Los escribanos uruguayos se concentraron este martes a las 10 de la mañana en la céntrica Avenida 18 de Julio a la altura del Edificio del Notariado, para protestar por la actitud de los funcionarios registrales, dado que no pueden trabajar por culpa de las medidas distorsivas de estos bien pagos funcionarios.
Los funcionarios registrales aplican desde la semana pasada medidas distorsivas que afectan la atención al público. Los sindicatos en conflicto son los de los trabajadores del Registro Civil, Registros Públicos, Fiscalía de Gobierno, Fiscalía de Corte y la Procuraduría General de la Nación. Unos mil funcionarios solicitan al Poder Ejecutivo un incremento salarial del 26% retroactivo a 2011.
Para los escribanos estas medidas que distorsionan los servicios los perjudica y así se lo hizo saber Pedro Borrea a Espectador.com. Este es el motivo por el cual este martes se manifestaron en 18 de Julio a la altura del Edificio del Notariado.
"Entendemos que los funcionarios registrales tienen el legítimo derecho a pelear por todas las reivindicaciones que entiendan justas para ellos, pero siempre que no afecten los derechos de otros trabajadores", afirmó Borrea.
"La inmensa mayoría de los escribanos trabajamos en el libre ejercicio. No tenemos sueldo, no sabemos ni cuándo ni cuánto vamos a cobrar. Además, en los últimos tiempos el mercado inmobiliario, en general, está muy frenado en Uruguay por distintos motivos y sumado a eso, si prácticamente no tenemos acceso a los registros, estamos sin trabajo. No podemos trabajar", sentenció el escribano.
Los funcionarios demandan un incremento del 26% retroactivo a 2011 y aplican una serie de medidas desde el martes 7 en cinco dependencias. En la Dirección General de Registros se acotó el horario de trabajo, no se levantan observaciones y se bloqueó la base de datos para consultas remotas.
En el Registro Civil no se inscriben nuevos casamientos, no se entregan fechas para parejas que ya iniciaron el trámite y se restringieron las solicitudes de extranjeros que desean documentación uruguaya.
"Queremos que se contemplen nuestros derechos. No podemos trabajar si no podemos registrar los documentos ni tener acceso a la información registral. Estamos muy mal", recalcó Borea.
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