Pero además sienta precedente para toda la deuda impaga en manos de otros bonistas especulativos, que suma unos 16.000 millones de dólares.
Este monto, sin embargo, “equivale apenas a tres por ciento del producto interno bruto (PIB) argentino”, dijo a IPS el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica.
“No tiene sentido que Argentina entre en default por esa suma, cuando es uno de los países que más se han desendeudado en los últimos años”, argumentó Castiñeira. Dijo que Brasil, por ejemplo, debe pagar este año solo en intereses montos equivalentes a cinco por ciento del PIB, además de vencimientos de capital por más de 12 por ciento del PIB.
El problema es que Argentina no puede disponer de 16.000 millones de dólares en efectivo, que equivalen a la mitad de sus reservas de divisas, muy afectadas por una serie de medidas monetarias restrictivas que agravaron la fuga de capitales.
La presidenta del país sudamericano, Cristina Fernández, rechazó la misma noche del lunes el desenlace judicial, al que calificó de “extorsión”. Pero hizo hincapié en su voluntad de honrar deudas y negociar.
Luego del cese de pagos (default) en que incurrió Argentina en 2002, durante la peor crisis económica y social de su historia, el gobierno dedicó ingentes esfuerzos a poner orden en un endeudamiento que había llegado a 160 por ciento del PIB.
Se cancelaron obligaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se reestructuró la deuda en manos de 92,4 por ciento de los bonistas, con importantes quitas de capital, en 2005 y en 2010.
El endeudamiento volvió a volúmenes manejables. En los últimos meses se acordó un plan de pagos de la añeja deuda con el Club de París, de acreedores oficiales, y para compensar a la petrolera Repsol por la expropiación en 2012 de su filial YPF.
Pero la situación que genera el fallo de la Corte Suprema estadounidense tiene potencial para poner en riesgo lo conseguido.
La sentencia prohíbe a los bancos de Nueva York pagar los vencimientos de capital e intereses a los acreedores que sí aceptaron la reestructura si no se implementa el pago al fondo especulativo NML Capital.
El 30 de junio, Buenos Aires debe pagar 532 millones de dólares por bonos emitidos bajo legislación extranjera.
Para evitar ese embargo, se podría modificar la jurisdicción de pago a través de un canje voluntario. “La idea podría parecer tentadora, pero resulta impracticable y también implicaría caer en default técnico” por alterar los parámetros establecidos en la emisión de los papeles, dijo a IPS el economista argentino Leonardo Stanley, investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Aunque Fernández fue ambigua, Stanley interpreta que la mandataria expresó disposición a pagar. Por tanto, se ha de “iniciar un proceso de renegociación con los ‘holdouts’ (acreedores), que podría enmarcarse dentro de lo pedido por el juez que atiende la causa” en Nueva York, valoró.
“De aquí en más la decisión es política. Tal como recientemente acordó con Repsol y con el Club de París, el gobierno debería sentarse a negociar con Paul Singer”, titular de Elliott Management, la empresa matriz de NML Capital, dijo Stanley.
El impacto económico es inevitable, “aunque no necesariamente lo afrontaría el gobierno actual”, que concluirá en diciembre de 2015, estimó. Por eso, “cualquier planteamiento debería hacerse en el ámbito legislativo”, lo que ayudaría “a la transparencia y la credibilidad”, evaluó.
En su discurso del lunes, Fernández aseveró que “esta causa involucra a todo el sistema financiero global. Es la convalidación de un modelo de negocio a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables”.
Según Eric LeCompte, director ejecutivo de la organización religiosa antipobreza Jubileo Estados Unidos, “este es un golpe devastador para los países altamente endeudados que deben apoyar a poblaciones pobres”.
Ahora, “estos fondos especulativos están equipados con un instrumento para someter a las economías en problemas”, dijo LeCompte en un comunicado.
Es posible que “Argentina no haya utilizado las mejores opciones o estrategias”, arguyó Stanley, pero la postura de la Corte Suprema estadounidense muestra que, “pese a la crisis internacional, el poder de lobby del sector financiero sigue intacto”.
Este resultado “también puede perjudicar a ese sector (si los Estados comienzan a dudar de los beneficios que implica emitir un bono en jurisdicción de Nueva York) y para Estados Unidos… que ha dejado de ser el acreedor del mundo para devenir en uno de sus principales deudores”, estimó.
Peter Hakim, presidente emérito del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, reconoció que “tanto el Tesoro de Estados Unidos como el FMI están preocupados por las consecuencias más amplias de que Argentina entre en default y por el impacto en otras negociaciones de deudas”.
“Recordemos que el Tesoro (junto con el FMI), si bien no se sumaron al proceso, apoyaron el argumento de Argentina de que debe pagar a los holdouts en las mismas condiciones en que estaba pagando a los acreedores que aceptaron la reestructuración de deuda”, planteó a IPS.
Hakim dijo que las relaciones entre los dos países han mejorado en los últimos meses, en la medida en que Argentina adoptó “un conjunto de políticas económicas más ortodoxas y moderadas, como reformar sus notoriamente manipuladas estadísticas, pagar al Club de París y a Repsol, etcétera”.
Pero el futuro inmediato de esos vínculos depende de cómo reaccione Buenos Aires en este caso, para el cual puede haber solución si las autoridades argentinas muestran mayor flexibilidad, estimó Hakim.
“El gobierno de Fernández tendrá que resistir la tentación de convertir esta decisión en un problema político doméstico”, dijo.
Eso parece difícil. Hace décadas que el manejo de la deuda es un factor central de las crisis económicas y políticas de Argentina. En su alocución del lunes, Fernández hizo un resumen histórico de esa evolución.
Evolución de la deuda pública argentina. Crédito: Cortesía de Ramiro Castiñeira/Econométrica
Solo la porción de bonos que pretenden cobrar Singer y sus aliados es ilustrativa.
En 2008, NML Capital adquirió los bonos con un valor nominal de 370 millones de dólares, pero por entonces valían apenas 48 millones.
Treinta por ciento habían sido emitidos en los años del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), durante el régimen cambiario de la convertibilidad (un peso, un dólar).
El restante 70 por ciento se emitieron durante el “megacanje”, una operación financiera fraudulenta pergeñada en 2001 para postergar vencimientos, que disparó el endeudamiento en decenas de miles de millones de dólares.
Por el megacanje fueron procesados el entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y se pidió la captura internacional de David Mulford, quien era entonces presidente internacional del banco Credit Suisse First Boston y había servido como alto funcionario del Tesoro yanqui.
Fuente: IPS
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