Se atribuye al dictador de Turquía, Rayip Erdogan, la frase: “La democracia es como un tren. Cuando llegas, te bajas”. No sé si realmente la dijo, pero su comportamiento político se ha ajustado estrictamente a esta máxima. Llegado al poder por la vía electoral, luego, a pretexto de supuestas o reales conspiraciones, ha desmantelado el estado de derecho y cancelado todas las garantías: persigue y aprisiona a los opositores políticos, depura la administración pública expulsando a decenas de miles de funcionarios, jueces, profesores y militares, clausura medios de prensa, reprime violentamente las manifestaciones públicas, etc. En fin, todas las páginas del conocido recetario de las dictaduras. Lo que estamos viendo ahora en Venezuela es, con las necesarias adaptaciones, una aplicación perfecta de la filosofía política de Erdogan, aunque las raíces ideológicas sean distintas.
La decadencia electoral del chavismo.
En Venezuela se realizaron regularmente elecciones mientras el chavismo pudo ganarlas.
Aunque desde el 2010 los resultados registraban una persistente caída en el apoyo popular, el PSUV siempre había conseguido triunfar en las contiendas electorales. En las parlamentarias del 2010, el resultado ya fue reñido y si bien el sistema electoral le permitió retener una mayoría de 99 bancas contra 67 de la oposición, el partido de gobierno perdió la mayoría calificada de 3/5 en la Asamblea Nacional.
Dos años después, el mismo Presidente Chávez, enfrentado a Capriles, obtuvo la victoria, pero las diferencias iban estrechándose:55.07 % contra 44.31%. En octubre del 2012, muerto Chávez, las diferencias se estrecharon aún más: Maduro, 50.61 %; Capriles 49.12 %.
Y lo inevitable se produjo. En las elecciones parlamentarias de diciembre 2015 la oposición unida aplastó al PSUV: 56.22 %, contra 40.91 %. El chavismo pierde el control del Parlamento: MUD 112 bancas. PSUV 55.
El resultado era previsible, el chavismo cosechaba el resultado de su desastrosa gestión de la economía, con desarticulación del aparato productivo por las expropiaciones al voleo y los controles estatales. Todo quedó fundado en la exportación de petróleo, en un ciclo de precios inusitadamente altos. Cuando los precios se derrumbaron, todo el esquema se vino abajo. La inflación, la carestía, la escasez, se hicieron presentes en la vida diaria de los venezolanos. A lo que se sumó la desaparición de la figura carismática del gran líder.
Entre 2013 y 2017 el PBI per cápita cayó un 40 %, una caída sin precedentes en América o en Europa. Según el economista Ricardo Hausman, solo en Nigeria y Mongolia se han registrado caídas similares. El gobierno chavista cumple regularmente con la deuda externa (una deuda que se sextuplicó durante el período de altos precios del petróleo, lo que por cierto demuestra que las raíces de la crisis no pueden atribuirse a Maduro) y para hacerlo ha reducido en un 75 % las importaciones de bienes y servicios, en un país que no produce prácticamente nada, salvo petróleo.
La pobreza, que alcanzaba un 48 % en el 2014, trepó al 82 % en el 2016, según lo que surge de estudios realizados por las universidades más prestigiosas del país. Estudios que señalaron además que el 74 % de los venezolanos ha perdido, promedialmente,8.6 kilogramos de peso. Se estima que la inflación podría llegar este año a superar el 2.000 por ciento. En esas condiciones, con tendencia a agravarse, el régimen ya no podía alentar esperanzas de ganar ninguna elección legítima.
Maduro se baja del tren
Y vaya si se baja. El régimen (que hasta entonces los politólogos calificaban entre los "autoritarismos competitivos", es decir regímenes que conservan ciertos vestigios de democracia) se deslizó rápidamente por la pendiente de un autoritarismo desenfrenado, hasta culminar en la dictadura.
No pudo tolerar la presencia de un parlamento con mayoría opositora. Y procedió a desconocerlo, recurriendo a toda clase de argucias inconstitucionales e ilegales, pero que contaron, desde luego, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, totalmente subordinado al Poder Ejecutivo y que había renovado, violando la Constitución, no bien se enteraron de los resultados electorales.
El Tribunal Supremo madurista cumplió fielmente con su función. Recurriendo a una burda manipulación declaró en "desacato" a la Asamblea Nacional y de ahí en más el Presidente pasó a gobernar por decreto, ignorando al Parlamento.
El próximo paso fue frustrar la iniciativa de la oposición para realizar un referéndum revocatorio y postergar sin explicaciones las elecciones regionales y municipales, en que seguramente se hubiera registrado otra derrota monumental del régimen. Era seguro que la oposición, que ya gobernaba varios estados, triunfaría ahora en toda la geografía venezolana.
Crece la resistencia popular
Naturalmente todo esto no ocurría sin una creciente resistencia popular, alimentada además por la desesperante situación económica. Y al compás de esa resistencia, comenzaron a acumularse los presos políticos condenados por una justicia convertida en oficina de registro de las decisiones del gobierno. Y mientras la crisis se ahondaba y se hacía más dura la represión contra las movilizaciones populares de protesta que brotaban en todo el país, el régimen estaba urgido por superar un obstáculo constitucional imprescindible para entregar a multinacionales rusas y norteamericanas la explotación del llamado arco minero del Orinoco. De acuerdo a la Constitución debía obtener la previa autorización de la Asamblea Nacional.
Ese fue el origen de la tragicomedia de fines de marzo, cuando en 48 horas el Tribunal Supremo atribuyó a Maduro las facultades del Parlamento y luego revocó lo anterior para asignárselas a sí mismo, suscitando un rechazo generalizado, que, para desgracia del régimen, encabezó a Fiscal General, hasta entonces una de las más destacadas figuras del chavismo.
La situación, caracterizada por las manifestaciones de masas que no cesaban a pesar de la violenta represión y se extendían a zonas consideradas antes bastiones chavistas, las muertes que se acumulaban cada día, el sometimiento de los detenidos a la justicia militar, se hizo insostenible. Algo había que hacer, en particular para devolver la tranquilidad a las inquietas multinacionales que exigían garantías de una cierta estabilidad institucional que protegiera el futuro de sus inversiones.
Era necesario a toda costa lavar la cara del régimen y dotarlo por lo menos de una apariencia de institucionalidad democrática, cuando era evidente que no podían exponerse a ninguna consulta popular auténtica.
Una "Constituyente" fuera de la Constitución
Es allí que nace el engendro de la Asamblea Constituyente, inconstitucional por donde se la mire, sin consulta popular previa sobre la procedencia de reformar la Constitución, con voto calificado y doble voto, sin representación proporcional, con eliminación de la tinta indeleble que impide votar dos veces, en fin, sin ninguna clase de garantías y con todo pre ordenado para asegurar el triunfo gubernamental. Por supuesto, sin observación internacional confiable y con prohibición a la prensa de acercarse a menos de 400 metros de los circuitos de votación.
Los resultados de semejante operación fraudulenta fueron los que era de esperarse. Y tan poco creíbles que, hasta la firma inglesa encargada del sistema de voto electrónico, para salvar su responsabilidad, denunció públicamente que se habían agregado indebidamente por lo menos un millón de votos... ¿Quién puede creer que en las condiciones de extrema dificultad a que se ve sometido el pueblo venezolano, la propuesta de Maduro pudo obtener más votos que los que obtuvo Chávez en su última comparecencia electoral?
La "guillotina revolucionaria" se pone en marcha
Por supuesto, no bien instalado el engendro "constituyente" mostró de inmediato la hilacha. Según Maduro, la ANC debía poner en marcha la "guillotina revolucionaria" y sus decisiones dejaron claro cómo entiende cumplir esa función.
Primero que todo, la destitución de la Fiscal General, acusada de "traición", a lo que se sumó una orden de prisión de su esposo, diputado chavista, por supuesto acusado ahora de corrupción, táctica conocida de todas las dictaduras de partido único para desprestigiar a los opositores que surjan dentro del partido. Hay que evitar de todas maneras que la disidencia chavista se extienda. Luego, la llamada ANC, se auto asignó una duración de dos años (con lo cual indirectamente posterga las elecciones presidenciales y extiende el mandato de Maduro) y ratificó a los cuatro miembros chavistas del Consejo Nacional Electoral, excluyendo así del órgano al quinto miembro, un representante de la oposición y que cumplía, al menos, ciertas funciones testimoniales
Y si lo realizado en la primera semana de "trabajo constituyente" parece mucho, no es nada comparado con lo que se viene. Se acaba de abrir una investigación contra los líderes de la oposición, acusados de promover el odio y la violencia por haber convocado a manifestaciones públicas, que fueron reprimidas salvajemente por la policía militarizada y grupos parapoliciales, con un saldo de más de 120 muertos. La investigación estará a cargo de una "Comisión de la verdad", que es quien expedirá una especie de "certificado de buena conducta" imprescindible para ser candidato en las próximas elecciones regionales.
Lo que sigue es un libreto conocido. Inhabilitaciones en masa de todos los dirigente s opositores, como paso previo a su prisión por tiempo indefinido, en manos de los "constituyentes" y su "Comisión de la verdad". Para ir haciendo boca la tal Comisión ya se ha hecho cargo de los 676 presos políticos que estaban en manos de la justicia militar. Libre de toda traba constitucional el régimen comienza a mostrar su verdadero rostro. Y esto no ha hecho más que empezar.
Bajados del tren de la democracia que les sirvió para llegar al poder, avanzan ahora raudos por la autopista que conduce a la supresión de todas las "libertades burguesas" y "puramente formales", con punto de llegada en un régimen dictatorial de partido único. En fin, se trata seguramente de concretar el sueño del "Socialismo del Siglo XXI".
La repercusión internacional. El Mercosur
Naturalmente, todos estos hechos no podían dejar de repercutir en el plano internacional. Muchos países, entre ellos Uruguay, sugirieron, propiciaron y ofrecieron sus buenos oficios para llegar a un diálogo serio y con garantías entre gobierno y oposición para buscar una salida a la trágica crisis política, económica, social, humanitaria y de seguridad pública que atraviesa Venezuela.
Hasta el Vaticano lo intentó. Pero el gobierno, dialogante de la boca para afuera, jamás aceptó una negociación seria y rechazó la iniciativa de todos los países que se ofrecieron para colaborar en la búsqueda de una solución. Su respuesta fue la violación grosera de la Constitución, el quiebre del estado de derecho y la instalación de un poder ilegítimo, con facultades ilimitadas para abolir todas las garantías propias de un estado democrático.
¿Podían los gobiernos integrantes del Mercosur ignorar esta situación en uno de los estados miembros? ¿Podía Uruguay negarse a considerar la aplicación del Protocolo de Ushuaia, vigente desde 1998? Es evidente que no. Una honrosa tradición del estado uruguayo, cualquiera sea el partido en el gobierno, es su adhesión inquebrantable a las normas de derecho internacional. Como país pequeño, cuya única garantía es el respeto del derecho, esa política, una verdadera política de estado a través de la historia, ha sido y es muy sabia, además de principista.
El estado uruguayo (y sin que nadie discrepara en su momento) aceptó y declaró en 1998 que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados parte del Mercosur. Y que, en consecuencia, toda ruptura del orden democrático en uno de los estados parte daría lugar a la aplicación de determinados procedimientos.
Es más, fue ya un gobierno del Frente Amplio, encabezado por José Mujica, quien propuso al Parlamento en setiembre de 2012, aprobar el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), que precisamente fue firmado en la Cumbre de Presidentes realizada en esta ciudad en diciembre de 2011. Propuesta presidencial que el Parlamento uruguayo, naturalmente, aprobó por unanimidad. Ese Protocolo refuerza y amplía las previsiones de Ushuaia I, y sus disposiciones se aplican "en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos".
Frente a la situación planteada en Venezuela, es evidente que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra forma que como lo hizo. Sin duda una inmensa mayoría de los uruguayos estamos de acuerdo con la decisión adoptada por nuestro gobierno y aprobamos lo actuado por el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. Es lamentable que no se hayan divulgado encuestas al respecto, que seguramente confirmarían esta opinión.
Problemas en la "interna"
Sin embargo, hubo y hay quienes se oponen firmemente a lo actuado por el gobierno frenteamplista. Y para sorpresa de alguien ajeno a las excentricidades que pueden resultar de la "interna", son sectores políticos integrantes del partido de gobierno los que salieron a manifestar su frontal discrepancia. Les hicieron coro, naturalmente, ciertas organizaciones, digitadas por esos mismos sectores políticos y cuya representatividad, en materia de política internacional, es más que dudosa.
En realidad, los hechos no importan nada. Por evidente que sea la dramática situación del pueblo venezolano y la realidad de corrupción, ineficiencia y represión por parte del gobierno, por clara que resulte la carencia de respaldo popular mayoritario a ese gobierno, por desvergonzada que resulte la violación de la Constitución y la existencia de presos políticos, se ha disparado la solidaridad automática con el gobierno de Maduro. Faltaba más, como no apoyarlo, si se proclama socialista.
Y por supuesto, si no importan los hechos palmarios de que los uruguayos somos testigos todos los días, a través de los medios y las redes sociales, menos pueden importar escrúpulos tan "formales" como la violación del compromiso de respetar la Constitución y el estado de derecho, que el estado venezolano, gobernado por el PSUV, asumiera en tratados internacionales.
¿La democracia es como un tren?
Para el Frente Amplio, no, rotundamente no, mil veces no. Nacimos para reivindicarla frente al autoritarismo del gobierno de Pacheco. Padecimos y luchamos para recuperarla bajo los doce años de dictadura militar y pagamos por ello precios muy duros. Nos instalamos definitivamente en el escenario político nacional porque nos constituimos como una fuerza política inspirada en el ideario artiguista, auténticamente democrática, que procuraba cambios sociales y económicos dentro de la institucionalidad del estado de derecho.
Nos propusimos protagonizar esos cambios desde el gobierno de una democracia pluralista, reflejando la voluntad popular expresada en elecciones libres, competitivas y periódicas.
La democracia, el respeto de la Constitución y las libertades públicas y los derechos humanos que ella garantiza, figuran como valores no relativizables en todos nuestros programas y declaraciones de principios compartidos. Una democracia que, por supuesto, siempre será susceptible de mejoras y profundizaciones.
Pero que para el Frente Amplio es un fin, no solamente un medio que nos ha permitido llegar al poder.
La trágica experiencia de la dictadura dejó claro para todos los valores de esas libertades que algunos consideraban meramente "formales". Y la implosión del socialismo real demostró que a través de un régimen de partido único es imposible alcanzar la igualdad y la libertad Un pueblo privado de sus derechos políticos y carente de libertad no será nunca dueño de su destino, por más que líderes carismáticos o partidos únicos reclamen obrar como sus intérpretes o representantes.
El Frente Amplio sabe que en democracia ningún partido gana las elecciones para siempre y que permanecerá en el poder solo durante los períodos que le conceda la voluntad popular libremente manifestada.
Pero si nos toca pasar a la oposición, dejaremos el gobierno orgullosos de haber llevado al Uruguay a ser el primer país de América Latina en índices de protección social y redistribución de la riqueza, al tiempo que somos reconocidos, junto con Canadá, como las dos únicas democracias plenas de todo el continente americano.
Se avecinan tiempos electorales y el Frente atraviesa una etapa extremadamente compleja.
Que existan sectores políticos frentistas cuya adhesión a la dictadura instalada en Venezuela es tan incondicional que los lleva a desautorizar y criticar públicamente decisiones que nuestro gobierno ha tomado ajustándose estrictamente a los compromisos internacionales asumidos por el país, es sin duda un hecho que llama la atención.
Supongo que esos sectores explicarán a quienes los apoyan las razones del comportamiento contradictorio que los lleva de ser demócratas en Uruguay a solidarizarse con una dictadura en Venezuela. Sería un tema de reflexión muy interesante analizar qué factores produjeron dentro de la izquierda uruguaya una situación tan exótica. Pero ya me he extendido demasiado.
Lo que sí podemos descontar es que la derecha no dejará de utilizar estos hechos para sembrar dudas y tratar de ensombrecer el ejemplar legado democrático de los tres gobiernos frenteamplistas.
Edgardo Carvalho
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