La jueza Liberatori ordenó a la Ciudad de Buenos Aires cambiar la denominación de las calles, plazas y otros espacios públicos que aún homenajean a funcionarios de distintos gobiernos de facto. E intimó a la Legislatura a que lo haga antes de que termine el próximo período legislativo.
La jueza Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo promovida por el particular Hansel Stegmann. El fundamento de la resolución es que el artículo 5 de la ley 83 de la Ciudad dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (...) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".
El planteo original fue hecho a raíz del nombre de la calle Intendente Guerrico, en el barrio de Palermo, que recuerda a un jefe comunal porteño designado por José Félix Uriburu(Salta, Argentina, 20 de julio de 1868 - París, Francia, 29 de abril de 1932) tras el golpe de Estado de 1930.
Pero el pedido incluyó también a otros espacios públicos: las plazas Teniente General Pedro Eugenio Aramburu (Flores, hoy ya denominada por ley como El ángel gris) y Teniente General Eduardo Lonardi (Villa Pueyrredón); la plazoleta Ernesto Padilla (Colegiales); las calles Capitán Claudio Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguia y Soldado Miguel Santi (todas en Liniers), y la escuela Octavio Pico (Flores).
Lonardi y Aramburu fueron presidentes de facto tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955; Padilla fue intendente porteño designado tras el golpe del '43; Pico fue ministro del gobierno de facto de Uriburu y todos los demás son militares que murieron durante el golpe de Estado de 1930.
En su fallo, la titular del juzgado porteño en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº4 aseveró que "no cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente".
Liberatori cuestionó además la falta de acción de los legisladores al resaltar que aunque ya pasaron "casi veintisiete años desde el retorno de la democracia (...) y casi doce desde la entrada en vigencia de la prohibición" de la Ley 83, "no se ha desplegado una actividad legislativa suficiente" para que la nomenclatura urbana esté acorde a derecho.
La jueza hizo entonces lugar a la acción de amparo y ordenó a la Legislatura que "se dispongan las medidas tendientes a modificar toda nomenclatura urbana" con nombres de funcionarios de gobiernos de facto y la intimó a que esas leyes estén sancionadas "antes de la finalización del próximo período legislativo".
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