Polonia, la gran potencia emergente del este de Europa, empieza a tener serios problemas en Bruselas por los excesos autoritarios del Gobierno ultraconservador de Jaroslaw Kaczynski, cuyo partido ganó las elecciones en octubre. Desde entonces,Kaczynski ha puesto en marcha una cruzada para dejar sin poder al Tribunal Constitucional y controlar los medios de comunicación públicos. La Comisión Europea ha lanzado hoy un serio aviso a Varsovia tras varios meses de negociaciones que no han llevado a nada. Bruselas se ve incapaz de encontrar soluciones ante las enormes dudas que plantea la reforma del Constitucional, y ha enviado un dictamen para corregir las deficiencias que observa. El Ejecutivo polaco lleva meses haciendo caso omiso de los avisos de la UE. Se trata de un nuevo paso de un procedimiento que puede acabar con la suspensión del derecho a voto de Polonia, algo que no ha sucedido nunca en la UE.
Tras casos parecidos en Hungría y Rumanía, Bruselas se dotó en 2014 de un esquema que permite al Ejecutivo comunitario evaluar el cumplimiento del Estado de derecho. Consta de tres fases. La primera ya está cerrada: el diálogo no ha servido para nada y la opinión de Bruselas ya ha sido enviada a Varsovia. Si en las próximas semanas no se resolvieran las dudas, Bruselas podría lanzar una recomendación para que Polonia cumpla con los tratados. Si ni aun así hay reacción por el lado polaco, Bruselas podría suspender el derecho de voto del país.
El vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, se ha esforzado en la sala de prensa por tratar de ser diplomático y constructivo. "Pese a nuestros esfuerzos, hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar soluciones", ha subrayado para explicar el envío de esa opinión jurídica. Bruselas reclama cambios en la reforma del Constitucional: tanto en su composición (Kaczinsky ha sustituido a cinco magistrados de ese órgano) como en la publicación de sus sentencias y en la ley que lo ha reformado. "La opinión enviada a Varsovia es una herramienta para incentivar el diálogo", ha afirmado Timmermans, pese a que ese aviso es, más que cualquier otra cosa, un amago para tratar de amedrentar a un Gobierno que no termina de darse por aludido y que hoy mismo ya ha reaccionado diciendo que ese dictamen no tienen ningún valor.
Polonia tiene ahora dos semanas para enviar a Bruselas sus observaciones. Escarmentada por experiencias anteriores en otros países, la Comisión sabe que el botón nuclear (la suspensión del derecho de voto) tendría graves consecuencias en un país capital para Europa por su peso específico y por su cada vez mayor presencia en Bruselas. Las autoridades polacas ya han ofrecido sobradas muestras de que, más que arredrarse, buscan la confrontación: desde la campaña y su acceso al Gobierno, tanto Kaczinsky como su primera ministra, Beata Szydlo, y el presidente Andrezj Duda se han dedicado a lanzar promesas sobre la devolución a Polonia de su orgullo histórico, con el resentimiento como narrativa para ganar apoyos y reorganizar por completo el Estado.
Las protestas populares tampoco han surtido efecto. Bruselas persigue una salida para que las medidas tomadas --y otras que acechan en el horizonte-- "no sean una amenaza sistémica para el Estado de Derecho". "Polonia entró en la UE hace 12 años y ratificó los tratados: debe cumplir las reglas. La Comisión no quiere inmiscuirse en el debate político que corresponde a los partidos polacos, pero a su vez es guardiana de los tratados y debe velar por que se cumplan", ha explicado un Timmermans que trataba de hacer equilibrios entre la seria advertencia que estaba mandando y la cautela necesaria para que ese asunto no vaya aún más lejos.
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