Cálculos realizados por el Simulador de Políticas Públicas de la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aportan una estimación sobre los efectos y costos que tendría una medida de ese tipo alcanzando a toda la población: la pobreza se eliminaría o caería significativamente y se terminaría con la indigencia, según a cuánto ascienda el pago. A su vez, el costo fiscal va de algo más de 7 % del Producto Bruto Interno (PBI) hasta casi 31 %.
“Hace ya varios años se discute en los países desarrollados la idea de introducir una transferencia monetaria no condicionada que oficie de una especie de ingreso mínimo universal concentrando el efecto de otras políticas de protección social” y también en Uruguay es un tema en ámbitos académicos, intelectuales de gobierno y oposición, así como políticos, dijo al semanario Búsqueda el subdirector de la OPP, Santiago Soto. Con ese marco, la simulación buscó “calificar” el “debate que se está dando en la sociedad, aportando información al respecto”, explicó el jerarca.
La oficina hizo cálculos suponiendo una renta básica de carácter universal (para toda la población) pero también para dos grupos etáreos específicos: de cero a tres años y todos los menores de dieciocho.
Estas simulaciones se hicieron a partir de la Encuesta Continua de Hogares de 2014, aunque para medir los impactos inmediatos se tuvieron en cuenta las políticas sociales vigentes en 2017 (Asignaciones Familiares, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Seguro Nacional de Salud, IRPF en la categoría de rentas del trabajo, IASS e IVA).
En Finlandia son unas 2.000 personas de entre 25 y 58 años elegidas al azar las que desde enero están percibiendo 560 euros mensuales, sin que se les exija trabajar u otro tipo de condición, para que con ese dinero puedan solventar gastos en alimentación, vivienda o salud, por ejemplo.
Si al cabo de dos años se entiende que la prueba es exitosa —reduciendo problemas de empleo y desigualdad—, sus autoridades evaluarán universalizar la medida.
Línea de pobreza
Un primer escenario simulado por la OPP supuso el otorgamiento de una renta básica equivalente al monto que estima el Instituto Nacional de Estadística como “línea de pobreza” (el mínimo necesario para poder adquirir una canasta de bienes y servicios básicos). Eso corresponde a $ 10.030 (a pesos de 2014, equivalentes a $ 12.456 de agosto de 2017) para un hogar unipersonal de Montevideo.
Si se paga dicha renta a toda la población, se logra eliminar por completo la pobreza (hoy en 9,9 % de la población) y la indigencia (0,4 %), a la vez que se reduce “considerablemente” la desigualdad medida por el índice de Gini (de 0,3805 a 0,2476), según el análisis de la OPP.
Acota que si bien se da el mismo monto a todos, dicha transferencia representa 221 % del ingreso de las personas más “pobres” (el primer decil) y 19 % en el caso de los más “ricos” (último decil), por lo que se trata de una política progresiva en términos relativos. El costo de esta medida asciende a 30,8 % del PBI.
Si se eliminan beneficios como las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social, la deducción al IRPF e IASS por menores a cargo y la pensión a la vejez, igualmente se logra acabar con la pobreza y la indigencia, mientras que la desigualdad baja, aunque menos. Sin embargo, el costo fiscal no disminuye de forma considerable (30,2 % del PBI) dado que los recursos destinados a las transferencias que se suprimen son 0,6 puntos del PBI.
El supuesto incorpora, por otro lado, la hipótesis de que la renta otorgada es gravada (incluyéndola en la base imponible del IRPF/IASS). En este caso la desigualdad baja (el Gini queda en 0,2495) y el costo fiscal desciende al equivalente a 28,8 % del PBI.
Menores de 18.
Una segunda simulación apuntó a evaluar el impacto de la renta básica equivalente a la línea de pobreza (los $ 12.456 actuales) acotando su alcance a los menores de 18 años de edad.
El peso de dicha renta en el ingreso es de 116 % para el primer decil y 2 % para el último, por lo que también es una política que favorece la equidad.
En esta hipótesis la pobreza cae a 1,17 % de la población total, un “gran impacto” que se explica en que el 92% de las personas pobres son o viven con menores de edad en el hogar. La indigencia virtualmente desaparece (0,02 %). El costo fiscal asciende a 8 % del PBI.
Si se eliminan los beneficios vigentes (salvo la pensión a la vejez, que no alcanza a los menores de 18), la pobreza baja pero menos (a 1,33 %). El costo sería de 7,52 % del PBI; gravar la renta en esta hipótesis permitiría reducirlo en 0,3 puntos porcentuales.
Menores de cuatro años.
El tercer escenario supone que la renta básica llegue exclusivamente a los menores de cuatro años.
Con esto la pobreza baja a 6,88 %, ya que la proporción de personas pobres que vive en hogares con niños de esas edades es algo menos de la mitad. El resto de las personas en situación de pobreza no recibiría renta básica. De todas formas, la incidencia de la pobreza entre los niños de cero a tres años alcanza casi a 22 % en el escenario base, por lo que la renta básica se dirigiría a una población en extremo vulnerable, apunta el análisis de la OPP.
La indigencia se reduce a prácticamente la mitad (a 0,17 %) que en la actualidad.
El costo fiscal asciende a 1,6% del PBI, aproximadamente. Si se eliminan las Asignaciones Familiares, Tarjeta Uruguay Social y la deducción IRPF/IASS por menores a cargo para los niños de cero a tres años dicho costo baja en una décima de punto del PBI (gravar la renta genera una reducción de otro 0,1 punto de costo).
Línea de indigencia
La OPP replicó el ejercicio pero asumiendo como monto de renta básica el equivalente a la “línea de indigencia” —el mínimo para adquirir una canasta alimentaria básica— para un hogar unipersonal de Montevideo en 2014: eso son $ 2.542 a precios de ese año ($ 3.080 actualizados a agosto pasado).
Una renta de dicho monto dirigida al conjunto de la población permite reducir la pobreza a la cuarta parte (2,48 %) y elimina la indigencia. Con esto el ingreso aumenta 56 % en los hogares del primer decil y 5 % en los del último.
Una medida de ese tipo le costaría al Estado entre 7 % y 8 % del PBI.
Menores de 18.
La misma renta básica dirigida a los menores de edad no logra acabar por completo con la indigencia (0,04 %) ya que también existen hogares indigentes sin presencia de menores. Además, la relación entre cantidad de menores de edad y de mayores opera impidiendo que algunos hogares con menores puedan salir de la indigencia.
El costo fiscal de esta medida equivale a entre 1,5% y 2% del PBI.
Menores de cuatro años.
Entregar una renta básica equivalente a la línea de indigencia solo a las personas de cero a tres años produce resultados “más magros, pero igualmente positivos”, señala el informe. La pobreza baja en algo menos de un punto porcentual (a 8,9% de la población) y la indigencia en 0,1 punto (a 0,26%), mientras que el índice de Gini registra un leve descenso a 0,3759. Los ingresos del primer decil aumentan 6 %.
Una medida de este tipo tendría un costo de menos de medio punto del PBI.
A partir de estas simulaciones, Soto interpretó que establecer un ingreso mínimo “relativamente exigente” para toda la población uruguaya “parece estar fuera del alcance” dado el ingreso per cápita del país.
Por otro lado, evaluó que la unificación de transferencias a hogares con niños de cero a tres años o menores de dieciocho años “tiene impactos muy significativos en la distribución del ingreso y la pobreza”. Finalmente, el jerarca de la OPP dijo que “quizá en unos años podría pensarse en la unificación del sistema de transferencias a los menores de edad para asegurar un piso de ingreso que cubra al menos la canasta básica alimentaria con un costo más manejable”.
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