Cuando el Ministerio del Interior colocó cámaras de seguridad en diferentes puntos de Montevideo y los números le mostraban que los robos en esas zonas empezaban a disminuir, parecía que se trataba de una buena noticia en todos sus aspectos. Sin embargo, al poco tiempo, lo que para algunos vecinos de la capital sería un alivio, para otros iba a convertirse en un mayor padecimiento.
El entonces director de Policía Nacional, Julio Guarteche, había expresado que el sistema de videovigilancia colocado en Ciudad Vieja había provocado "un corrimiento" de los delincuentes hacia otros barrios. La lógica detrás de esa explicación es que los ladrones no dejan de robar porque alguien los esté observando, sino que se van a los lugares donde pueden actuar con más libertad.
Ahora, con el anuncio del gobierno de que se eliminará el dinero en efectivo de taxímetros y estaciones de servicio como una manera de disminuir los delitos, entre los comerciantes se instaló la preocupación de que, a partir de esta medida, los delincuentes los atraquen con mayor frecuencia.
"Los que roban van a seguir robando y los que matan van a seguir matando, pero van a hacerlo en los boliches chicos", manifestó a El Observador el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Mario Menéndez.
Si bien manifestó su "alegría" por el hecho que el gobierno se tomara este tipo de decisiones como un modo de velar por la seguridad de los trabajadores, también mostró su preocupación por que quienes terminen quedando más desprotegidos sean los pequeños comerciantes que solo manejan efectivo y que no tienen dinero para contratar servicios de vigilancia.
"No (hay que) olvidarse de ellos, porque ellos son el sustento de los barrios. Si no hay boliches en los barrios no existen los barrios y si no hay barrios no hay ciudades. Es una cosa que tendrían que tener en cuenta", agregó. Ante esta situación, Menéndez decidió pedir una reunión con el Ministerio del Interior para encontrar la manera de evitar este efecto.
"Nos ponemos todos contentos de que (se haya tomado) esa salida, pero creo que habría que abarcar a todos en algún aspecto. Es como tener cinco hijos, darles un caramelo a dos y dejar a tres sin caramelo", ejemplificó.
Cambadu tiene alrededor de 3.000 socios en todo el país, aunque la mayoría se encuentran en Montevideo.
La Cámara de Comercio, en tanto, aún no ha tratado este tema, pero en diálogo con El Observador, el presidente de la gremial Carlos Perera consideró que Uruguay no está "preparado" para una medida de este tipo debido a los contratiempos que puede provocar en quienes acostumbran pagar estos servicios con efectivo. Además dijo que con la medida no se ataca al problema de fondo.
"Hay que trabajar en evitar la delincuencia. No adaptar la sociedad para que funcione con el delincuente", agregó. En la misma línea que el presidente de Cambadu, Perera dijo que eliminar el dinero de taxis y estaciones de servicio puede "achicar el espectro del delito", y tener consecuencias en otros sectores de la sociedad que sí tienen dinero.
En tanto, el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, manifestó a El Observador que el Ministerio del Interior analiza diariamente la acción de los delincuentes y quienes son su víctimas, por lo que si hay un "corrimiento" será detectado de inmediato.Mercado paralelo
El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, discrepó con la medida adoptada por el gobierno por entender que puede provocar un mercado paralelo al de vendedores de nafta o taximetristas que sí acepten dinero en efectivo. "Hay que tener cuidado porque cuando se prohíben estas cosas, se incentiva el mercado negro", manifestó. El jerarca hizo hincapié en que la ley de inclusión financiera terminará de generalizarse recién en 2017.
Fuente: El Observador
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