El proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff ha desatado una guerra entre las instituciones brasileñas. Tras un nuevo giro impredecible en la crisis política del país en el que el presidente en funciones del Parlamento, Waldir Maranhão, suspendió este lunes el proceso de destitución de Rousseff, el Senado ha decidido ignorarlo y mantener el calendario previsto hasta ahora. Ante el embate entre la Cámara Alta y Baja, se espera que el Tribunal Supremo interfiera, una vez más, en el destino político del país. La situación es confusa hasta para los analistas políticos: "Amigos, tengo un doctorado en este asunto, pero no tengo la menor idea de lo que está ocurriendo", afirmaba Maurício Santoro, un politólogo brasileño en sus redes sociales.
El proceso de abertura de destitución de Rousseff fue aprobado en el Parlamento entre los días 15 y 17 de abril y estaba previsto que el Senado votase este miércoles la destitución de la presidenta. Rousseff y sus aliados ya daban por descontado que una mayoría simple de los 81 senadores apoyaría su salida por, por lo menos, 180 días, hasta el proceso concluir con su destitución definitiva.
Maranhão, que votó en contra del impeachment y pertenece a uno de los partidos que dejó el Gobierno de Rousseff, basa su iniciativa en la demanda de la Abogacía General de la Unión (AGU), que denunció por lo menos cuatro ilegalidades cometidas durante la sesión de votación que dejó a la presidenta un paso más cerca de abandonar el cargo. Maranhão sustituyó la semana pasada a Eduardo Cunha, acusado de corrupción y principal impulsor del proceso de impeachment y que perdió su cargo por orden del Tribunal Supremo.
La principal irregularidad mencionada por la AGU se refiere a que los líderes de los partidos no deberían haber orientado la votación de sus correligionarios, para evitar la violación de la libertad individual de los diputados. La AGU (equivalente a la Abogacía del Estado) cuestionó también las motivaciones de los votos declaradas por los diputados, la gran mayoría justificados por la familia o por Dios, así como que las intenciones de voto de los parlamentarios fuesen ampliamente divulgadas en la prensa antes de la votación. Maranhão defiende además que tras la votación, la defensa de Rousseff, la propia AGU, tenía derecho a intervenir en último lugar, algo que no ocurrió.
Con su decisión, Maranhão quiere obligar a que el proceso salga del Senado y vuelva a la Cámara Baja para deliberar las irregularidades en cinco nuevas sesiones. Pero el presidente del Senado, Renan Calheiros, no aceptó, calificó la decisión de Maranhão de “tontería antidemocrática” y anunció que, por lo que a él respecta, el proceso continuará como estaba previsto. Es decir: su intención es que el Senado vote el miércoles y si la mayoría lo aprueba, aparte a Rousseff del poder mientras se la juzga formalmente por los senadores. Calheiros, del PMDB, el mismo partido de Cunha y del vicepresidente Michel Temer, añadió que no tenía ningún sentido anular “ahora” una decisión aprobada por mayoría en el Congreso, agregó que la tentativa de anulación es “intempestiva” y agregó que es el Senado quien decide porque el proceso, simplemente, se encuentra ahí.
Pero estos días en Brasil pocos se atreven a hacer previsiones. Hasta la misma presidenta Rousseff, que se vio sorprendida por el anuncio en un acto oficial, mantuvo la prudencia: “No tengo información aún. No sé las consecuencias, tengan cautela. Vivimos una coyuntura de artimañas. Tenemos por delante una disputa dura, llena de dificultades. Pido encarecidamente a los parlamentarios cierta tranquilidad para lidiar con esto”, declaró durante un acto oficial al enterarse de la suspensión.
Los expertos especulan con lo que puede pasar y con el embrollo judicial e institucional en que se sume el proceso y Brasil. La mayoría apuesta por un recurso de los diputados del Gobierno, lo que, en teoría, obligaría al Tribunal Supremo Federal a pronunciarse sobre si el proceso vuelve para el Congreso o sigue para adelante en el Senado.
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