En 2015 se perdieron 7.300 puestos en el trabajo doméstico en Uruguay. Aunque esto ocurrió en un contexto de deterioro general del mercado laboral uruguayo —el desempleo pasó de 6,5 % a 7,5 % y hay 28.000 puestos menos—, el de las domésticas es el segundo sector más afectado, luego de la industria manufacturera. En 2014 se calculaba que había unas 100 mil trabajadoras, de modo que la disminución representa cerca del 7 % de ellas. El alto costo que implica el tener este tipo de servicios estaría incidiendo.
El dato surge de un informe de la consultora Deloitte en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística. La información, difundida hace una semana, proviene de las encuestas que el INE hace mes a mes en los hogares, es decir, de lo que declararon los uruguayos. Incluye tanto a las trabajadoras regularizadas en el BPS como a las que están "en negro".
¿Cuál puede ser la explicación? En estos días se manejaron distintas hipótesis, desde los escollos que supone la formalización de un trabajo que buena parte de la sociedad aún no ha aceptado como tal, hasta la posibilidad de que el aumento salarial conquistado en los últimos años resulte hoy desmedido para la capacidad de los empleadores.
Lo cierto es que el dato tiene sus implicancias. El grupo 21, que desde 2008 reúne a las partes involucradas en el trabajo doméstico —el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, por las trabajadoras, y la Liga de Amas de Casa, por los patrones, con delegados de la Dirección Nacional de Trabajo en el rol de mediadores—, es uno de los que todavía no ha llegado a un acuerdo en los Consejos de Salarios.
Y, según supo el diario El País, la pérdida de puestos laborales tiene su que ver.
Distintos integrantes que están participando de la negociación colectiva contaron que el sindicato, asesorado por el Pit-Cnt, presentó una propuesta de aumento muy superior a la que planteó el Poder Ejecutivo. El argumento del gobierno —y no de la Liga de Amas de Casa— fue, según las fuentes, que un aumento salarial importante podría impactar y profundizar la desocupación.
En el sindicato la reacción fue de sorpresa. Varias de las delegadas sintieron que por primera vez el gobierno no estaba de su lado. Hasta ahora la puja había sido con quienes han asumido la representación de la parte empleadora y el Ejecutivo había amparado a las trabajadoras. Consultada por El País, la presidenta del sindicato, Lucía Gándara, no quiso confirmar esta información pero tampoco la negó, amparándose en que lo que se habla en los Consejos es confidencial.
El mismo motivo esgrimió la directora del Observatorio del Ministerio de Trabajo, María José González, para no revelar el análisis que esa unidad ha hecho respecto al dato proveniente del INE. "Por ahora son insumos internos para el trabajo del ministerio", dijo, aunque sí confirmó que es información en su poder y agregó que la unidad "ha transferido información a varios grupos" a modo de "asesoramiento", entre ellos el grupo 21.
Incluso, González explicó que la cantidad de puestos laborales perdidos es el único cálculo posible sobre 2015 con la información disponible a la fecha. Recién en abril se podrá profundizar en otros aspectos como la remuneración, las edades o la distribución geográfica de quienes se desempeñaron en el trabajo doméstico el año pasado.
El abogado Juan Ceretta, que por un convenio entre el BPS y la Udelar dirige un consultorio que asesora jurídicamente a las domésticas, se manifestó contrario a "frenar un aumento salarial medianamente razonable en un sector históricamente postergado" por una disminución de la oferta de empleo.
"En sectores que todavía están muy sumergidos no se puede utilizar ese argumento porque es como decir que como no hay trabajo, tenemos que tener trabajadores en situaciones indignas, solo para mantener la fuente laboral. Así podríamos justificar la esclavitud. No podemos razonar así en este caso. La pérdida de puestos de trabajo, ¿se evita pagando salarios de hambre a más trabajadoras?", lanzó.
En definitiva, el acuerdo salarial en el sector sigue pendiente. Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga de Amas de Casa, dijo que confía en una pronta resolución del asunto y destacó que el convenio anterior venció recién el 31 de diciembre. Hasta ahora han tenido 5 reuniones y la próxima es el miércoles 17. El plazo máximo que había previsto el gobierno para cerrar las negociaciones en todos los grupos era el 15 de este mes.
Los motivos.
Más allá de la negociación salarial, los involucrados ensayaron distintos motivos para explicar la pérdida de puestos de trabajo.
Uno es la pérdida de poder adquisitivo de los empleadores que, como bien resalta Lorenzo, en su mayoría son también empleados. En la Liga de Amas de Casa se inclinan por este argumento: estos empleadores-empleados se encontraron con menos ingresos en 2015, lo cual afectó su capacidad de contratar gente.
Para Ceretta también es "razonable" pensar que la desaceleración de la economía incidió, ya que el servicio doméstico "es algo de lo que habitualmente uno puede prescindir". De todas formas, advirtió que es un sector en el que la pérdida de puestos laborales no necesariamente es algo negativo, ya que puede haber habido un traspaso a otros rubros. Históricamente, agregó, cuando a la industria manufacturera le fue mejor, bajó la cantidad de trabajadoras domésticas.
Otra hipótesis es que el salario haya aumentado en forma "desmedida" en estos años y ya no esté al alcance de una parte de la sociedad. En 2008, antes de que se acordara el primer convenio colectivo, el salario mínimo del sector era $ 3.550. Luego de la negociación pasó a $ 4.260. Siete años después, en enero de 2015, el mínimo se fijó en $ 11.945. Siempre nominales y por 44 horas semanales. El salario mínimo nacional es $ 11.150.
En definitiva, entre 2008 y 2015 la remuneración de las trabajadoras domésticas creció 180 % y triplicó el crecimiento del nivel general de precios de la economía (medido por IPC). A precios de 2015, aquel salario de 2008 sería $ 6.825. Al comparar ese valor con el salario mínimo actual, resulta que la capacidad de compra de las empleadas domésticas más sumergidas aumentó 75 %.
Para Gándara, del sindicato, el crecimiento salarial no constituye un argumento válido. "Sabemos que si despiden a una, contratan a otra que trabaje menos horas o que pida menos plata", alegó.
Un motivo que reúne más consenso es la formalidad hoy requerida para tener una empleada doméstica. Lorenzo reconoció que si bien están "contestes" del proceso que se ha dado a favor de los derechos de las trabajadoras, "muchas veces al empleador le cuesta asimilar un montón de cosas que se han sumado" desde la aprobación de la ley de trabajo doméstico, en 2008: la formulación del recibo de sueldo cada mes, el pago de una prima por antigüedad, otra prima por presentismo, entre otras cosas. "No es que el empleador no se quiera ocupar. Es que a veces persiste la dificultad de conocer a pleno las obligaciones y responsabilidades de cada uno", aclaró Lorenzo.
De las cifras del BPS no se desprende que las trabajadoras hayan pasado a la informalidad. De hecho, las domésticas que aportan a la seguridad social han aumentado progresivamente año a año. En 2008 había 35.000 y hoy ascienden a 73.000. De todas formas, no se sabe qué proporción representan del total de trabajadoras domésticas porque la cantidad de empleadas informales es un dato incierto.
Según las cifras que maneja el Observatorio del Ministerio de Trabajo en un informe de 2015, las domésticas (incluidas cuidadoras de niños y ancianos) son unas 100 mil en total. El sindicato, en cambio, estima que hay hasta 200 mil en todo el país. Y también desconfían que se hayan perdido 7.300 puestos laborales en 2015, como revelan las encuestas del INE. Al fin y al cabo, ellas mismas han visto mentir a sus patrones en esas instancias. (Producción: Felipe González)
El gremio dice que no tienen libertad sindical.
En el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas están convencidas de que en su sector hay despidos indirectos por participar de las actividades del sindicato. Lucía Gándara, su actual presidenta, aseguró que todas las que han sido delegadas, a la larga, se han quedado sin trabajo "por salir a la prensa".
De hecho, ella hoy está desempleada. Las que asumen la representación de las otras no tienen fueros sindicales, o sea que no pueden dedicarse 100 % a las tareas. Todo esto repercute, a su entender, en una escasa difusión de los derechos que tienen como trabajadoras, sobre todo en el interior. "Muchas arreglan sus asuntos y se olvidan del sindicato", lamentó. Por otra parte, Gándara destacó el reconocimiento que tiene Uruguay en el mundo por la ley de trabajo doméstico.
Fuente: El País
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