Estas alertas sobre la baja participación en los ROS de los sujetos obligados a hacerlo del sector no financiero, fue un punto de coincidencia durante distintas exposiciones realizadas durante el Tercer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas celebrado en Montevideo.
"Que en nuestro país haya 15 reportes (de operaciones sospechosas) del sector no financiero es lamentable. Tenemos un problema. El sistema no está funcionando bien. No puede ser que con los cerca de 200 procesamientos que ha habido en Uruguay por lavado de activos tengamos ese nivel de reportes", dijo el exsecretario Antilavado y actual director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Ricardo Gil Iribarne.
En 2014 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) recibió ocho reportes de casinos, dos de escribanos, uno de inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y una de un vendedor de metales preciosos.
En este sentido, Gil Iribarne dijo a El País que Uruguay está bien desde el punto de vista normativo, pero las normas "no tienen la aplicabilidad" que se debe exigir.
"El sistema no financiero está a media máquina o menos. Eso se refleja en el aporte de informaciones y el envío de reportes al BCU, sobre todo lo que uno ve es la falta de tensión. Como que no hay una situación de: yo estoy alerta porque me pueden usar" afirmó.
Para el experto la responsabilidad es tanto del sector no financiero como del Estado. "No alcanza con tirar obligaciones. No se está supervisando adecuadamente, no se está exigiendo y todo el sistema entonces se distiende, no pasa nada y nos enteramos de los hechos cuando salen en policiales. Eso es lo peor que nos puede pasar. No tenemos duda que en el sector no financiero se lava dinero, también se lava en el financiero. (Pero) en este sector (el no financiero) no se han dado los pasos necesarios y estamos bastante atrasados", afirmó Gil Iribarne.
Si Uruguay no empieza a cumplir con la supervisión en este sector, lo que "va a seguir teniendo son terribles agujeros" en la zona de inmobiliarias, escribanos y sociedades, indicó.
También el integrante de la UIAF, Fernando Fuentes se mostró crítico con la participación del sector no financiero que dijo "es casi marginal". El funcionario hizo hincapié en que más del 90% de los reportes presentados el año pasado provino de empresas financieras.
"¿Cuatro reportes de inmobiliarias en un país en el cual hay muchas transacciones de no residentes, que se realizan con efectivo y en solo cuatro casos se detectó una operación inusual que ameritaba ser reportada a la UIAF? La primera impresión es que acá hay algo que está fallando", aseguró Fuentes.
"Hay alguna debilidad en el sistema que culmina con la baja cantidad de reportes que presenta el sector no financiero, específicamente las inmobiliarias y los escribanos", agregó el integrante de la UIAF.
Fuentes dijo que el sector inmobiliario, es el que tiene la mayor relación entre casos presentados y casos puestos en conocimiento de la Justicia.
No obstante, indicó que esos reportes se corresponden con transacciones hechas por personas de las cuales ya se conocía que estaban siendo investigas por un delito de lavado o precedente de lavado de activos.
"Esa conclusión de que bien que reportan cae. ¿Cómo colabora con el sistema de prevención una institución que reporta un caso cuando ya es evidente que hay una vinculación con un caso de lavado de activo?", se preguntó en forma retórica.
En febrero de este año el Ministerio de Economía aplicó la primera multa a un operador inmobiliario y a un escribano que intervinieron en la venta de una estancia sospechada de ser parte de una trama de lavado (ver aparte).
A la Justicia.
Pese a la alta relación que hay en el sector inmobiliario entre reportes presentados y enviados a la Justicia, a nivel general el ratio es bajo.
En 2014 hubo 286 ROS, de esa cantidad, siete casos —que contenían información de 11 reportes sospechosos— se pusieron en conocimiento de la justicia penal competente a efectos de continuar las investigaciones en ese ámbito.
Por su parte, si se considera el período comprendido entre 2004 y 2014, de los 1.906 reportes que se recibieron, 68 (el 3,5% del total) se pusieron en conocimiento de la justicia penal para que investigue.
Este fue uno de los puntos a mejorar que mencionó en su presentación el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Jorge Ottavianelli. Si bien destacó que el país está en una situación adecuada desde el punto de vista legal y regulatorio, señaló que la baja relación entre los ROS informados y los reportes enviados a la justicia penal "puede querer decir que hay que seguir coordinando" entra la UIAF y las instituciones para "entender adecuadamente los criterios de reportes y porque estamos reportando", afirmó Ottavianelli.
Análisis de riesgos.
Para Gil Iribarne, si Uruguay hace un análisis de riesgos y detecta que hay otros, debería incorporar nuevos sujetos obligados a reportar operaciones que pueden ser utilizadas para lavar activos.
No obstante, resaltó que antes de incorporar nuevos sectores hay que buscar la forma de que primero cumplan su s obligaciones quienes no lo están haciendo. "El país tendrá que evaluarlo. Pero decir que ahora nos volcamos con el tema iglesias y nos olvidamos de lo que ya teníamos me parece mal", expresó a modo de ejemplo.
La primera sanción a un escribano e inmobiliaria
El Ministerio de Economía y Finanzas sancionó en febrero a los profesionales que intervinieron en la venta de la estancia El Entrevero en José Ignacio. El escribano que intervino en la compraventa y el operador inmobiliario fueron sancionados con una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934. La compra de ese campo forma parte de una causa de la Justicia de Crimen Organizado para saber si empresarios argentinos "K" lavaron dinero en Uruguay proveniente de la corrupción en su país.
A la Iglesia Universal no le abren cuentas en Uruguay
Los bancos de la plaza uruguaya se niegan a abrirle cuentas a la Iglesia Universal del Reino de Dios, una institución que en Brasil fue investigada por lavado de activos. La situación llegó al punto de que la iglesia presentó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central (BCU) por no ser aceptada en ningún banco de Uruguay.
La SSF decidió que "no debe intervenir en la denuncia formulada, por cuanto la aceptación o no de un cliente por parte de una institución de intermediación financiera depende de la política comercial de cada una", según la resolución a la que accedió El País.
Ante ello, la Iglesia Universal del Reino de Dios presentó un recurso de revocación (ante la misma SSF) y jerárquico (ante el directorio del BCU) para que se revisara esa decisión. La Intendencia de Regulación Financiera de la SSF no hizo lugar al recurso y el directorio del BCU resolvió el 23 de diciembre pasado "desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Iglesia Universal del Reino de Dios (…) confirmando en todos sus términos el acto impugnado", según el acta del directorio.
El País consultó a ejecutivos de tres bancos para saber las razones por las que no aceptaron como cliente a la iglesia. Uno de ellos señaló que no conocía que la iglesia se hubiera presentado ante el banco, pero que hablando en términos generales tener un cliente de ese tipo implicaría controles muy costosos para el banco y para el cliente. Los otros ejecutivos coincidieron en que no se puede aceptar a este tipo de iglesias como cliente porque no hay forma de comprobar el origen de los fondos que van a la(s) cuenta(s) bancarias. "Si viene la iglesia y me dice esto lo recibí de donaciones, ¿cómo sé que no hay un narco detrás?", graficó uno.
El exsecretario Antilavado de Uruguay, Ricardo Gil Iribarne dijo a El País que "se está planteando en los foros internacionales lo que llaman de-risking, que es no tomar los riesgos. Una cosa es hacer un análisis de riesgo y el otro es decir: por las dudas no lo tomo". Agregó que "con una iglesia de ese tipo, iglesias que han tenido problema en Brasil etc., lo más fácil es decir: no te agarro como cliente salvo que me des mucha plata y ahí lo pienso. Se parte de la base de que tiene derecho a elegir los clientes, ahora no es una buena política, lo que dice el GAFI. Queremos que el sistema financiero analice los riesgos, tome las medidas adecuadas, pero que no eche clientes por las dudas porque de esa manera, en países donde el sector informal es fuerte, echar gente es peor".
El País consultó a la Iglesia Universal del Reino de Dios pero no obtuvo respuesta.
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