El Gobierno de Uruguay con unos 10 años de demora se "enteró" que las personas físicas no pueden, de acuerdo a la normativa internacional y al sentido común, ser propietarias de pases de deportistas y se firmó un decreto que lo impide. Al parecer la influencia del capo del fútbol uruguayo, Francisco "Paco" Casal a nivel gubernamental ha disminuido y los vientos cambiaron.
En busca de dar mayor transparencia a las transferencias de deportistas entre instituciones, el gobierno impuso una serie de normas que otorgan al Estado un mayor control.
Entre
las disposiciones, se prohíbe "a todas las instituciones afiliadas a
las asociaciones o federaciones deportivas reconocidas oficialmente o a
cualquier otra institución con personería jurídica a realizar cualquier
tipo de derechos sobre la prestación de la actividad laboral de un
deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería
jurídica reconocida por el Estado".
En otras
palabras, se impide que los clubes cedan a los contratistas los derechos
de los jugadores, una actividad ya prohibida por la FIFA pero que no
estaba ratificada por la legislación uruguaya.
El
texto establece que las personas físicas que incumplan esta normativa
podrán ser penalizadas con una multa de entre 5 UR y 4000 UR (entre $ 5
mil y $ 4 millones, a valores actuales).
Además,
el decreto mandata a los clubes a presentar, previo a cada
transferencia de un jugador, una declaración jurada con los detalles de
la operación.
Las instituciones "deberán
registrar anualmente en la Secretaría Nacional de Deporte sus balances
aprobados". De esa forma, el gobierno podrá acceder a la información
necesaria para verificar las entradas y salidas de los fondos
procedentes de cada transferencia y corroborar que la información
corresponda a lo incluido en las declaraciones juradas.
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