Gastos en horas extras que superan lo legalmente permitido, salarios de funcionarios de confianza que exceden los topes, pagos hechos sin disponer de la asignación de fondos, compras directas por montos mayores a lo que podían hacerse, contratos no avalados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONCS), partidas especiales cobradas indebidamente por el director de un ente por un viaje a la Antártida, mala liquidación del presentismo que disparó reclamos judiciales, edificios sin seguro contra incendio y ausencia de arqueos sorpresivos a las Tesorerías. Esos fueron algunos de los incumplimientos a la normativa constatados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al examinar los últimos estados financieros entregados por organismos gubernamentales y entidades no estatales que manejan activos públicos.
La mayoría de esas auditorías corresponde a estados de resultados y de situación patrimonial para el ejercicio 2014, y en unos pocos casos a 2013. Los dictámenes del tribunal fueron emitidos en el transcurso de 2015, los últimos en diciembre pasado.
La tarea del TCR en este caso consiste en examinar los estados financieros que deben presentar los distintos organismos. Ello implica analizar si las prácticas contables utilizadas son las adecuadas, así como realizar procedimientos para obtener evidencia acerca de los montos y revelaciones contables, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. El tribunal emite una opinión cuando los informes contables reflejan razonablemente la situación de cada organismo (lo que ocurrió con la mayoría de los que evaluó durante 2015); en caso contrario se abstiene. Sus resoluciones incluyeron, en general, observaciones sobre apartamientos a la normativa que son notificados como un “informe a la administración” que solo a veces recogen las autoridades.
Dictámenes
El TCR se expidió en diciembre sobre el estado de ejecución presupuestal de UTE correspondiente a 2014. El examen constató varios incumplimientos a la normativa: hubo gastos en horas extras por $ 348 millones, que representaron 15% del total del rubro —cuando el porcentaje máximo permitido es de 5% según la ley—, salarios de funcionarios de confianza que superaron los máximos permitidos, y subsidios pagados a ex directores sin contar con asignación presupuestal, entre otros.
La omisión de registrar los aportes de las empresas de la construcción correspondientes a licencia y salario vacacional de diciembre de 2014 por unos $ 337 millones subvaluó los activos del Banco de Previsión Social (BPS) en el rubro “Contribuciones a la seguridad social a cobrar”, lo mismo que la ganancia del “Fondo Trabajadores de la Construcción”, constató el tribunal. Similar efecto tuvo el hecho de no haber computado otras partidas en el activo del balance; por esa razón el resultado del ejercicio del instituto previsional quedó subvaluado en $ 539 millones, lo que representa 77% del mismo y 2,5% del activo, advirtió el órgano de contralor en una resolución fechada en octubre. Por estos y otros factores, el TCR no emitió opinión acerca de los números del BPS.
Entre los apartamientos a la normativa advertidos en los estados financieros del Banco Hipotecario (BHU) se destaca la realización de 27 gastos sin crédito disponible por más de $ 120 millones, y el uso sin contratos ni autorización de la ONSC de servicios de arrendamiento de obra por casi $ 43 millones. Esa institución financiera también incumplió con la obligación de publicar en su web el presupuesto aprobado y ejecutado. Además, el sistema de contabilidad presupuestal del BHU “no procesa la totalidad de las operaciones”, surge del dictamen fechado en octubre.
El tribunal opinó sobre los estados financieros del Banco República (BROU) de 2014. En la resolución, fechada en julio, no hizo recomendaciones de relevancia y avaló el funcionamiento del sistema de control interno. Un pronunciamiento similar tuvo sobre los números del Banco Central, del Latu y del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.
Más allá de constatar que presenta razonablemente todos sus aspectos importantes, la resolución referida al estado de ejecución presupuestal de Antel de 2014 incluyó varios “incumplimientos”. Por ejemplo, uno de los directores de la telefónica percibió una partida como dedicación especial por su viaje a la Antártida, se ejecutaron compras directas para 679 gastos —en servicios de limpieza y vigilancia— “sin invocar causales de excepción” por $ 18,6 millones, y hubo pagos que superan el tope permitido al personal de confianza del Directorio que hoy preside Andrés Tolosa.
El polémico proyecto del Antel Arena también figuró en el dictamen, cuestionando que gastos de construcción se contabilizaron en un rubro indebido.
La resolución referida al estado de ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Correos correspondiente a 2014 fue votado por el TCR el mes pasado. Allí indicó que la contabilidad refleja razonablemente lo importante y aludió a diferentes situaciones irregulares constatadas, como compras directas —limpieza, informática, servicios de transporte y alquiler de vehículos por unos $ 24 millones en total— que superan los topes permitidos, la inexistencia de seguro contra incendio de la casa central del ente, el pago de una prima de salud por fuera de los límites, y un grupo de 13 pasantes que se perpetuó en esa categoría.
En el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se abonaron salarios vacacionales por más días de los que los funcionarios gozaron de la licencia reglamentaria anual, según la resolución fechada en octubre referida a su estado de situación patrimonial al cierre de 2014. Asimismo, el tribunal contrató un menor de edad que realizó jornadas en días y horarios no autorizados por el INAU, y también a un profesional que entró sin haber concursado.
En relación a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el órgano de contralor se abstuvo de emitir una opinión, dado que, entre otros factores, las actividades desarrolladas en el marco de las competencias atribuidas a la nueva Agencia Nacional de Desarrollo fueron registradas en la contabilidad de la CND, cuando debieron haberse anotado por separado. Y en su dictamen marcó algunos apartamientos a la normativa surgidos de la auditoría, como el hecho de que la corporación desarrolló actividades que exceden sus competencias y que efectuó depósitos en bancos privados, cuando se le exige hacerlo en el BROU.
Los números presentados por el Banco de Seguros del Estado recibieron una opinión favorable del tribunal. Pero en el informe marcó que persisten ciertas “debilidades” de control interno, como conciliaciones bancarias pendientes de ajuste de tres años de antigüedad, deficiencias en el recuento de insumos en la Central de Servicios Médicos, una subestimación contable de las obligaciones futuras de la empresa y la posesión de cheques que no pertenecen al banco.
El tribunal se abstuvo de emitir una opinión acerca de los estados financieros de OSE del ejercicio 2014, al no haber podido obtener evidencia de auditoría apropiada. Según explicó en una resolución de agosto, ello obedeció principalmente a deficiencias en la registración de bienes de uso e inversiones. También hizo notar varios incumplimientos a la normativa por parte de la empresa estatal de saneamiento y suministro de agua: los funcionarios no gozaron de la licencia en los plazos establecidos, la rendición de los viáticos en muchos casos se hizo fuera de fecha y no publicó los estados financieros de las sociedades vinculadas Aguas de la Costa y Manantial Dorado, entre otros.
Por razones similares a las que alegó para OSE, el TCR también se abstuvo de emitir opinión, acerca de los números de 2013 presentados por AFE. Además, al ente ferroviario le marcó que se constató un sobrante de caja no regularizado, que durante ese ejercicio no se hicieron arqueos periódicos ni sorpresivos a su Tesorería, que no hubo recuentos físicos de materiales, repuestos y combustibles por personas ajenas al sector, y que los bienes entregados en comodato no fueron informados de manera detallada en los estados financieros, por ejemplo.
Los números expuestos por la Comisión de Apoyo a Programas Asistenciales de la Administración de Servicios de Salud del Estado al cierre de 2014 fueron avalados mediante la opinión del TCR. Sin embargo, en la resolución hizo notar que los pagos por presentismo y antigüedad no están siendo liquidados a los funcionarios, lo que contraviene acuerdos en los Consejos de Salarios y ello deja abierta la posibilidad del “inicio de nuevos juicios”. El tribunal agrega un “párrafo de énfasis de asunto” donde indica que dicha comisión tenía demandas laborales por aproximadamente $ 665 millones y reclamos ante el Ministerio de Trabajo no transados por $ 526,6 millones.
La contabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios sorteó la auditoría, aunque como observación se señaló la necesidad de realizar conciliaciones en la cuenta Fonasa-Aportes de Pasivos, por ejemplo.
El tribunal constató que la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) carece de un inventario actualizado de los bienes de uso que permita una correcta identificación y su ubicación. También recomendó determinar cuál es la situación con respecto a la deuda que mantiene con el BHU para cancelarla o, de lo contrario, “efectuar una correcta clasificación de los saldos”.
Pluna Ente Autónomo superó la evaluación de sus estados financieros de 2014. Sin embargo, el TCR advirtió varias “debilidades” en relación a las actividades de control interno e información, como la carencia de manuales de procedimiento para cada una de las áreas de la organización, la ausencia de arqueos sorpresivos a la Tesorería, y reintegros de viáticos sujetos a rendición depositados en algunos casos tres meses después de su cobro. También detectó deficiencias en el control de las partidas abonadas a los servicios técnicos contratados fuera del país.
Fuente: Semanario Búsqueda
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