Nejat Tastan no se explica por qué está en libertad. Del mismo modo, tampoco entiende las razones por las que sus compañeros se encuentran en prisión. Todo lo que rodea el proceso en el que está imputado está lleno de anomalías y, a medida que avanza el tiempo, adquiere dimensiones que harían que las tramas de Franz Kafka se quedasen en relatos infantiles. Tastan, de 53 años y coordinador del Observatorio por la Igualdad de Derechos, forma parte de los llamados Diez de Estambul, un grupo de activistas de derechos humanos que fue detenido el pasado mes de julio en la isla estambulí de Büyükada cuando asistía a un seminario. De ellos, 8 están actualmente encarcelados -incluida la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, y los activistas Peter Steudtner (de nacionalidad alemana) y Ali Gharavi (ciudadano sueco)- y otros dos en libertad con cargos. “Por qué ellos están dentro y yo fuera, escapa a mi comprensión”, afirmó Tastan.
“Desde que la policía entró en nuestra reunión gritándonos que nos pusiésemos contra la pared hasta ahora, el proceso está plagado de irregularidades”, denunció Tastan este viernes en una rueda de prensa en Estambul en la que varias organizaciones de defensa de derechos humanos exigieron la liberación de sus colegas y denunciaron las condiciones “ilegales” en las que son mantenidos en prisión. Ya la propia captura de los Diez de Estambul levanta sombras de duda pues la orden de detención se emitió cinco horas después de que los activistas fuesen apresados; según la versión oficial, porque se habían reunido para conspirar contra Turquía. La Fiscalía de Estambul les imputa el genérico cargo de “colaborar con organización terrorista sin ser parte de ella”. Pero tan genérico es el cargo que, según uno de los abogados de la defensa, en la investigación policial sólo figura la letra A como nombre de la organización terrorista a la que supuestamente habrían ayudado.
El objetivo principal de la redada, según ha trascendido en algunos medios, sería el activista Peter Steudtner, cuya detención -junto a la de otros dos periodistas de nacionalidad germana- ha sido definida por algunos líderes políticos de Alemania como una “toma de rehenes” que intercambiar en el marco de la crisis política entre los gobiernos de Berlín y Ankara. Por ello, Alemania ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Turquía, pues, en su opinión, podrían ser sometidos a arrestos arbitrarios.
Los abogados de los Diez de Estambul sostienen que no hay pruebas que demuestren las acusaciones hechas a sus clientes, si bien se quejan también de que no han tenido acceso a los documentos de la Fiscalía, pues se ha decretado el secreto de sumario. Hecho que no ha sido óbice para que parte del acta de acusación se filtrase a la prensa progubernamental turca que la ha “utilizado para una campaña de difamación” contra los imputados, en palabras de Feray Salman, de la Plataforma Unida de Derechos Humanos (IHOP), y que ha incluido numerosas portadas en las que se pinta a los activistas como “espías” y “terroristas”, pasando por alto la presunción de inocencia que garantizan las leyes turcas.
Deha Boduroglu, del equipo legal que defiende a Gharavi y Steudtner, denuncia que las condiciones carcelarias en que son mantenidos los ocho detenidos son “ilegales” y violan los derechos de los presos. Por ejemplo, se les impide participar en las actividades de las prisiones o usar sus instalaciones deportivas; se les ha prohibido recibir y emitir correspondencia y se ha restringido a una hora a la semana el contacto con su abogado, que además es grabada por las cámaras y vigilada por un funcionado de prisiones. “Esto, según la normativa del estado de emergencia vigente, sólo puede hacerse si hay una decisión judicial de por medio y este no es el caso”, critica el letrado.
Por si fuera poco a Gharavi y Steudtner se les obliga a hacer todas sus peticiones en turco, lengua que desconocen, y todos los diccionarios que los abogados han intentado hacerles llegar han sido requisados. “Ali (Gharavi) está internado con otro preso que no sabe inglés y no se le ha garantizado el tratamiento médico a sus problemas físicos y psicológicos (ciática y crisis de ansiedad)”, se queja Boduroglu: “Lo que se intenta hacer es someterlo a un régimen de aislamiento y tortura psicológica que responde a órdenes desde arriba, porque los guardias se comportan con él correctamente”. El temor del abogado es que, como ha ocurrido en otros procesos de contenido político en los últimos tiempos en Turquía, el periodo de detención se alargue durante meses como una forma de castigo. “Todas nuestras peticiones al juez son desoídas, por eso hemos apelado al Constitucional y hemos preparado también peticiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al relator de la ONU para derechos humanos”, añade.
Los compañeros de los Diez de Estambul creen que este proceso, como las investigaciones abiertas contra más de 100.000 ciudadanos turcos y la detención de 50.000 personas durante el último año, está destinado a acallar las voces críticas con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero Tastan no se arredra: “Aunque vivamos bajo estado de emergencia, eso no significa que no haya leyes. Se debe seguir respetando el proceso democrático. Y nosotros seguiremos defendiendo los derechos humanos”.
Fuente:El Pais de M.
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