En el último año en Uruguay 25 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, cuando en el mismo período fueron 88 en Colombia y 83 en Perú. Sin embargo, el país lidera el ranking elaborado por la Cepal si se miden esos feminicidios cada 100 mil habitantes. Esa tasa es de 0,73 y solo la iguala El Salvador. El dato no hace más que confirmar la creciente violencia de género de los últimos tiempos en Uruguay.
El informe anual 2013-2014 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, presentado durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género de Aguascalientes, que cerró ayer en México, asegura por otra parte que 45,4% de las mujeres uruguayas sufrió algún tipo de agresión de sus parejas.
Esa violencia que han vivido las mujeres ocurre con mayor frecuencia entre quienes tienen o han tenido pareja: casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas (un 48,7 % en el Ecuador, un 47 % en México y un 45,4 % en el Uruguay), dice el informe.
“La violencia emocional o psicológica, que constituye la agresión más reiterada en estos países, se presenta al menos una vez a lo largo de la relación y se traduce en insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional”, agrega la Cepal.
El organismo obtuvo la información en una encuesta que realizó en el segundo semestre de 2013. De ese trabajo, titulado El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, surge también que en Uruguay existe “violencia económica” hacia una de cada cinco mujeres. Tampoco tiene un buen desempeño en el indicador sobre la autonomía en la toma de decisiones, ya que es baja la cantidad de mujeres en el Parlamento y el gabinete de ministros.
La reunión de Cepal en México recordó que hasta el momento 11 países de la región han tipificado el homicidio de mujeres por parte de sus parejas o exparejas como femicidio o feminicidio: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Además, otros tres países agravaron las penas para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela. Uruguay no aparece.
El informe critica de todos modos que las normas de los países se concentren en el castigo de los agresores, “sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado”.
Entre las principales conclusiones del informe se destaca el avance para frenar la violencia de género, pero realiza a la vez una serie de recomendaciones. En ese sentido, además de reclamar actualizaciones legislativas, sugiere una mejora en la producción de información y el acceso a los datos. También implementar sistemas integrales de atención para que articulen todas las políticas.
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