El Dr. Tabaré Vázquez es el gran ganador y todos los laureles van para él con justicia. En primer lugar porque fue el promotor de la política pública que implicó medidas que no solo fueron exitosas socialmente (se redujo la cantidad de uruguayos que consumen tabaco), culturalmente (pese a algunas voces críticas al principio a los uruguayos en líneas generales les gustó la mano dura) y hasta políticamente (donde no hubo más que rechazos menores). Pero eso no es todo.
Si la política pública no era correcta, por mejores abogados, estrategias jurídicas o apoyos del exterior que llegaran, el juicio se iba a perder. Por tanto, una lectura es que el laudo del arbitraje fue favorable porque las medidas se tomaron de forma correcta. Y el mérito principal allí es de Vázquez.
Además este fue uno de los pocos temas en los que Vázquez ha sido inflexible en lo que lleva como mandatario (2005-2010 y desde 2015 hasta ahora). Como reseñó el politólogo Oscar Bottinelli en su columna del pasado domingo, "este hombre que ha sido muy flexible en casi todos los terrenos, ha sido inflexible en dos", y mencionó allí la lucha contra el tabaco y el veto a la ley de despenalización del aborto.
En ambos casos se enfrentó a su partido. En el aborto fue evidente, al vetar la ley aprobada por la mayoría del FA.
Y en el tabaco, porque el gobierno de José Mujica amagó con flexibilizar algunas normas y negociar con Philip Morris (PM). El entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, hizo declaraciones en ese sentido y anunció que se permitiría que las empresas pudieran vender más de un producto dentro de la misma marca (ese fue uno de los puntos por los que la tabacalera inició el arbitraje) y reduciría el espacio destinado en cada cajilla a la publicidad institucional (otro aspecto del litigio). Para eso se formó una comisión que iba a estar integrada por Olesker, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el canciller Luis Almagro.
Vázquez en ese momento (julio de 2010) puso el grito en el cielo.
"Apoyo al compañero Mujica, pero en esto no lo puedo acompañar", dijo.
Según el presidente implicaba "un paso atrás y una muestra de debilidad en lo que es esta lucha contra esta pandemia mundial como es el tabaquismo, que ocasiona millones de muertes en el mundo". Agregó que "por una presión chantajista de una multinacional como es Philip Morris, que lo que busca simplemente es doblar la voluntad del gobierno uruguayo para luego sacar réditos y mostrarlo como un triunfo para que otros países no inicien esta lucha contra el tabaquismo, es realmente lamentable".
Olesker en ese momento retrucó y dijo que el gobierno de Vázquez cometió un "error jurídico" con alguna de sus normas. "Lo que hay es una demanda porque hubo un error jurídico", dijo en radio Océano.
Pero la presión de Vázquez dio resultado. Le pidió apoyo al Frente Amplio, que se volcó a favor de mantener las políticas antitabaco y el gobierno de Mujica finalmente no retrocedió y encaró el juicio con mucha fuerza.
"El logro cosechado es mérito del Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, verdadero campeón de la salud pública y defensor de principios de medidas fuertes para disminuir el tabaquismo y salvar vidas", dijo uno de los abogados del estudio Foley Hoag que contrató Uruguay.
Paul Reichler
Fue
el peso pesado de la abogacía que el gobierno de Mujica contrató para
liderar el litigio.
El estudio que dirige es Foley Hoag.
Reichler
es un abogado de Nueva York, que se se graduó en Harvard en 1973 y
es "uno de los más respetados y experimentados del mundo en derecho
internacional público" escribió la guía especializada Chambers Global.
Ya
había defendido a Uruguay en La Haya por el tratado del Río Uruguay, y
en su currículum se nombran cientos de litigios entre los países chicos
por motivos chicos.
Tiene más de 25 años en la
representación de Estados soberanos en diferencias con otros Estados, y
en diferencias con inversores extranjeros. Según Chambers Global,
"pertenece a un grupo selecto de abogados élite con una amplia
experiencia en litigios en representación de Estados soberanos ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya, y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo".
La
revista The American Lawyer lo llamó "Señor Corte Mundial", establece:
"Desde Centroamérica al Cáucaso, Paul Reichler de Foley Hoag ha labrado
un práctica única en derecho internacional público". La revista también
establece que los juicios que Reichler ganó para Nicaragua sirvieron
para darle clientes en toda la izquierda latinoamericana.
Lawrence Martin
Es otro de los socios del estudio Foley Hoag especializado
en derecho internacional, litigios y arbitrajes como el de Uruguay ante
PM. Martin además se ha especializado en asuntos de derecho ambiental y
litigios del mar.
La revista Chambers
Global también escribió sobre él en 2015 y lo calificó como uno de los
mejores abogados del mundo en derecho internacional. "Es excepcional no
sólo en términos de conocimientos, la experiencia de la ley, y la
capacidad de organización y de gestión".
Clara Brillembourg
Al
igual que los otros dos integrantes de Foley Hoag, es experta en
derecho internacional. Pero su diferencial para el juicio con PM fue su
especialización en Derechos Humanos. Ese fue un punto clave del juicio, explicaron a El Observador fuentes del caso.
Es
la más joven de la representación de abogados de Uruguay en el litigio y
dirige el Consejo de Líderes Ascendentes del Centro Internacional
Meridien, que reúne jóvenes líderes de la comunidad diplomática
extranjera con profesionales estatales estadounidenses para debatir
sobre la política internacional.
Además forma parte del consejo del Centro Carr para políticas sobre Derechos Humanos del Harvard Kennedy School of Government, según señala su biografía.
Diego Cánepa
Este abogado uruguayo fue
la figura política del gobierno de José Mujica que asumió el liderazgo
en el arbitraje con PM. La demanda se entabló en febrero, a pocos días
de asumir el gobierno.
Luego de algunos
tropezones al comienzo, cuando hubo un intento flexibilizador liderado
por el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, para evitar el
litigio, Cánepa se suma a la discusión con la decisión ya tomada por el
presidente de ir al juicio. Buscó apoyos en el exterior, eligió al
estudio de abogados y con ellos estableció una estrategia jurídica que
implicó la dura tarea de elegir a los árbitros del litigio. Además del
árbitro "independiente", Uruguay debía nominar a uno y la empresa
litigante al tercero.
La contundencia del
fallo fue tal que incluso el árbitro elegido por PM, Gary Born, dijo en
su "opinión disidente" que estaba "de acuerdo con prácticamente todas
las conclusiones contenidas".
Miguel Ángel Toma
El
actual secretario de la Presidencia asumió el asunto con el cambio de
gobierno y tuvo que llevar adelante la estrategia del juicio en el tramo
final. Parecería poco tiempo, porque el juicio empezó en 2010 y Toma
asumió ese cargo en marzo de 2015. Sin embargo, si se observa aquí el expediente del CIADI, se puede ver cómo en el último año y medio el juicio tuvo varias incidencias importantes.
Además,
Toma también hizo un seguimiento detallado del juicio desde afuera del
gobierno. Fue el hombre de Vázquez para monitorear cómo el asunto
transcurría durante la administración Mujica.
Carlos Gianelli
El
embajador de Uruguay ante Estados Unidos de América fue parte activa del
arbitraje. Estuvo en el cargo los primeros dos años del litigio y la
embajada en Washington era la plata local de la defensa de los intereses
soberanos. Luego, en setiembre de 2012, fue sustituido por Carlos Pita,
quien también fue pieza importante en el juicio. Gianelli luego volvió
al cargo en 2015 y manejó el tramo final del juicio junto con Toma.
Tenía
además la experiencia de haber encabezado otra estrategia ante un
litigio internacional. Fue encargado de la defensa de Uruguay ante la
Corte Internacional de La Haya por el juicio con Argentina sobre la
planta papelera de Botnia (hoy UPM).
Michael Bloomberg
El
multimillonario norteamericano, filántropo y exalcalde de Nueva York,
fue un sostén importante para Uruguay en la lucha contra Philip Morris.
No solo por su respaldo personal y político, sino sobre todo por el
económico. Con el apoyo que dio a través de su fundación Tobacco Free
Kids fue posible financiar la mitad del costo del asesoramiento legal
para la primera parte del litigio. Se estima que en abogados Uruguay
gastó unos US$ 5 millones.
Harold H. Koh
Matthew Meyers
El
líder de la organización Tobacco Free Kids hizo un seguimiento
cotidiano del juicio y una de las personas más informadas. Dio
asesoramiento a Uruguay de forma gratuita y respaldó 100% la estrategia
en el litigio. En una entrevista con El Observador en 2014 defendió los pasos dados por Uruguay.
Carlos Mata
Fue
el funcionario de Cancillería que durante los más de cinco años que
duró el juicio hizo el seguimiento al caso. Actualmente es director de
Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
y en 2011 fue designado como integrante del Comité Jurídico
Interamericano.
Fuente: El Observador
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