Insostenible". Así es, según el ministro de
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, el sistema jubilatorio
de los militares. En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y
27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo. En
los últimos cinco años Rentas Generales asistió a la Caja Militar con
US$ 1.523 millones. En 2015 el desembolso ascendió a US$ 345,7
millones, equivalentes al 0,6% del Producto Bruto Interno.
Los militares deben aportar durante 36 años a la Caja
un montepío que equivale al 13% de sus remuneraciones. Si se jubilan
antes, el aporte continúa hasta completar esos años. Hay pasividades
militares que superan los $ 140.000, pero son las menos. El promedio de
las jubilaciones es de $ 23.358, y el de las pensiones $ 15.370 (a enero
de 2016).
En 2005 el entonces gobierno de Tabaré Vázquez afirmó
que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas
Armadas era "urgente". En 2008 se reformaron las cajas Bancaria y
Policial.
Ahora, el Ministerio de Economía presiona para hincarle el
diente a la Caja Militar y aliviar el peso que representa para Rentas
Generales. Este año, el Ministerio de Defensa fijó como prioridad el
diseño de la postergada reforma. En el proyecto trabajan por el momento
funcionarios del Ministerio de Defensa y la Caja Militar.
Fundamentalmente se utiliza como modelo a seguir la reforma de la Caja
Policial.
"Ahí hubo una experiencia y trabajo que hay que
aprovechar. En una siguiente etapa vamos a consultar a gente de los
ministerios de Trabajo y Economía que están especializados en estos
temas", explicó Fernández Huidobro al diario El País.
No obstante, las alternativas son escasas y las
resistencias abundan. En el caso de la Caja Bancaria, parte de la
solución fue incorporar nuevos colectivos (financieras y otras entidades
vinculadas al rubro que aportan al BPS) y fijar un aporte adicional
para jubilados bancarios, el Estado y las empresas del sector
financiero. En cuanto a la Caja Policial, cuyo proyecto se discutió en
el Parlamento durante tres años, se aumentó la edad de retiro, se
favoreció al personal que realiza tareas ejecutivas y se fijaron aportes
para partidas que estaban excluidas (como por ejemplo el servicio 222).
Sin embargo, la especificidad de la función militar
hace que el diseño de una reforma sea más complejo que el que se
implementó para otras cajas. No hay posibilidad de sumar colectivos y el
aumento de la edad de jubilación es un tema sensible para los
militares.
"La premisa es que ningún retirado va a perder
derechos. Si lo hiciéramos tendríamos una cola interminable de reclamos
judiciales y los perderíamos todos. Cambiará la situación de los activos
una vez que se promulgue la ley", explicó Fernández Huidobro. Fuentes
del gobierno señalaron a El País que es "urgente" diseñar una reforma "a
fondo", porque "hay que aliviar el peso que este sistema previsional
tan específico tiene sobre las cuentas del Estado". Entre 2009 y 2015 la
asistencia de Rentas Generales se duplicó. En 2014, seis de cada 10
pesos que la Caja pagó en jubilaciones y pensiones los aportó Rentas
Generales.
Pistas
Fernández Huidobro admite que encarar el tema es
"complicadísimo" pero ofrece algunas pistas, entre ellas aumentar la
edad que configure causal de retiro porque "la ley es de la década del
40, cuando un hombre a los 50 años era considerado un viejo". Según
el ministro, hoy, a esa edad, un militar está "en el esplendor de sus
capacidades".
En octubre de 2015 el semanario Búsqueda dio a
conocer un borrador del proyecto de reforma de la Caja Militar en el que
se manejaba un aumento de la edad de retiro obligatorio y de los años
de servicio. La divulgación generó una airada reacción del comandante en
jefe del Ejército, según publicó El País en su momento. Fuentes
militares explicaron que ese borrador "es solo una guía" y que "queda
mucho por discutir".
No obstante, y pese a la resistencia de algunos
militares, el aumento de la edad de retiro obligatorio parece
inevitable. A modo de ejemplo, actualmente, en el Ejército un general
debe pasar a retiro a los 60 años, un coronel a los 55, un teniente
coronel a los 52, un capitán a los 44 y un soldado a los 40.
Sin embargo, las edades pueden cambiar
sustancialmente en función del cargo que ocupe el militar.
Por ejemplo,
si se desempeña en la Administración Central o en Sanidad Militar el
retiro para un coronel se fija en 68 años. "Queremos cambiar la edad de
retiro para todos los escalafones, lo que permitiría aumentar la
cantidad de años de aporte a la Caja. Un coronel es obligado a retirarse
con 55 años. Es una barbaridad. En la década del 40 era un viejo, hoy
lo obligamos a irse cuando está en el esplendor de sus capacidades",
afirmó Fernández Huidobro. Ese cambio también permitiría modificar la
relación pasivo-activo, y disminuir la cantidad de años de pago de
pasividades.
El comandante en jefe de la Armada, almirante
Leonardo Alonso, manifiesta sus reparos. "Ampliar las edades de retiro
forma parte de un estudio profundo. La realidad indica que es necesario
extender las edades, pero no podemos tener a bordo a un hombre de 60
años… Es complejo, requiere de un estudio realmente profundo. No hay una
postura de rechazo, pero yo entiendo que este anteproyecto de reforma
(el divulgado el año pasado) dista mucho de la visión que tenemos de
cuál debe ser el resultado final de una nueva ley de retiros", indicó.
Al presidente del Centro Militar, coronel Carlos
Silva, la explicación del ministro de Defensa no le convence. "Hay un
tiempo limitado para cumplir el servicio militar. El soldado debe tener
aptitudes físicas y de entrenamiento no exigidas en otras profesiones.
Son muchas y variadas las actividades físicas necesarias. La edad es una
limitante importante para el servicio militar, y también en el peso en
sus retiros", argumentó.
A otra caja.
Fernández Huidobro plantea que "sería positivo" que quienes
piden el retiro voluntario se pasen al régimen del Banco de Previsión
Social porque consiguen un trabajo mejor en el sector privado. "Que se
rijan por ese sistema y salgan de la seguridad social militar. Eso
aliviaría a nuestra Caja", dijo el ministro.
Por ejemplo, si bien el abanico de ejemplos es
infinito en función de la combinación de grado, años de servicios y
méritos, un militar con 17 años de servicio real puede tramitar una
pasividad de unos $ 40.000 que se puede acumular a otra que se obtenga
por años registrados en el régimen del BPS.
Fernández Huidobro detalló
que en el caso de la reforma de la Caja Policial, "a cierto personal,
más bien joven, se le ofreció quedarse con el sistema antiguo o pasar a
cobrar más cada mes desde el momento en que rigiera la nueva ley".
"No se impuso, fue a elección de cada efectivo y muchos se plegaron a
la idea de cobrar más ahora aunque cobraran menos cuando pasaran a
retiro. Ese puede ser un camino para la muchachada que entra, pero hay
que estudiarlo", consideró.
El ministro también es partidario de eliminar un
"premio" que permite a los militares que pasan a retiro con un mínimo de
25 años de servicios reales o con causal de incapacidad de adquirir el
grado inmediatamente superior, lo que incrementa sus ingresos. Fuentes
militares dijeron que es un "reconocimiento" y que aún retirados forman
parte de la "reserva", por lo que "están a disposición en todo momento".
"Ese fue un buen invento del ex presidente Luis
Alberto Lacalle para sacarse de encima a un montón de coroneles, pero se
equivocó al no ponerle una fecha de vencimiento. Eso quedó para siempre
y hay que eliminarlo, más aún cuando el retiro es voluntario. Los que,
por ejemplo, se van de la Fuerza Aérea y de la Armada antes de tiempo,
es porque consiguieron muy buenos sueldos en el sector privado", dijo
Fernández Huidobro. Distinguió esas situaciones de las del "soldado
raso" que "cuando deja el Ejército es porque consigue un trabajo en el
que "gana un poco más". "No le podemos impedir a la gente que se vaya",
explicó.
Los militares ven con recelo las propuestas sobre la
mesa y reivindican que el "trabajo" del militar "no es comparable".
También sostienen que los "privilegios" que se adjudican "son una
mentira para justificar las reformas".
"Yo pregunto qué beneficio se podría sacar a un
soldado, un clase o un oficial que tiene un sueldo miserable. Parecería
que el ciudadano común no conoce lo que gana un militar, que además no
puede quejarse. Muchos ciudadanos desconocen la situación real del
personal militar, otros mienten sobre los sueldos y exageran los
beneficios, y otros directamente mienten sobre la situación", sostiene
Silva, del Centro Militar.
El comandante en jefe de la Armada pone sobre la
mesa la situación de los salarios como un factor a negociar. "Hay
que ver el salario de la gente: puede ser que se dé algo paradójico. Hoy
vamos a estar despidiendo a un suboficial de cargo que lleva 36 años de
servicio en la Marina, y 20 y pico de suboficial, que es la máxima
jerarquía a la que puede llegar el personal subalterno. Ese hombre le ha
dedicado 40 años a la Armada y su sueldo son 28 mil pesos. Si vamos a
reformar la caja, debemos tener en cuenta que el personal debe tener a
lo largo de toda su carrera un sueldo lo más digno posible que le
permita sustentar a su familia. Es posible que haya que estudiar los
haberes de retiro", indicó.
Fuentes militares consultadas por El País señalaron
que el 60% de los efectivos en actividad ronda los $ 20.000, mientras
que un 5% supera los $ 70.000.
"Nosotros entendemos que para aquel que dedicó toda
su vida a la profesión —sin sindicatos, full time, sin nocturnidad, al
servicio de la patria en el más amplio sentido— se tenga en cuenta el
salario. Y tener en cuenta que aquel que debe irse porque la realidad se
le impone, debe irse con un salario digno también porque ha dejado los
mejores años de su vida sin beneficios", acotó Alonso.
Los militares insisten en la especificidad de su
tarea, fundamentalmente frente a los policías. Ellos tienen coartada la
libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad ambulatoria, y
pueden perder la libertad como consecuencia de una falta. Son de
"dedicación integral" al trabajo, no pueden tomar medidas sindicales ni
formar sindicatos y son amovibles.
"Atribuir al militar, en materia de pasividad, un
régimen o un servicio especial, no tiene por objeto colocarlo en
posición ventajosa en relación a los demás trabajadores en general, ni
tampoco dar privilegios o ventajas especiales en nombre de esa
diferenciación", dijo Silva. "Por el contrario, el tratamiento especial
busca posibilitar un sistema de previsión compatible con la profesión
militar, que tiene características específicas no compartidas por
ninguna otra categoría laboral".
Fernández Huidobro sostiene que la principal causa
del desequilibrio financiero de la Caja tiene que ver con la reducción
de efectivos que se procesa desde hace 1985. "Desde la salida de la
dictadura el personal en actividad se redujo y pasaron a ser retirados.
Entonces tenemos menos efectivos, pero como tenían derechos jubilatorios
contraídos, incrementaron el número de retirados. El Estado sigue
pagando, no ganó ni perdió, tiene menos efectivos y más jubilados",
señaló.
El jefe de la Armada tiene la "convicción" de que
los gobernantes "van a valorar el trabajo que hace la Armada y van a
buscar el equilibrio". "No rechazamos, queremos buscar algo justo. El
borrador ya escrito es modificable hasta en un 100%. Es una base para
conversar". (Producción: Paula Barquet)
"Hacen creer a la gente que somos privilegiados".
El presidente del Centro Militar, Coronel (r) Carlos Silva, dice que a la hora de instalar un debate sobre la Caja "se le miente a la gente". "Les hacen creer que somos privilegiados y tenemos pasividades exageradas. Los famosos coroneles son una minoría. Más del 20% del sueldo del coronel paga IASS. Además, paga unos $ 5.000 para Sanidad Militar. Es decir que nuestro costo de salud financia a todo el sistema de Sanidad Militar, que es mucho más solidario que el de otras profesiones."
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