La Cámara de Comercio pretende que el Senado rechace la derogación del Artículo Nº 178 de la Ley Nº 16.713, que habilita la contratación de personal en relación de dependencia bajo la forma de empresa unipersonal. Este artículo ha sido una manera de eludir el pago de beneficios sociales a esas personas y al BPS. La Cámara de Diputados ya aprobó la derogación con 50 votos a favor y 28 en contra. Ahora la discusión pasa al Senado.
En el informe en mayoría presentado por la Comisión de Trabajo de Diputados, los representantes oficialistas Luis Puig, Martín Tierno y Raúl Olivera señalan que en el caso de que la derogación sea aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Ejecutivo, "si el BPS constata que en alguno de los contratos registrados encu- bren una relación de dependencia, se le cobrarán a la empresa contratante las contribuciones especiales a la seguridad social".
En el texto señalan que "de un total de 117.339 unipersonales registradas a diciembre del 2009, 79.791 son de industria y comercio y 37.548 son unipersonales rurales. De éstas, las que están con contrato registrado en el BPS son 574. Es sobre ellas que tendrá efecto la presente derogación".
Juan Mailhos, gerente de asuntos laborales de la Cámara de Comercio, dijo a Ultimas Noticias que "es un error legislar sobre en base a la patología", entendiendo como patología la defraudación a la Ley Laboral.
El representante de los empresarios anunció que “va a haber lobby y gestiones” porque "ese es el juego libre de la democracia que pasa por hacer valer los intereses de cada uno de los involucrados".
Mailhos señaló que se contactará con todos los partidos con representación en el Senado para hacer pesar la opinión de la Cámara de Comercio sobre la derogación del artículo sobre las unipersonales.
Incertidumbre jurídica y un empujón hacia la informalidad en el sector privado son algunas de las consecuencias que prevé si el Senado aprueba la derogación.
El representante empresarial dijo al diario Ultimas Noticias que es el sector público el que más contratos tiene bajo esta modalidad.
"El mayor empleador de este tipo de empresas unipersonales es el Estado y ante cualquier dificultad terminan presupuestando a esta gente. Con mucha ligereza y facilidad estas empresas unipersonales son incorporadas graciosamente a la plantilla pública generando un aumento considerable del gasto", dijo.
El diputado del Frente Amplio, Luis Puig (Espacio 609) dijo que con la derogación se avanzará en la "cristalinidad" tributaria.
Puig aseguró que la Cámara de Comercio está presionando y pronostica "efectos catastrófico"” .
Puig señaló que el mencionado artículo, de la Ley del año 1995, "es una formidable herramienta para defraudar al Estado y eliminar los derechos de los trabajadores".
"El lobby del señor Mailhos no convence ni a los diputados de la oposición, porque el día que se votó, sólo 28 de los 49 diputados opositores estaban en sala", señaló Puig.
En una comparecencia ante la Comisión de Trabajo, la Doctora Addy Mazz en representación del Instituto de Finanzas Públicas, se pronunció en contra de la derogación, mientras que el Pit-Cnt reiteró su posición sustentada desde 1997 sobre la imperiosa necesidad eliminar éste artículo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social manifestó que entiende necesario que además de la derogación se legislen normas que amplíen la protección al trabajo autónomo.
El Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, representado por los Doctores Rosenbaum y Ermida Uriarte, manifestaron que el artículo sirvió para disfrazar a empleados subordinados como "una pseudoempresa unipersonal".
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