URUGUAY: MINISTRO DE DEFENSA AL BORDE DEL DESACATO JUDICIAL

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, podría ser acusado de desacato frente a la Justicia en la investigación por la caída del Fairchild Metro III, de la empresa Air Class, que se fue a pique el 6 de junio 2012 en el Río de la Plata. La Jueza en lo Penal Dra. Mariana Mota, quien tiene a su cargo la investigación, pidió dos veces que se retome la búsqueda de la aeronave, la última a fines de octubre. El Ministerio de Defensa desoyó la orden judicial, según se pudo escuchar de boca de la jueza, en el informativo de Canal 4. Además, según declaró la jueza a ese programa, el Ministerio de Defensa no remitió al juzgado ningún informe oficial y se ha enterado del resultado de las cajas negras por la familia del piloto o por la prensa. Tampoco le han informado 'cuánto queda abajo del agua, ni por qué no se continúa la búsqueda'. Pero no es el único caso que enfrentó a Fernández Huidobro con la Justicia. También impidió que la jueza Mota realizara una inspección ocular en el Batallón de Infantería Blindado N° 13 y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Según dijeron al diario El Observador fuentes judiciales cuando se presentó le impidieron por orden del ministro, sacar fotos del lugar. Los abogados de esa causa denunciaron al ministro por desacato, pero mientras se instruía la denuncia el ministerio dejó sacar las fotos y el juez Luis Charles finalmente archivó el caso. El delito de desacato se comete por la desobediencia abierta al mandato de un juez y se castiga con tres a 18 meses de prisión. Investigación incompleta El avión salió a las 19.45 del 6 de junio de Carrasco hacia Ezeiza. A las 20 horas se perdió el contacto y no llegó nunca a Ezeiza. Los pilotos Walter Rigo, de 63 años y Martín Riva, de 34, desaparecieron. La Fuerza Aérea y la Armada iniciaron la búsqueda y tras casi un mes sin resultados, las familias convocaron al buzo Héctor Bado, quién logró encontrar los restos del avión, de los cuales se extrajeron algunas piezas del fuselaje y la caja negra. Sin embargo, el artefacto no grabó las conversaciones del último vuelo. La jueza declaró que en su opinión la investigación está incompleta. 'Tenemos un avión caído, tenemos cajas negras, tenemos que completar la mayor cantidad de pedazos posibles para periciarlos'. Las normas de aviación internacional determinan que cuando ocurre un accidente se deben extraer todos los restos de la aeronave. “Todavía no tenemos idea de cual fue la causa que hizo que el avión se cayera. Tenemos que seguir sacando pedazos y tenemos que seguir investigando”, dijo. Mota dijo que decidió ordenar que Bado retome las tareas porque cuando él vino, 'logró ubicar el avión. Parece ser una persona que tiene los elementos y conocimientos para llegar a un resultado más rápido y que tiene un equipo superior al de la Armada'. 'Parece muy tonto no acceder a una posibilidad que nos ofrece un particular', agregó. La Fuerza Aérea argumentó que los elementos reunidos eran 'relevantes' y 'suficientes' para la investigación, según dijo al programa el vocero de la Fuerza Aérea, Álvaro Loureiro, quien añadió que a los 12 meses la comisión debe elaborar un informe parcial con lo actuado hasta ese momento. Pero la jueza Mota señaló que una cosa es una investigación administrativa y otra la judicial, donde puede terminar una persona enjuiciada si se descubre que hubo responsabilidades penales en el accidente. La jueza evitó cuestionar la actitud del Ministerio de Defensa porque dijo que quiere 'tratar de llegar al fin de esta investigación'. Prueba sin custodia Mota cuestionó la falta de preservación de la prueba. La magistrada dijo que los restos del avión que fueron encontrados por el equipo de rescate, están 'en alguna de las dependencias del Ministerio de Defensa', dijo Mota. 'Deberían estar en otro lado o por lo menos una cadena de custodia porque es prueba y debe estar custodidada para que la prueba valga como tal', sin que sea modificada, aclaró. La jueza también señaló que la investigación debería ser llevada a cabo por un organismo independiente, distinto a la Fuerza Aérea. El programa mencionó que los propietarios de Air Class son exoficiales de la Fuerza Aérea. Pero Loureiro dijo que eso 'no signfica en absoluto interés comun entre empresa y la Fuerza Aérea'. Otro elemento de la investigacuón es que el piloto Rigo había advertido de irregularidades de las aeronaves que piloteaba. Según datos proporcionados por sus familiares envió más de 20 correos electrónicos a sus superiores denunciando irregularidades del avión. A su vez, Julio Riva, padre del copiloto y también piloto, explicó que un avión planea antes de caer, pero en este caso cayó en picada, lo que podría indicar una 'falla estructural'. Loureiro respondió a eso que la aeronave 'tenía certificaciones y habilitaciones para operar'. Tiempo atrás el buzo Héctor Bado tuvo un enfrentamiento con Fernández Huidobro. Bado cuestionó las condiciones de trabajo de la Armada y el ministro le respondió que estaba 'borracho de vedetismo'.