregunto porque de este punto se ha hablado también.
RNN —Se ha hablado equivocadamente.
EC —De todos modos, ¿por qué en vez de listas negativas no se puede ir por listas positivas en las que Uruguay diga “estos son los sectores que yo libero”? ¿Por qué no se puede ir por ese camino?
RNN —Se puede ir por cualquier camino, pero elegimos este porque nos pareció que era el más adecuado, porque la lista positiva es establecer el statu quo, queda liberado lo que ya está, se le da un formato de reafirmación. Y después están las reservas a futuro que abarcan muchísimos sectores, y las nuevas creaciones, los nuevos servicios quedan amparados en la norma nacional. El Estado no pierde la facultad regulatoria en ningún momento, porque eso es lo que acordamos de buena fe con los chilenos.
EC —Por otro lado, los críticos señalan que hay cláusulas abusivas, por ejemplo la de “nación más favorecida”, la de “trato nacional o la de “statu quo”. Veamos cada una de ellas.
RNN —La de nación más favorecida es que yo les puedo dar mejores condiciones a otros países sin tener que dárselas obligatoriamente a Chile. Eso no es abusivo, al revés, es la reafirmación de la autonomía de Uruguay. El trato nacional significa, en términos sencillos, que las cosas mías son más importantes que las de los demás, que no son iguales a las de los demás.
EC —La interpretación que hacía el economista Buquet era totalmente distinta…
RNN —Pero está equivocado.
EC —… que la cláusula de nación más favorecida implica la extensión automática de cualquier mejor tratamiento, que se conceda o se haya concedido a una parte, del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional. Significa Chile que adquiriría las mismas concesiones que Uruguay les diera a Argentina, Brasil o Paraguay, a cualquiera de los miembros del Mercosur en este caso.
RNN —Para todos los sectores las obligaciones afectadas, trato de nación más favorecidas, artículo 7.4, dice: “Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el tratamiento a países limítrofes, con el fin de facilitar intercambios limitados a las zonas fronterizas continuas de servicio que se produzcan y consuman localmente”. Esto es para el Mercosur, o sea que tiene una lectura equivocada.
Trato de nación más favorecida para todos los sectores: “Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue tratamiento diferencial a países de acuerdo con cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral vigente o firmado con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo, en materia de aviación, pesca, asuntos marítimos, incluyendo el salvamento”. ¿Sigo?
EC —O sea que es al revés.
RNN —Es al revés.
EC —En esa materia, en la de nación más favorecida, se prevén salvaguardas.
RNN —Claro, no hay obligación de pagarle a Chile con la misma medida.
EC —Y decía el economista Buquet: “La cláusula de trato nacional implica que las empresas chilenas, en este caso, o de cualquier país con el que se firmara un acuerdo de estas características, pasan a tener el trato nacional. O sea que Uruguay va a tener que otorgar cualquier política que quiera desarrollar en el futuro a las empresas chilenas”.
RNN —No. Como son materias de servicios, ahí hay algunas exigencias. Por ejemplo, la de radicación de la empresa. Le leo una, a ver si el trato nacional en materia de pesca es igual: “Trato nacional. Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relativa al artículo 7.5, excepto para los siguientes sectores y subsectores, sujeto a las limitaciones y condiciones que se listan a continuación. Para los sectores incluidos en las […] medidas concernientes a la entrada y permanencia temporal, para las siguientes categorías de personas naturales, personal transferido en una empresa establecida en territorio de Chile, que son transferidos temporalmente para el suministro de un servicio mediante presencia comercial en territorio uruguayo, gerentes, personas que se encargan de la dirección de la organización o de algunos de sus departamentos, ejecutivos, especialistas, plazo de permanencia de gerentes, personas de negocios, representantes de un proveedor de servicios que ingresan temporalmente en el territorio de Uruguay para concluir acuerdos de venta de esos servicios para ese proveedor de servicios, plazos de permanencia”, en materia de pesca los barcos tienen que ser nacionales, de bandera nacional, con tripulación nacional, con capitán nacional, con jefe de radio nacional… Es un tratado que resguarda mucho los servicios nacionales, los servicios de pesca, los servicios de transporte, los servicios de aviación, infinidad de servicios. El trato nacional es exactamente al revés de lo que dice el economista Buquet.
EC —Otro de los cuestionamientos es que el TLC establece que cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). De hecho, el gobierno ya envió, poco después de mandar al Parlamento el TLC…
RNN —No, antes, lo mandamos antes.
EC —Ah, se mandó antes. Mandó un proyecto de ley a esos efectos, que todavía no ha sido aprobado. Y este tratado, que agilita el trámite de patentes en todos los países que lo han firmado, ha provocado alertas, temores acá en Uruguay, concretamente en la industria farmacéutica.
RNN —Sobre esto quiero decir varias cosas. En primer lugar, este es un tratado para proteger a nuestros investigadores, para ayudar a la investigación nacional, no se hace con otro objetivo más que ese. Hay 158 países metidos en el tratado, en el PCT y entre esos están los dos productores más grandes de genéricos del mundo, India y Brasil.
“Hacer los mejores esfuerzos” por entrar en ese tratado, como se incluyó, significa eso. Estamos convencidos de que Uruguay tiene que entrar en ese tratado, porque las investigaciones en Uruguay se patentan en Israel, y queremos que se patenten en Uruguay. Para inscribir una patente hoy, al no estar en el Tratado de Cooperación de Patentes, el PCT, tiene que hacerse por el Tratado de París.
Y el Tratado de París significa que usted tiene que registrar el invento en cada país, en el idioma de cada nación donde usted quiere que se proteja ese invento. A la quinta o a la sexta iniciativa presentada en un país se lo roban. En cambio el PCT lo resguarda para todo el mundo durante un tiempo prudencial.
EC —Eso es una ventaja desde el punto de vista de los investigadores uruguayos.
RNN —Claro, y ese es el objetivo con el cual lo propusimos.
EC —Pero si lo vemos del lado de la industria farmacéutica, que es una industria que trabaja básicamente con fármacos de dominio público, los denominados genéricos, ellos entienden que si Uruguay adhiere al tratado va a haber un patentamiento masivo que va a sacar a varios medicamentos del dominio público. Y que entonces para poder seguir produciéndolos estas industrias uruguayas van a tener que pagar el patentamiento, lo que va encarecer su precio y va a favorecer los monopolios de la única empresa que tiene la patente y por ende fija el precio que quiere.
RNN —No. Yo esto lo hablé específicamente con el Ministerio de Salud Pública y me dijo que no era así. Cuando fue a visitarme la industria farmacéutica me dio un solo argumento para no ingresar al PCT: que era tener el PCT como moneda de cambio en el tratado con la Unión Europea, nada más.
EC —¿Puede explicarlo un poco mejor?
RNN —Ellos deberían explicarlo un poco mejor, porque eso fue lo que me quedó en la memoria.
No me hicieron un alegato a favor de que los remedios se iban a encarecer. Y lo mismo me dijo el ministro de Salud Pública. El objeto del ingreso al PCT es el fomento de la investigación nacional y la defensa del patentamiento uruguayo de invenciones de aquí para adelante.
EC —Otro punto. Se señala que muchas de las cláusulas y formatos, como el de las listas negativas, también están presentes en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, el TISA, que ya fue rechazado por el FA. Entonces hay sectores que manifiestan su sorpresa por el hecho de que la Cancillería reincida con este tipo de acuerdos cuando conceptualmente ya tuvieron una postura contraria dentro del FA.
RNN —No es la Cancillería, es el gobierno, 10 ministerios trabajaron en esto. El TISA no entró en esta administración, fue la administración anterior la que ingresó el TISA. Después el FA dijo que saliéramos y salimos. Pero hay que seguir mejorando, regulando los acuerdos sobre servicios, ¿nos vamos a quedar parados y dejar que se compita de una manera desregulada, liberalizada, donde todo el mundo pueda…? Al revés, lo que queremos es precisamente regular las actividades de servicios y promover los servicios nacionales.
EC —De todos modos, teniendo en cuenta los comentarios que acabo de reseñar, algunos de los cuales tienen historia, como el debate que se dio a propósito del TISA…
RNN —No hubo ningún debate sobre el TISA, sobre el TISA nadie debatió nada. ¡Pero si este tratado ni siquiera se está debatiendo en el Parlamento!
EC —Tanto se debatió que quedó por el camino lo que estaba en marcha.
RNN —Sí, pero no se debatió, no había nada concreto todavía.
EC —Pero mi pregunta es: ¿por qué no hubo un entendimiento dentro del FA antes de negociar con Chile?
RNN —Porque es potestad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo por mandato constitucional es quien hace los tratados, firma los tratados de comercio con otros países, y el Poder Legislativo es el que los ratifica. Son competencias exclusivas, indelegables del Poder Ejecutivo.
EC —Pero en el primer gobierno Vázquez, cuando estuvo la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, primero existió el debate…
RNN —No, el debate fue dentro del gobierno.
EC —… al punto de que finalmente no se recorrió ese camino.
RNN —Fue dentro del gobierno.
EC —Y acá, ¿no pudo haberse negociado con el FA para evitar que después aparecieran estas objeciones, estos frenos?
RNN —Nos llevaba mucho tiempo. Nosotros hicimos esto, hicimos todas las consultas con las cámaras, con los trabajadores, con todo el mundo. Todo el mundo que fue invitado participó y opinó. Se concluyó el tratado y ahora lo tiene el Parlamento. Además, en un hecho bastante insólito, la bancada de senadores del FA resignó competencias en materia constitucional y se lo pasó a la Carifa (Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio), no lo estudió la Cámara de Senadores, lo estuvo estudiando la Carifa. Para decir, digamos toda la verdad.
EC —Eso a usted le parece un error.
RNN —Total, yo senador estudio yo los proyectos y me asesoro con quien yo quiero, no paso el proyecto a un órgano partidario.
EC —Usted hace unos minutos, sin que yo llegara a preguntárselo, ya se pronunció a propósito de lo que implicaría un rechazo de este TLC. Para usted sería algo grave, al gobierno lo complicaría mucho.
RNN —Al país lo complicaría mucho. Porque nosotros no vinimos a hacer la plancha acá. Lo complica al país porque este es un precedente que queda en la historia de los tratados de comercio. Después los países van a decir: “¿Un tratado con Uruguay? ¿Para qué? Si te gastás, hacés las reuniones, viajás, discutís, acordás, y después en el último momento te dicen que no”.
EC —Los países que negocian con Uruguay saben esto que usted mismo acaba de decir, que en definitiva es el Parlamento el que tiene que dar la última palabra.
RNN —Por eso, en el Parlamento. Me extraña que una fuerza política que está en el gobierno, con mayoría parlamentaria, niegue la posibilidad de llevar adelante acciones que emprendió el Poder Ejecutivo y que son beneficiosas para el Uruguay.
EC —En ese caso, si ocurriera eso, ¿usted seguiría en el cargo? ¿No quedaría de algún modo desautorizado?
RNN —Queda desautorizado el presidente de la República también. El presidente de la República va a seguir y yo estoy a lo que diga el presidente de la República. Además hay mucha gente que quiere que yo me vaya.
EC —¿Cómo es eso?
RNN —Es así de sencillo.
EC —Hay mucha gente en el FA que quiere que usted se vaya.
RNN —Claro, claro, claro.
EC —¿Lo siguen identificando como un bicho raro dentro del FA, como un blanco, como un recién llegado? Porque de hecho usted viene del PN…
RNN —Recién llegado… recién llegado… recién llegado…
EC —Le pregunto.
RNN —Desde el año 94… recién llegado. ¡Por favor! He dado muestras de lealtad partidaria como no todos han dado.
EC —¿Entiende que ese antecedente sigue pesando?
RNN —No lo sé.
EC —Pero usted decía: no soy yo el que queda cuestionado, es el gobierno en todo caso.
RNN —Es el gobierno, porque trabajamos 10 ministerios.
EC —Pero si eso se da, ¿hay margen para renegociar con Chile, para, en función de los comentarios, las críticas, los puntos de vista que surgen dentro del FA, cambiar después el texto?
RNN —No, no, no, no hay margen.
EC —Es sí o no.
RNN —Sí.
EC —¿No hay otra alternativa?
RNN —No hay otra alternativa.
EC —¿Y la otra posibilidad, la de que el TLC salga adelante con los votos de una parte del FA y todos los de la oposición, que están ofrecidos?
RNN —El que tiene que resolver es el Parlamento, me parece que no puede haber una disciplina partidaria sobre este tema.
EC —Pero el gobierno ya ha marcado en otras ocasiones que el criterio es que tiene que votar todo el FA, sí o no.
RNN —Los criterios van variando. Me parece que este es de interés especialísimo del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Fue el presidente de la República quien acordó con la presidenta Bachelet el 15 de diciembre de 2015 profundizar el acuerdo vigente y ponernos a trabajar en este tema. Y lo que tiene que hacer el Parlamento es ratificarlo o rechazarlo.
Pero seguiremos con otros.
EC —Acaba de decir que es un acuerdo de interés especialísimo del presidente Tabaré Vázquez. ¿Eso quiere decir que en este caso podría cambiarse el criterio? ¿Podría, eventualmente, en aras de que saliera, buscarse el apoyo de la oposición para compensar los votos del FA que no se tengan?
RNN —Así como este tratado lo hicimos entre 10 y entre todo el gobierno, lo resolveremos entre todo el gobierno.
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ROMINA ANDRIOLI (RA) —Los tratados de libre comercio (TLC) vuelven a generar discrepancias dentro del Frente Amplio (FA). Esta vez la controversia es en torno a un TLC que el gobierno firmó con Chile.
El acuerdo fue rubricado en octubre del año pasado por el canciller Rodolfo Nin Novoa y su par chileno, Heraldo Muñoz, y desde enero está en el Senado esperando su ratificación.
La discusión venía demorada por diferencias en la interna frenteamplista en torno al impacto que puede causar en la economía local. En medio de ese debate, el senador Luis Lacalle Pou puso presión al oficialismo cuando le ofreció al presidente Tabaré Vázquez que podía contar con los votos de los blancos para sacar adelante la aprobación.
¿Qué está en juego con este tratado de libre comercio? ¿Qué consecuencias puede tener su ratificación parlamentaria?
Vamos a conversarlo con el economista Gustavo Buquet, asesor del sector frenteamplista Casa Grande.
¿Cómo describiría este TLC con Chile? Estamos hablando de un tratado que involucra solo los servicio. El intercambio de bienes con Chile está desgravado por otros acuerdos del pasado.
GUSTAVO BUQUET (GB) —Exacto. Primero me gustaría explicar que vengo por Casa Grande, no soy un experto en comercio. Como economista me he especializado en economía de la comunicación, por lo tanto lo que vengo a trasmitir es una postura política. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, que integra por ejemplo Natalia Carrau, que ha aportado mucho a la documentación que hemos manejado.
Dicho esto, y entrando al TLC, para empezar vamos a tratar de describirlo lo más objetivamente posible y luego entraremos a por qué hay grupos, especialmente nuestro grupo y otros grupos del FA, que planteamos que es necesario discutir este tema.
Con respecto a cómo se genera este TLC, lo primero que hay que decir es que Uruguay ya tiene acuerdos con Chile, esto es importante. Tiene un acuerdo de libre comercio de bienes; tiene un acuerdo bilateral de inversiones, similar a los que firmamos con Estados Unidos y con otros países, en los cuales en caso de controversias estas se definen en los tribunales de la CIADI –en este tratado Uruguay comprometió el 15 % de las compras del Estado–, y también tiene un acuerdo de doble imposición. Es decir, tenemos una relación comercial fluida con Chile.
El TLC que está en discusión en este momento en el Parlamento y en la ciudadanía –si no, no estaríamos acá– y por distintas fuerzas políticas es un acuerdo de servicios en el que en primer lugar se reafirman los otros tres acuerdos que se hicieron.
RA —Pero básicamente las novedades vienen por el lado de los servicios.
GB —Las novedades son por el lado de los servicios. Además este acuerdo tiene otras novedades que son positivas, tiene varios capítulos, uno referido a las condiciones laborales, uno referido al medioambiente, un capítulo de género y comercio, un capítulo de cooperación. Y tiene un capítulo vinculado a obstáculos técnicos al comercio que puede facilitar el comercio de bienes y no el comercio de servicios. Hay un conjunto de elementos que no necesariamente son críticos.
Pero el tema central del tratado, el capítulo 7, que es el acuerdo comercial transfronterizo de servicios, liberaliza en principio todos los servicios.
RA —Ese es un punto importante. Allí se menciona que este tratado de servicios está elaborado en base a listas negativas. ¿Qué quiere listas negativas?
GB —Las listas negativas son uno de los elementos que se integran a las negociaciones de servicios. Antes en todos los acuerdos de comercio, en los acuerdos de la OMC, antes de empezar a discutir tanto multilateralmente como bilateralmente se integraban las listas negativas. Los países cuando negocian seleccionan los sectores que no están dispuestos a liberalizar; eso son las listas negativas. Entonces los Estados de Chile y Uruguay se plantearon sacar del acuerdo dos sectores sumamente sensibles, que son las telecomunicaciones para Uruguay y los servicios financieros.
RA —En el caso de las telecomunicaciones estamos hablando de los servicios de Antel de comunicación.
GB —Los servicios de Antel. La otra cuestión que hay que mencionar es que hay excepciones. Además de la lista negativa hay otros elementos que aparecen como si fueran también lista negativa, que están en los anexos. Por ejemplo, si bien no es exactamente lo mismo, porque en las listas negativas no se aplica ninguna de las cláusulas establecidas en el acuerdo, en los anexos se pone un conjunto de bienes que Uruguay ha decidido, por ejemplo el servicio aeronáutico, el de transporte, el de pesca, industrias creativas. Y en general las empresas públicas energía, distribución de combustibles y agua salen del acuerdo.
RA —Todo eso queda excluido del acuerdo.
GB —Queda excluido del acuerdo. El problema de las listas negativas es que por una parte no se puede evaluar sector por sector dónde Uruguay sería más competitivo o Chile sería más competitivo, y por lo tanto si a Uruguay le conviene o no liberalizar. No se hace un análisis exhaustivo de lo que queda. Esto es lo primero.
Lo segundo es que hay sectores que no existen hoy. O sea, ¿quién habría dicho hace 10 años que la impresión 3D podía ser un sector que pudiera desarrollar el Uruguay? ¿Quién habría dicho hace 10 años que el sector de realidad virtual se podía realizar en Uruguay? Son ambos sectores de servicios. ¿Quién dice que dentro de 10 años o de 5, con la velocidad del desarrollo tecnológico, no va a haber un sector que no está en la lista negativa, porque no lo conocemos, y que en el futuro va a entrar en las restricciones que impiden establecer determinadas políticas para que Uruguay pueda desarrollarlo?
RA —…A futuro esos sectores pueden quedar carentes de resguardo si están totalmente liberalizados por este acuerdo…
GB —Exactamente.
RA —Y por otro lado, ¿ustedes qué ven? ¿Una falta de estudio del impacto que puede implicar este TLC?
GB —Vemos dos cosas. En primer lugar vemos que detrás de estos acuerdos hay una concepción teórica que en principio plantea como si solo pudiera haber este tipo de acuerdos. Por ejemplo, en materia de estudios de comercio y de relaciones económicas entre los países, la teoría neoliberal plantea que la liberalización de recursos genera un máximo bienestar a nivel global. Pero cuando habla de intercambio de recursos, habla de capital, que podrían ser perfectamente nuestros acuerdos bilaterales de inversiones, es movimiento de capital, pero habla también de recursos humanos. Acá no se explica –la propia teoría que manejan los que defienden e impulsan estos acuerdos– que sería importantísimo para la humanidad poder liberar también los recursos humanos. Vemos las tragedias que pasan en Europa, las estrategias que pasan en México. Cuando en México se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) no se planteó que los recursos humanos se podrían distribuir libremente entre los distintos países. Esto genera problemas porque los acuerdos como el Nafta se proponen mejorar los salarios –está en los objetivos–, disminuir la concentración de la riqueza, mejorar por lo tanto los índices de igualdad, transformar la matriz productiva, y por lo tanto, como conclusión, como corolario, una vez que la población mexicana vaya alcanzando un nivel de vida similar al que tienen Estados Unidos o Canadá, no va a ser necesario que emigre a Estados Unidos. En vez de hacer esto, lo que estamos discutiendo hoy es poner un muro, frenar la inmigración. Por eso los acuerdos de libre comercio son truncos.
Existen otros tipos de acuerdos. Por ejemplo, el espacio que generó la Unión Europea, con libre circulación de personas. Es importante esto, porque cuando entra un país de renta menor que la renta media de la Unión Europea, este recibe fondos estructurales por la cantidad de años necesaria hasta que alcance la renta media de la Unión Europea; no es necesario que alcance la renta de Alemania, el país más rico, pero tiene que alcanzar la renta media. Por ejemplo, España desde el año 85, cuando ingresó a la Comunidad Europea en aquel entonces, antes de que esta se transformara en la Unión Europea, hasta el 2005, cuando alcanzó la renta media de la Unión Europea, recibió casi 1 % del producto todos los años como renta neta, equivalente a unos US$ 6.000 millones para que pudiera ser comparable con la situación de la Unión Europea. Esto logra que la gente se quede en sus países. Es decir, entendemos que hay otro tipo de acuerdos comerciales que se pueden hacer.
RA —¿Casa Grande objeta completamente cualquier tipo de acuerdo que se pueda lograr con Chile o sus discrepancias son específicamente con este TLC que está planteado como tal? ¿Hay posibilidades de que apoyen otro tipo de acuerdo?
GB —En primer lugar, los acuerdos sur-sur nos parecen extraordinarios. En este caso no tendríamos ningún problema con Chile. Antes me preguntaste por la evaluación de impactos, y también en este caso es importante conocer qué realidad tienen en Chile y en Uruguay los sectores que estamos discutiendo. Sabemos que en software somos muy potentes, nos interesa liberalizar el software.
RA —El gobierno dice que, entre otras cosas, esto busca liberalizar y fomentar el comercio de servicios, que en Uruguay –y es una tendencia en el mundo entero– viene creciendo mucho. El sector del software en particular viene teniendo un liderazgo importante un crecimiento importante, un desarrollo en Uruguay, y por tanto este acuerdo con Chile se podría ver con muy buenos ojos y con muchas expectativas.
GB —Excelente. Y quizás este es el momento justo para explicar qué son las listas positivas. Las listas positivas son la forma en que se hacían los acuerdos comerciales hasta hace muy pocos años, antes de que empezaran las negociaciones del TISA. Las listas positivas plantean “queremos liberalizar los sectores en los que Uruguay es fuerte”, pero no necesariamente otros sectores. Obviamente en las negociaciones se gana y se pierde. Nosotros probablemente en software estaríamos ganando, tendríamos que conceder algún otro servicio, tendríamos que estudiar cuáles son los servicios que Uruguay quiere potenciar, cómo los quiere potenciar, qué estrategia desarrollaría y ver cómo hacemos para tener la capacidad para negociar los sectores con listas positivas que nos interesa liberalizar con Chile.
RA —Esa sería la propuesta de ustedes, ir por listas positivas, decir cuáles nos interesan y no cuáles descartamos.
GB —Eso es lo primero, negociar por listas positivas. Estos acuerdos, que se llaman de nueva generación o OMC plus, establecen cuatro cláusulas que tienen restricciones para el desarrollo de la política pública a partir de que se firma el acuerdo y hacia el futuro. Y más allá de que los nombres no necesariamente son nuevos, las condiciones que establecen los artículos son nuevas.
RA —Esa es otra de las características de este TLC con Chile: está planteado como un acuerdo de última generación y de cierta manera pone a Uruguay en contacto con temas de este tipo de negociación que se están dando en el mundo y que implicarían lo más moderno que ha negociado el país en ese sentido. Más allá del eslogan y del nombre que se utiliza, “acuerdo de última generación”, ¿qué significa en la práctica?
GB —Son cuatro cláusulas y las cuatro restrictivas. Por ejemplo, una de ellas es “nación más favorecida”, una cláusula que se utiliza desde que se inventó el GATT en el año 50, que es aparentemente una cláusula positiva, pero que una vez que está todo el entramado de acuerdos de libre comercio aparece mucho más restrictiva. Significa que Chile adquiriría las mismas concesiones que Uruguay les dé a Argentina, Brasil o Paraguay, a cualquiera de los miembros del Mercosur en este caso.
Pero el principal es “trato nacional”. Es decir, las empresas chilenas en este caso, o de cualquier país con el que se firmara un acuerdo de estas características, pasan a tener el trato nacional. Eso significa que Uruguay va a tener que otorgar cualquier política que quiera desarrollar en el futuro a las empresas chilenas. En general las políticas son para desarrollar los sectores que tiene un solo país. Por ejemplo, si estamos hablando de sectores innovadores, el sector de robótica en Uruguay, en el que tenemos empresas, formación de recursos humanos, niños o adolescentes que han viajado a Estados Unidos porque han desarrollado robots muy avanzados. Es decir que tenemos capacidades para desarrollar en otros sectores que no son software.
RA —Esa es una política que por ahora afecta solo lo nacional. Pero esto podría cambiar.
GB —Tenemos videojuegos, realidad virtual, empresas que hacen trabajos de publicidad para el mundo entero, empresas creativas en general. Acá hay un gran problema del acuerdo, porque estos sectores se manejan con comercio electrónico; esto es muy importante, porque en todos los acuerdos internacionales ha pasado lo mismo: las excepciones se guardan no como lista negativa sino en las excepciones, y Uruguay también lo hace, en algunas cláusulas exceptúa del acuerdo las industrias creativas. Pero al mismo tiempo se firma el capítulo referido específicamente al comercio electrónico. Y todas este tipo de empresas, excepto la robótica, se manejan con comercio electrónico, por lo tanto si bien quedan excluidas por el área creativa, estamos excluyendo las industrias clásicas creativas, y ya no hay más industrias clásicas, hoy las industrias creativa se manejan con Spotify, con Netflix, con Google, entonces si nosotros liberamos el comercio electrónico lo que estamos haciendo es impedir al Uruguay que desarrolle políticas para el comercio electrónico. Y esto llama sumamente la atención, porque ni Chile ni Uruguay son países que tengan desarrolladas empresas grandes en comercio electrónico. Entonces estamos imposibilitando desarrollar políticas solamente… porque si el mundo entera fuera solo Chile, no tendríamos problema, porque se pueden hacer complementos de política con un país que más o menos tiene nuestras mismas condiciones productivas. Pero el problema es que si no podemos desarrollar por Chile políticas en esos sectores, estamos impidiendo desarrollar políticas en general en cualquier otro tratado, porque si no se las tenemos que dar a Chile. En principio no, pero como ya las tenemos vamos a decir ya tenemos esas políticas para Chile. Entonces el problema del comercio electrónico es que el futuro del desarrollo económico de los países desarrollados -y debería ser también de los nuestros- está en el comercio electrónico. Entonces si bien el capítulo plantea que hay algunas consideraciones que se intentará hacer los esfuerzos, al no estar en las listas negativas queda todo el comercio electrónico libre en el sentido de la regulación.
RA —Podríamos ver ejemplos de afectación, por qué sería malo que quedaran liberalizados.
GB —en primer lugar, la Unión Europea está discutiendo para modificar la política impositiva a las grandes empresas de internet norteamericanas: Google, Amazon, Facebook, Netflix, etcétera. Porque han visto cómo funcionan al día de hoy y plantean que les van a poner impuestos especiales. Otra cosa, varios países europeos, Francia a la vanguardia, le impusieron a Netflix que cumpla las característica que cumplen los otros productores audiovisuales o distribuidores audiovisuales franceses, por lo tanto le exige que el 5 % de su facturación produzca obras audiovisuales francesas y que a su vez el 5 % de su facturación contribuya a un fondo audiovisual. Esto es una política nueva. Si por ejemplo en Uruguay la Asociación de Productores audiovisuales está reclamando una política de estas características. Todavía lamentablemente no se ha podido desarrollar esta política, pero si en el futuro se quiere desarrollar, Uruguay se vería impedido de hacerlo porque plantea que parte de sus fondos viene por comercio electrónico. La otra parte, la parte clásica sí la podría desarrollar, pero no en la parte de comercio electrónico. Es decir, los países desarrollados han visto en el comercio electrónico la posibilidad de liberalizar las industrias de contenidos culturales que justamente son la excepción que pide Europa para liberalizarla.
***
RA —Si vamos a algunos de los argumentos que ha planteado el gobierno, el Poder Ejecutivo y el canciller Rodolfo Nin Novoa, es que en este acuerdo, más allá del impacto comercial que se pueda tener con Chile, lo que se busca es abrir las puertas hacia el Pacífico con los miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia, México y Perú, y con los miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que incluye también a los países de Oceanía. ¿No hay entonces allí una oportunidad de abrir mercados para Uruguay y que se inserte Uruguay a la cadena de valor de algún producto que Chile vende a esos países? Es una de las ventajas que menciona el gobierno.
GB —El acuerdo es con Chile, por lo tanto es muy importante el origen de los distintos productos para saber si se puede a su vez comerciar con los otros países o no tiene que ser simplemente para empresas. Esos acuerdos tienen determinado porcentaje de valor agregado hecho en un país o no. Por ejemplo, se está discutiendo el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La unión Europea está planteando que de las empresas europeas, a pesar de que sus productos sean realizados en China o en el sudeste asiático en general, podrían ser exportados desde la Unión Europea a Uruguay. Esto no está en el acuerdo con Chile.
RA —No lo podríamos usar como trampolín.
GB —No se puede usar como trampolín. Una de las cosas que vemos políticamente es que una vez que firmemos un acuerdo de estas características con todas las cláusulas que tiene el acuerdo TISA, va a ser muy fácil decir “si ya estamos comprometidos, firmemos ese acuerdo”. De hecho, por ejemplo un libro de la Asesoría Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas plantea que como ya hay acuerdos de libre comercio –es un documento que se puede bajar de la página web, es un documento público– ya parte de la soberanía de políticas públicas está comprometida, y por lo tanto podemos seguir haciendo esos acuerdos de libre comercio porque ya está comprometida. ¿Y qué se lograría? Además de que tenemos más compromiso y liberalizamos más, ganamos prestigio internacional, transparencia y un libre mercado. Es decir, es una cuestión de firmemos porque ganamos transparencia y prestigio internacional. La corriente principal es firmar acuerdos de libre comercio que aunque, como dice el documento del MEF, la soberanía nacional en algunas cosas está involucrada, o importa, igual firmémoslo.
RA —Ustedes ven que es una amenaza para lo que puede ser ya la firma directamente de otros acuerdos. Si firmamos el TLC con Chile ya quedamos a un paso del TISA que rechazamos hace dos años.
GB —Exactamente, tengo acá la frase de la asesoría comercial del MEF. La estrategia de gobierno es esa, cuantos más TLC firmemos, más fácil es firmar TLC, porque ya hemos comprometido más soberanía. Eso es lo que plantea el artículo.
RA —Ustedes hacen una advertencia también respecto a la preparación que tiene Uruguay para firmar estos TLC.
GB —Por ejemplo, hay muchos estudios de evaluación por ejemplo, por ejemplo un estudio de la Cepal y el BID en conjunto hace un estudio del año 93 al 2012 y ve qué pasaba antes de los acuerdos y qué pasa después; analiza como 12 países de América Latina, incluido Uruguay, y una de sus conclusiones es que ninguno de los países incrementó productos sustantivamente, es decir siguen exportando la misma cantidad de productos. Chile por ejemplo tiene 25 TLC firmados y la exportación de cobre sigue representando más de las dos terceras partes de las exportaciones de Chile. Así les pasa a todos los países. De hecho, los países que más incrementaron sus exportaciones en cantidad de productos y en cantidad de mercados fueron Bolivia, Paraguay y Ecuador. Uruguay mejoró un poco, no es de los últimos, pero con sus comercios desarrollados por sus listas positivas.
RA —¿Estamos preparados a nivel de recursos humanos, de negociadores específicos en este tipo de acuerdos?
GB —Ese es otro problema. Por ejemplo, tenemos problemas en la no preparación de equipos sólidos en las negociaciones y en cantidad de personas que se dediquen a pensar los problemas. Por ejemplo, el canciller chileno dijo que por cada uruguayo negociando había tres chilenos. Imagínense cuando vayamos a hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos o con China. La relación entre el pienso uruguayo y los objetivos claros que tienen los otros países, qué es lo que quieren firmar y a su vez su capacidad de negociación. Tienen objetivos, capacidad de negociación y firman lo que quieren. Uruguay firma lo que le dan. Nunca Uruguay propuso un tratado desarrollado por Uruguay, se toman los formatos que hicieron los países desarrollados y sobre eso se trabaja.
RA —Uno de los cuestionamientos que ustedes hacen al TLC con Chile es que establece que cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al tratado de cooperación en materia de patentes. Con ese fin, el gobierno envió un proyecto de ley en marzo pasado que aún no ha sido aprobado. Pero ¿qué implica este tratado y por qué lo ven como un riesgo potencial?
GB —En primer lugar, dice de hacer el máximo esfuerzo y simultáneamente llegaron al Senado para ratificar el TLC y tres meses después llegó el tratado de cooperación de pantes. Este tratado es un acuerdo de casi 150 países, donde se facilita la inscripción de una patente en un país y después es como si se iniciara el trámite en los 150 países. Pero después para desarrollar efectivamente la patente en cada uno de esos países Uruguay tendría que gastar en estudios jurídicos, en abogados, etcétera, y no creo que eso refleje una disminución de costos importante a lo que hoy está haciendo Uruguay, que hoy registra sus patentes y registra sus patentes en los países que más lo preocupan. El perjuicio de este acuerdo es que las patentes hasta el día de hoy sin acuerdo tienen 12 meses: una vez que se inscribe en un país, si pasan 12 meses y no se inscribieron en Uruguay, se pueden usar acá. Este mecanismo lo utilizan los laboratorios farmacéuticos tanto de salud humana como animal y hoy hemos desarrollado un sector que tiene 3.000 puestos de trabajo directo, que exporta y que [con este nuevo acuerdo] puede ser cuestionado. En primer lugar hay un cuestionamiento objetivo, se pasa de 12 meses…
RA —Estamos hablando de la industria farmacéutica local.
GB —Sí. Se pasa de 12 meses a 30 meses. Entonces hay un año y medio más de demora para poder fabricar un medicamento genérico. Esto podría tener repercusiones en las empresas, en los precios y por lo tanto también en el sistema de salud.
***
RA —La posición de Casa Grande con estos comentarios del economista Buquet queda clara. De todas formas es una discusión que se está dando ahora en la interna del propio oficialismo. Hay sectores como el Partido Comunista, el PVP, además de Casa Grande, que ya han manifestado explícitamente su rechazo a firmar este TLC. Hay otros que están definiendo su posición; es el caso del Partido Socialista, que está dividido, es el caso del MPP, que está estudiando el tema. ¿Qué puede pasar? Todavía no se sabe entonces.
GB —No se sabe.
RA —¿Puede pasar que el FA rechace y se deje un acuerdo que ya firmaron los cancilleres?
GB —Si se dan por hecho las políticas, creo que si el Parlamento tiene que ratificar los acuerdos es porque tiene que discutir las estrategias del Uruguay. Por lo tanto son dos poderes independientes, aunque sea la misma bancada de gobierno, que puede discutir lo que hace el Ejecutivo si es que no coordina, no articula antes con el FA y con la bancada específicamente qué es lo que quiere desarrollar.
RA —Ese es un punto que ustedes mencionan. Para ustedes la discusión debió haberse dado antes de que el Poder Ejecutivo firmara este acuerdo con Chile.
GB —Por supuesto, si se necesita confidencialidad previo a negociar el acuerdo se va a decir “Uruguay tiene estos sectores para negociar”, antes de iniciar, después se firma la cláusula de confidencialidad y se actúa en consecuencia. Pero primero se discute. De hecho el último congreso del FA resolvió que durante el proceso de negociación de un tratado internacional deberá tomarse en cuenta que los lineamientos generales de su contenido, así como sus objetivos, sean de conocimiento público, remitiéndose al derecho de acceso a la información se deben de prever mecanismos, por ejemplo, como audiencias públicas de consultas ciudadanas que garanticen la transparencia en todos los temas relativos a la soberanía nacional antes de su ratificación en el Parlamento”. Esto es una resolución del último congreso del FA y por lo cual nos sentimos con el derecho a cuestionar la corriente principal de pensamiento y por supuesto que vamos a intentar que el FA no apruebe este TLC.
RA —Quedaría en una posición complicada el canciller Nin, porque debería prácticamente renunciar, dando un paso al costado, si no puede llevar a cabo.
GB —En el FA hay diversidad de ideas, diversidad de opiniones y por lo tanto va a primar lo que defina la fuerza política. Lo mismo le puedo decir, cambiando de tema, con UPM. ¿A usted le parece que nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de la envergadura de UPM, que cambia radicalmente el país entero sin que se pueda discutir, sin que por ejemplo la Intendencia de Montevideo tenga derecho a plantear cómo va a ser el tren, que como está previsto va a dividir la ciudad en dos? Nos parece que los temas estratégicos deben ser discutidos no solamente al interior de la fuerza política, sino con la ciudadanía.
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