"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Ortega Díaz durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.
Ortega Díaz es la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar el fallo del TSJ en el que advertía que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015.
La oposición tachó la decisión de un "golpe de Estado" al tiempo que gobiernos de la región expresaron su "preocupación" y Perú incluso retiró su embajador de forma "definitiva".
Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), también se sumaron a las críticas.
El gobierno de Nicolás Maduro respondió con un comunicado en el que afirmó: "Los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional".
"Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos", prosigue la declaración.
Posteriormente, en una aparición en televisión, Maduro dijo que en Venezuela "la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional, el 11, 12 y 13 de abril del año 2002".
El mandatario anunció que él resolvería este mismo viernes el "impasse" surgido entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual convocaría a una reunión del Consejo de Defensa Nacional.
Pero Ortega, en una aparente muestra de discrepancia con el tono del discurso oficial, consideró: "Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento".
"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad", agregó.
Hasta ahora, Ortega es considerada pieza clave del entramado del altos funcionarios afines de los que se vale el gobierno, según denuncian los críticos, para controlar el sistema de justicia del país.
La funcionaria, que trabaja en el Ministerio Público en el año 2002, fue nombrada en el cargo por primera vez en el año 2007, cuando el chavismo tenía control de la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tenía presencia por haber boicoteado las elecciones.
Ortega Díaz es la primera alta funcionaria en criticar la decisión del TSJ.Posteriormente, fue ratificada en el cargo en 2014 por un nuevo Parlamento en el que el chavismo pese a ser mayoría no tenía la mayoría absoluta de dos tercios, lo que generó protestas de la oposición que consideraba que el nombramiento constituía "un abuso a la Constitución".
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, valoró las críticas de Ortega a las sentencias del TSJ.
"El paso que ha dado, de hacer valer los valores de la Constitución, el mundo se lo reconoce. Y a todas las instituciones del país (…) y a todos los venezolanos que tienen un cargo de responsabilidad, le hacemos un llamado en el mismo tenor, este es el momento de obedecer las órdenes de la conciencia, este es el momento de obedecer los valores de Venezuela", dijo.
Borges también hizo un llamado al estamento militar: "Es tan importante que nuestra Fuerza Armada no sienta que hay un conflicto entre seguir unas órdenes y obedecer la Constitución".
Señaló que los venezolanos "tienen una lupa puesta en la Fuerza Armada esperando que la lealtad sea a la Constitución y a la libertad".
Por su parte, el antecesor de Borges al frente de la AN, el también opositor Henry Ramos Allup, dijo que las afirmaciones de Ortega son un "paso adelante".
"La declaraciones dadas por la Fiscal General de la República señalando las aberradas sentencias y calificándolas como una ruptura del orden constitucional significan un paso adelante de una institución que no quiere prestarse a las violaciones de la Constitución", dijo Ramos según reseñó la emisora Unión Radio.
"Exactamente a eso es lo que estamos apuntando, a que no se quebrante el orden constitucional, a que no se rompa, que se respete la separación de poderes, a que no se persiga a nadie por sus ideas, a que se permitan las elecciones", apuntó.
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