Pascual ha liderado las denuncias que han presentado desde hace tres años los vecinos de esta zona rural, ubicada a cuatro kilómetros de la capital canaria, por las fumigaciones que hace Máximo Castilla, médico y productor rural. Cuando vio que Castilla se le acercaba, intentó filmarlo. “Puta, hija de puta, conchuda, te voy a matar”, le decía el doctor. El celular cayó al suelo pero no se rompió; Pascual alcanzó a tomar una foto y le dijo que lo iba a denunciar. Castilla tomó el atajo: “Él me denunció a mí y yo a él”.
Se encontraron en la Seccional 1ª de Canelones; según Pascual, Castilla siguió insultándola. A ella de inmediato la llevaron a su mutualista y allí estuvo algunas horas; sólo tenía la muñeca roja del manotazo. Horas después, volvió a la Seccional 1ª para concluir la denuncia, y hoy irá al Juzgado Letrado de Canelones de 1º Turno.
Pascual lloraba al hacer el relato. Tal vez por miedo -no es la primera vez que Castilla la amenaza de muerte-, tanto y más por bronca. Cuestionó que sea “tan impune” y preguntó: “¿Quién le va a poner el límite? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? No puedo ser yo”.
La exposición que hará hoy Pascual en el juzgado se sumará al expediente iniciado por la Intendencia de Canelones (IC), que en setiembre de 2015 denunció penalmente a Castilla por no respetar las distancias mínimas definidas para fumigar; la zona de Paso Picón fue redefinida en mayo de 2015 como “perímetro rural con asentamiento urbano”, pero, de todos modos, antes de eso el médico había incurrido en infracciones por fumigar con viento, provocando deriva de agroquímicos en los predios linderos (por alguna de esas infracciones recibió multas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, además de las cobradas por la IC).
La causa está a cargo del juez Luis Alberto Sobot, que si bien no ha citado a los vecinos denunciantes, tiene mucho para estudiar. En enero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le presentó al juez un informe a partir de la evaluación de las historias clínicas de los vecinos denunciantes, tal como lo consignó el semanario Brecha el 22 de julio. El MSP pidió a las instituciones de salud una copia de las historias clínicas -también buscó evaluar el propio registro de las instituciones-, y en tres casos constató la relación entre los síntomas de tos, mareos, vómitos, cefaleas y malestar que manifestaban los vecinos por estar expuestos a la aplicación de plaguicidas; en otros no pudo constatarse, en parte debido a un registro inadecuado. De acuerdo con el informe, hay reiteradas afecciones, algunas de ellas graves, provocadas por la “exposición crónica” a los plaguicidas aplicados a los cultivos de soja y trigo.
Desde el domingo los vecinos convocan a una reunión que se hará en la Escuela Rural Nº 34, de Paso Picón, para intercambiar sobre los informes que el MSP presentó al juez Sobot; se anuncia la presencia de autoridades nacionales y departamentales. El encuentro está fijado para el jueves a las 16.00 y no parece que se vaya a suspender por amenazas.
Se encontraron en la Seccional 1ª de Canelones; según Pascual, Castilla siguió insultándola. A ella de inmediato la llevaron a su mutualista y allí estuvo algunas horas; sólo tenía la muñeca roja del manotazo. Horas después, volvió a la Seccional 1ª para concluir la denuncia, y hoy irá al Juzgado Letrado de Canelones de 1º Turno.
Pascual lloraba al hacer el relato. Tal vez por miedo -no es la primera vez que Castilla la amenaza de muerte-, tanto y más por bronca. Cuestionó que sea “tan impune” y preguntó: “¿Quién le va a poner el límite? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? No puedo ser yo”.
La exposición que hará hoy Pascual en el juzgado se sumará al expediente iniciado por la Intendencia de Canelones (IC), que en setiembre de 2015 denunció penalmente a Castilla por no respetar las distancias mínimas definidas para fumigar; la zona de Paso Picón fue redefinida en mayo de 2015 como “perímetro rural con asentamiento urbano”, pero, de todos modos, antes de eso el médico había incurrido en infracciones por fumigar con viento, provocando deriva de agroquímicos en los predios linderos (por alguna de esas infracciones recibió multas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, además de las cobradas por la IC).
La causa está a cargo del juez Luis Alberto Sobot, que si bien no ha citado a los vecinos denunciantes, tiene mucho para estudiar. En enero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le presentó al juez un informe a partir de la evaluación de las historias clínicas de los vecinos denunciantes, tal como lo consignó el semanario Brecha el 22 de julio. El MSP pidió a las instituciones de salud una copia de las historias clínicas -también buscó evaluar el propio registro de las instituciones-, y en tres casos constató la relación entre los síntomas de tos, mareos, vómitos, cefaleas y malestar que manifestaban los vecinos por estar expuestos a la aplicación de plaguicidas; en otros no pudo constatarse, en parte debido a un registro inadecuado. De acuerdo con el informe, hay reiteradas afecciones, algunas de ellas graves, provocadas por la “exposición crónica” a los plaguicidas aplicados a los cultivos de soja y trigo.
Desde el domingo los vecinos convocan a una reunión que se hará en la Escuela Rural Nº 34, de Paso Picón, para intercambiar sobre los informes que el MSP presentó al juez Sobot; se anuncia la presencia de autoridades nacionales y departamentales. El encuentro está fijado para el jueves a las 16.00 y no parece que se vaya a suspender por amenazas.
Amanda Muñoz
Fuente: La Diaria
Adriana Pascual vive desde el año 2011 en Paso Picón, una zona rural
ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Canelones, habitada por poco
más de 400 personas. Ella, junto con un grupo de vecinos, se ha
encargado de denunciar sistemáticamente al doctor Máximo Castilla, quien fumiga sus cultivos de soja con glifosato, una sustancia muy peligrosa que intoxica todo lo que toca.
Entre los arroyos Canelón Grande y el Canelón Chico Castilla tiene 500 hectáreas plantadas de soja. Esa área donde se juntan los dos arroyos es “margat”, poco más adelante está Aguas Corrientes, donde OSE toma el agua para potabilizar y suministrar a todo Montevideo y la zona metropolitana, por lo que sus fumigaciones afectan directamente a más de la mitad del país.
La historia de Pascual comienza en el 2011, cuando se muda al lado de los campos de Castilla. Empieza a notar que algo estaba mal con sus suelos: tres limoneros se murieron, los perros se congestionaban y morían, su propia hija pasó por una serie de enfermedades como otitis, conjuntivitis, gastritis además de unas fuertes crisis respiratorias.
Al hablar con los vecinos, se enteró que en el 2009 Castilla ya había sido denunciado por uno de ellos: Hugo Fontan. En esa oportunidad la multa fue por fumigar desde una avioneta, y gracias a eso se prohibió la fumigación área en el departamento de Canelones. Luego Castilla empieza a rociar sus plantaciones con glifosato por la vía terrestre, a través del “mosquito” (una máquina similar a un tractor)
Esta situación fue denunciada por Pascual en el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP), por lo que 48 horas después, el inspector Douglas Maldini, fue a recorrer la zona sin poder comprobar los hechos, porque la fumigación había sido hace más de un mes. Lo único que hizo fue informarle a Pascual que “las fumigaciones terrestre deben estar 300 metros de una escuela, de una zona urbana, suburbana, y centropoblado, como ustedes viven en una zona rural no están amparados en la normativa”.
El grupo de Paso Picón decidió hacer la denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el argumento de que “todos somos iguales ante la ley”, por lo que los derechos de un citadino son los mismos que los habitantes de la zona rural. El INDDHH toma la denuncia y exige explicaciones a los ministros del MGAP, de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Ninguno supo dar una respuesta a la preocupación de los vecinos; el Instituto concluyó que “el Estado uruguayo fue negligente y omiso en la protección de los derechos humanos”. Una sentencia que es vinculante en lo moral pero no legalmente.
Se necesitan pruebas
El MSP pidió evidencia de las denuncias, para eso sugirió hacerle a la hija de Pascual una batería de estudios toxicológicos, antes de la fumigación y 48 horas después. Además la vecina de Paso Picón sacó fotos del mosquito mientras fumigaba, sin darse cuenta que se exponía directamente al glifosato.
A raíz de esto Pascual terminó internada en un centro hospitalario de Montevideo (porque el sistema de salud de Canelones “no le daba confianza por la influencia del doctor Castilla”). En la capital achacaron su malestar “a una laringitis y a una crisis nerviosa”; Pascual se mantuvo firme y llamó al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), quienes comprobaron su grado de intoxicación por glifosato.
Federico López Romanelli, funcionario de la Intendencia de Canelones, también terminó internado por intoxicación. López decidió ir a corroborar los hechos denunciados por los vecinos de Paso Picón en persona, por lo que se expuso directamente al tóxico. Como consecuencia fue hospitalizado en un centro departamental, que nunca llamó al CIAT, y fue tratado por una “gastritis”, sin embargo la denuncia por intoxicación consta en el Banco de Seguros del Estado.
Después de 48 horas de la fumigación los resultados de los estudios realizados a la hija de Pascual también presentaron unos datos muy preocupantes. Con esas tres denuncias, en el 2014, el MSP multó por primera vez a Castilla con el pago de 1000 Unidades Reajustables (UR), deuda que hasta ahora no fue saldada.
El foco en Paso Picón
A partir de esa sanción la situación de Picón se hizo más conocida. Algunos medios se acercaron a la zona, incluso se filmó un documental. Pascual cuenta que hicieron “algunas entrevistas, y el Dr. Castilla me hizo denuncia por Calumnias e Injurias. La causa fue archivada porque se demostró que lo que había dicho en esa entrevista era la realidad misma”.
Otra de los problemas que enfrentó Pascual fue “la apretada de una de la hijas de Castilla, que me dijo que podía mandarme a la cárcel o sacarme dinero, yo le expliqué que tenía educación suficiente para saber que lo que hacía no era un delito”.
En el 2014 los vecinos lograron hacer una reunión con todos los involucrados, menos Castilla. A la Escuela Rural de Paso Picón acudieron: productores de la zona, representantes del MSP, de la Intendencia de Canelones, del MGAP, del INDDHH, además de periodistas de Brecha y La Diaria.
En esa oportunidad se determinó cómo proceder con la situación. La Intendencia decidió tomar el liderazgo y habilitó el número 099 389 486 para denunciar vía SMS cuando se hiciera una fumigación, y el Cuerpo Inspectivo del municipio pudiera acudir en el momento a corroborar los hechos, y no 48 horas después como hacían los inspectores del MGAP.
Gracias a este nuevo protocolo en un solo día los funcionarios de la comuna canaria corroboraron seis denuncias diferentes de los vecinos. Con esa evidencia el MGAP administró a Castilla una multa de 60 Unidades Reajustables (54.300 pesos).
Para Pascual “hay muy buenas esperanzas, esta primera multa vale mucho más, porque nos da aliento y difusión, nos da una pequeña batalla ganada en Ganadería. Por eso es tan importante llamar al número”.
“¿Qué es lo que me queda, agarrar un revólver y matarla yo, o darle una patada en el traste y tirarla para el medio de la calle?” Las palabras, textuales, son del doctor Máximo Castilla y fueron pronunciadas ante el Tribunal de Ética Médica (Tem) del Colegio Médico del Uruguay (Cmu). Las expresiones estaban dirigidas a Adriana Pascual, una de los denunciantes ante ese organismo.
Con esas declaraciones no es difícil acreditar los testimonios de amenazas a vecinos que se atreven a denunciarlo por las fumigaciones que realiza en su establecimiento sojero y que llegan a rociar las casas cercanas al predio, en Paso Picón, Canelones.
Castilla –que según informó en su edición del jueves 19 de marzo el diario Hoy Canelones sería candidato a alcalde en la capital canaria por el sector Alianza Nacional– ya había evidenciado sus intenciones, entregando casa por casa y en el almacén una carta plagada de agravios hacia quienes iniciaron las denuncias.
Entre los arroyos Canelón Grande y el Canelón Chico Castilla tiene 500 hectáreas plantadas de soja. Esa área donde se juntan los dos arroyos es “margat”, poco más adelante está Aguas Corrientes, donde OSE toma el agua para potabilizar y suministrar a todo Montevideo y la zona metropolitana, por lo que sus fumigaciones afectan directamente a más de la mitad del país.
La historia de Pascual comienza en el 2011, cuando se muda al lado de los campos de Castilla. Empieza a notar que algo estaba mal con sus suelos: tres limoneros se murieron, los perros se congestionaban y morían, su propia hija pasó por una serie de enfermedades como otitis, conjuntivitis, gastritis además de unas fuertes crisis respiratorias.
Al hablar con los vecinos, se enteró que en el 2009 Castilla ya había sido denunciado por uno de ellos: Hugo Fontan. En esa oportunidad la multa fue por fumigar desde una avioneta, y gracias a eso se prohibió la fumigación área en el departamento de Canelones. Luego Castilla empieza a rociar sus plantaciones con glifosato por la vía terrestre, a través del “mosquito” (una máquina similar a un tractor)
Esta situación fue denunciada por Pascual en el Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP), por lo que 48 horas después, el inspector Douglas Maldini, fue a recorrer la zona sin poder comprobar los hechos, porque la fumigación había sido hace más de un mes. Lo único que hizo fue informarle a Pascual que “las fumigaciones terrestre deben estar 300 metros de una escuela, de una zona urbana, suburbana, y centropoblado, como ustedes viven en una zona rural no están amparados en la normativa”.
El grupo de Paso Picón decidió hacer la denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el argumento de que “todos somos iguales ante la ley”, por lo que los derechos de un citadino son los mismos que los habitantes de la zona rural. El INDDHH toma la denuncia y exige explicaciones a los ministros del MGAP, de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Ninguno supo dar una respuesta a la preocupación de los vecinos; el Instituto concluyó que “el Estado uruguayo fue negligente y omiso en la protección de los derechos humanos”. Una sentencia que es vinculante en lo moral pero no legalmente.
Adriana
Pascual y su hija. Al fondo, cruzando una calle de tierra, se observa
el terreno donde fumiga Castilla y que ya ha intoxicado a la familia de
Adriana.
El MSP pidió evidencia de las denuncias, para eso sugirió hacerle a la hija de Pascual una batería de estudios toxicológicos, antes de la fumigación y 48 horas después. Además la vecina de Paso Picón sacó fotos del mosquito mientras fumigaba, sin darse cuenta que se exponía directamente al glifosato.
A raíz de esto Pascual terminó internada en un centro hospitalario de Montevideo (porque el sistema de salud de Canelones “no le daba confianza por la influencia del doctor Castilla”). En la capital achacaron su malestar “a una laringitis y a una crisis nerviosa”; Pascual se mantuvo firme y llamó al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), quienes comprobaron su grado de intoxicación por glifosato.
Federico López Romanelli, funcionario de la Intendencia de Canelones, también terminó internado por intoxicación. López decidió ir a corroborar los hechos denunciados por los vecinos de Paso Picón en persona, por lo que se expuso directamente al tóxico. Como consecuencia fue hospitalizado en un centro departamental, que nunca llamó al CIAT, y fue tratado por una “gastritis”, sin embargo la denuncia por intoxicación consta en el Banco de Seguros del Estado.
Después de 48 horas de la fumigación los resultados de los estudios realizados a la hija de Pascual también presentaron unos datos muy preocupantes. Con esas tres denuncias, en el 2014, el MSP multó por primera vez a Castilla con el pago de 1000 Unidades Reajustables (UR), deuda que hasta ahora no fue saldada.
Alguno de los vecinos afectados por las fumigaciones de las plantaciones de Castilla
El foco en Paso Picón
A partir de esa sanción la situación de Picón se hizo más conocida. Algunos medios se acercaron a la zona, incluso se filmó un documental. Pascual cuenta que hicieron “algunas entrevistas, y el Dr. Castilla me hizo denuncia por Calumnias e Injurias. La causa fue archivada porque se demostró que lo que había dicho en esa entrevista era la realidad misma”.
Otra de los problemas que enfrentó Pascual fue “la apretada de una de la hijas de Castilla, que me dijo que podía mandarme a la cárcel o sacarme dinero, yo le expliqué que tenía educación suficiente para saber que lo que hacía no era un delito”.
En el 2014 los vecinos lograron hacer una reunión con todos los involucrados, menos Castilla. A la Escuela Rural de Paso Picón acudieron: productores de la zona, representantes del MSP, de la Intendencia de Canelones, del MGAP, del INDDHH, además de periodistas de Brecha y La Diaria.
En esa oportunidad se determinó cómo proceder con la situación. La Intendencia decidió tomar el liderazgo y habilitó el número 099 389 486 para denunciar vía SMS cuando se hiciera una fumigación, y el Cuerpo Inspectivo del municipio pudiera acudir en el momento a corroborar los hechos, y no 48 horas después como hacían los inspectores del MGAP.
Gracias a este nuevo protocolo en un solo día los funcionarios de la comuna canaria corroboraron seis denuncias diferentes de los vecinos. Con esa evidencia el MGAP administró a Castilla una multa de 60 Unidades Reajustables (54.300 pesos).
Para Pascual “hay muy buenas esperanzas, esta primera multa vale mucho más, porque nos da aliento y difusión, nos da una pequeña batalla ganada en Ganadería. Por eso es tan importante llamar al número”.
Texto: Leticia Castro
Este es un artículo del Semanario Brecha del año 2015
“¿Qué es lo que me queda, agarrar un revólver y matarla yo, o darle una patada en el traste y tirarla para el medio de la calle?” Las palabras, textuales, son del doctor Máximo Castilla y fueron pronunciadas ante el Tribunal de Ética Médica (Tem) del Colegio Médico del Uruguay (Cmu). Las expresiones estaban dirigidas a Adriana Pascual, una de los denunciantes ante ese organismo.
Con esas declaraciones no es difícil acreditar los testimonios de amenazas a vecinos que se atreven a denunciarlo por las fumigaciones que realiza en su establecimiento sojero y que llegan a rociar las casas cercanas al predio, en Paso Picón, Canelones.
Castilla –que según informó en su edición del jueves 19 de marzo el diario Hoy Canelones sería candidato a alcalde en la capital canaria por el sector Alianza Nacional– ya había evidenciado sus intenciones, entregando casa por casa y en el almacén una carta plagada de agravios hacia quienes iniciaron las denuncias.
Las declaraciones que hizo a este semanario en febrero de 2014 reafirmaron su postura: “Todo el que la apoye (a Pascual) y me ensucie sin saber va a ser castigado por la ley, porque yo me voy a encargar de que reciba su merecido” (véase Brecha, 7-II-14). Así, el doctor retrucó las acusaciones con denuncias ante la justicia y, amparado en el poder que le da su estatus de médico, intentó desacreditar a quienes criticaban su accionar. Sin muchas salidas a la vista en ese momento, los denunciantes apuntaron hacia la ética del profesional.
ÉTICA DIVISIBLE. El 20 de mayo de 2014 ingresó al Cmu la denuncia presentada por los vecinos. Primero se debía probar que Castilla era el autor de la carta y las declaraciones, y luego probar que eso constituyera una falta a la ética profesional. El Tem sancionó en diciembre del año pasado al doctor Máximo Castilla, con la “inhabilitación para el ejercicio profesional por el lapso de tres meses”. La decisión unánime estuvo a cargo de los médicos Baltasar Aguilar, Hugo Rodríguez, Edmundo Batthyany, Roberto Maslíah y Rafael Lombardi.
Sin embargo, apelación mediante, el Consejo Nacional del Cmu, a través de un tribunal de alzada, revocó el fallo, dejando sin efecto la sanción.
Ante el Tem, Castilla no sólo confirmó la autoría de la carta y de las declaraciones, sino que insistió con los agravios a los vecinos de su predio.
El fondo, por cierto, es más profundo. Castilla lo sabe: “Qué tiene que ver esto de la fumigación con la ética profesional (…) yo pensé que era sólo la parte médica lo que juzgaba el tribunal, el comportamiento de un médico como persona y como profesional”.
Según se detalla en las actas a las que accedió Brecha, el médico sojero insistió ante el Tribunal de Ética en agraviar a la familia Pascual: “Viven en un mugrero que da miedo”, donde habría “leptospirosis, dengue y ratas”. También afirmó que su vecina “es una enferma psiquiátrica (…) una maestra que no va a trabajar porque siempre está con licencia médica, cuando no es licencia psiquiátrica es licencia de reuma, cuando no es de reuma está decaída, ella siempre tiene una excusa”.
Interrogado sobre si había accedido a la historia médica de Pascual para hacer tales afirmaciones, el doctor lo negó rotundamente.
Y en este punto nace una de las grandes diferencias de interpretación entre el Tem y el Tribunal de Alzada. El primero detalla: “Que si la violación a la confidencialidad constituye inequívocamente una falta ética, no lo es menos en el caso en análisis, en que la divulgación de la información no fue por negligencia sino deliberadamente para causarle daño y descrédito a los denunciantes. Además, agrava la falta el hecho de que –según el propio denunciado– ni siquiera le constaba en forma fehaciente lo que hizo público, sino que a su juicio se trata de hechos que son vox pópuli y que ‘todo el mundo lo sabe’”.
Para el Tribunal de Alzada, aunque reconoce “excesos” y “palabras poco elegantes”, “una expresión injuriante será relevante en el plano de la ética médica cuando afecte a pacientes, colegas o integrantes del equipo de salud, pero no lo es cuando afecta a otros ciudadanos con los cuales no está relacionado profesionalmente como es en el presente caso”.
El Tribunal de Alzada compuesto por Óscar Balboa, Ramiro Failache, Inés Vidal, Gerardo López Secchi y Jorge Torres entendió que analizar las declaraciones de Castilla “supone ingresar en un campo ajeno a las competencias de los tribunales del Colegio Médico del Uruguay, área que por el contrario corresponde a los tribunales civiles y penales de la República”.
Y SIN EMBARGO. Un dato interesante se desprende de la fundamentación del voto de Aguilar y Batthyany en el Tem: “Surge probado en el procedimiento el daño a la salud que se ha ocasionado como consecuencia de la fumigación (reiterada y no ocasional) de los cultivos realizada por el doctor Máximo Castilla”. La afirmación se basa en el informe de la directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Msp, Carmen Ciganda, que fue presentado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) con posterioridad a la denuncia en el Cmu. Por tanto, los vecinos no incluyeron estos hechos en la denuncia, lo que a su vez impidió al Cmu de pronunciarse sobre el asunto, ya que debe ceñirse estrictamente a la imputación presentada (los dichos y la carta divulgada por el médico). “Contrariamente a lo sostenido por el denunciado, quien considera que el tribunal no tendría competencia para expedirse sobre daños a la salud derivados de su actividad agropecuaria, cabe enfatizar que es sólo por razones del necesario apego a las formalidades procesales que no se ingresará al fondo de las graves situaciones referidas”, aclaró el Tem.
Según Castilla, que Adriana Pascual ponga la piscina, la mesita y las muñecas de su hija del lado de su campo demuestra que ella “está mal de la cabeza”. Sin embargo, los vecinos organizados de Picón lograron llamar la atención de las autoridades. Ejemplo de esto fue la presencia de tres representantes de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Mgap) –incluido su director general, Inocencio Bertoni– en una reunión “informal” con los vecinos, donde escucharon sus reclamos. El 5 de marzo se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre los actores involucrados a propuesta de la Intendencia de Canelones (IC), con la idea de “ajustar los protocolos de acción”, atender “casos agudos” como éste, y “avanzar en soluciones de fondo”, coordinación que desembocaría en la reunión más importante que se dio hasta el momento en relación con el caso: la del 13 de marzo en la escuela de la zona. En este encuentro, que fue presenciado por Brecha, participaron las autoridades de todos los organismos públicos vinculados al tema: Mgap, Msp, Dirección Nacional de Medio Ambiente, IC, Dirección Departamental de Salud, Primaria y la Inddhh. Allí la IC presentó una propuesta concreta, la creación de una nueva categoría territorial: “centro poblado rural”. La propuesta mantiene el rótulo de “rural”, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, ya que no se reconocen dentro de la categoría “suburbanos”. Según explicó a este semanario el director general de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, “esto implica reconocer que en el departamento de Canelones existen lugares con mayor concentración de población que requieren una atención especial”. Agregó que ya se ajustó el borrador con la intendenta, Gabriela Garrido, y que la IC “sacará en breve una resolución que tendrá como objetivo viabilizar la permanencia de la población en esta zona y promover las condiciones socioambientales para garantizarlo”. Luego que la resolución se haga efectiva, deberá trasladarse a la Junta Departamental para ser incorporada a las directrices departamentales. Recién ahí se sabrá con mayor claridad lo que implica en la práctica esta nueva categorización, y cuáles son las posibilidades reales de articulación entre los actores para dar respuestas efectivas y concretas al problema. Hasta el momento, y tal como se expresó en la reunión, el Mgap, el Msp y la Dinama ven con buenos ojos esta propuesta. Las autoridades prometieron celeridad ante los vecinos.
ÉTICA DIVISIBLE. El 20 de mayo de 2014 ingresó al Cmu la denuncia presentada por los vecinos. Primero se debía probar que Castilla era el autor de la carta y las declaraciones, y luego probar que eso constituyera una falta a la ética profesional. El Tem sancionó en diciembre del año pasado al doctor Máximo Castilla, con la “inhabilitación para el ejercicio profesional por el lapso de tres meses”. La decisión unánime estuvo a cargo de los médicos Baltasar Aguilar, Hugo Rodríguez, Edmundo Batthyany, Roberto Maslíah y Rafael Lombardi.
Sin embargo, apelación mediante, el Consejo Nacional del Cmu, a través de un tribunal de alzada, revocó el fallo, dejando sin efecto la sanción.
Ante el Tem, Castilla no sólo confirmó la autoría de la carta y de las declaraciones, sino que insistió con los agravios a los vecinos de su predio.
El fondo, por cierto, es más profundo. Castilla lo sabe: “Qué tiene que ver esto de la fumigación con la ética profesional (…) yo pensé que era sólo la parte médica lo que juzgaba el tribunal, el comportamiento de un médico como persona y como profesional”.
Según se detalla en las actas a las que accedió Brecha, el médico sojero insistió ante el Tribunal de Ética en agraviar a la familia Pascual: “Viven en un mugrero que da miedo”, donde habría “leptospirosis, dengue y ratas”. También afirmó que su vecina “es una enferma psiquiátrica (…) una maestra que no va a trabajar porque siempre está con licencia médica, cuando no es licencia psiquiátrica es licencia de reuma, cuando no es de reuma está decaída, ella siempre tiene una excusa”.
Interrogado sobre si había accedido a la historia médica de Pascual para hacer tales afirmaciones, el doctor lo negó rotundamente.
Y en este punto nace una de las grandes diferencias de interpretación entre el Tem y el Tribunal de Alzada. El primero detalla: “Que si la violación a la confidencialidad constituye inequívocamente una falta ética, no lo es menos en el caso en análisis, en que la divulgación de la información no fue por negligencia sino deliberadamente para causarle daño y descrédito a los denunciantes. Además, agrava la falta el hecho de que –según el propio denunciado– ni siquiera le constaba en forma fehaciente lo que hizo público, sino que a su juicio se trata de hechos que son vox pópuli y que ‘todo el mundo lo sabe’”.
Para el Tribunal de Alzada, aunque reconoce “excesos” y “palabras poco elegantes”, “una expresión injuriante será relevante en el plano de la ética médica cuando afecte a pacientes, colegas o integrantes del equipo de salud, pero no lo es cuando afecta a otros ciudadanos con los cuales no está relacionado profesionalmente como es en el presente caso”.
El Tribunal de Alzada compuesto por Óscar Balboa, Ramiro Failache, Inés Vidal, Gerardo López Secchi y Jorge Torres entendió que analizar las declaraciones de Castilla “supone ingresar en un campo ajeno a las competencias de los tribunales del Colegio Médico del Uruguay, área que por el contrario corresponde a los tribunales civiles y penales de la República”.
Y SIN EMBARGO. Un dato interesante se desprende de la fundamentación del voto de Aguilar y Batthyany en el Tem: “Surge probado en el procedimiento el daño a la salud que se ha ocasionado como consecuencia de la fumigación (reiterada y no ocasional) de los cultivos realizada por el doctor Máximo Castilla”. La afirmación se basa en el informe de la directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Msp, Carmen Ciganda, que fue presentado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) con posterioridad a la denuncia en el Cmu. Por tanto, los vecinos no incluyeron estos hechos en la denuncia, lo que a su vez impidió al Cmu de pronunciarse sobre el asunto, ya que debe ceñirse estrictamente a la imputación presentada (los dichos y la carta divulgada por el médico). “Contrariamente a lo sostenido por el denunciado, quien considera que el tribunal no tendría competencia para expedirse sobre daños a la salud derivados de su actividad agropecuaria, cabe enfatizar que es sólo por razones del necesario apego a las formalidades procesales que no se ingresará al fondo de las graves situaciones referidas”, aclaró el Tem.
Según Castilla, que Adriana Pascual ponga la piscina, la mesita y las muñecas de su hija del lado de su campo demuestra que ella “está mal de la cabeza”. Sin embargo, los vecinos organizados de Picón lograron llamar la atención de las autoridades. Ejemplo de esto fue la presencia de tres representantes de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Mgap) –incluido su director general, Inocencio Bertoni– en una reunión “informal” con los vecinos, donde escucharon sus reclamos. El 5 de marzo se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre los actores involucrados a propuesta de la Intendencia de Canelones (IC), con la idea de “ajustar los protocolos de acción”, atender “casos agudos” como éste, y “avanzar en soluciones de fondo”, coordinación que desembocaría en la reunión más importante que se dio hasta el momento en relación con el caso: la del 13 de marzo en la escuela de la zona. En este encuentro, que fue presenciado por Brecha, participaron las autoridades de todos los organismos públicos vinculados al tema: Mgap, Msp, Dirección Nacional de Medio Ambiente, IC, Dirección Departamental de Salud, Primaria y la Inddhh. Allí la IC presentó una propuesta concreta, la creación de una nueva categoría territorial: “centro poblado rural”. La propuesta mantiene el rótulo de “rural”, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, ya que no se reconocen dentro de la categoría “suburbanos”. Según explicó a este semanario el director general de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, “esto implica reconocer que en el departamento de Canelones existen lugares con mayor concentración de población que requieren una atención especial”. Agregó que ya se ajustó el borrador con la intendenta, Gabriela Garrido, y que la IC “sacará en breve una resolución que tendrá como objetivo viabilizar la permanencia de la población en esta zona y promover las condiciones socioambientales para garantizarlo”. Luego que la resolución se haga efectiva, deberá trasladarse a la Junta Departamental para ser incorporada a las directrices departamentales. Recién ahí se sabrá con mayor claridad lo que implica en la práctica esta nueva categorización, y cuáles son las posibilidades reales de articulación entre los actores para dar respuestas efectivas y concretas al problema. Hasta el momento, y tal como se expresó en la reunión, el Mgap, el Msp y la Dinama ven con buenos ojos esta propuesta. Las autoridades prometieron celeridad ante los vecinos.
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