La Dirección General Impositiva de Uruguay lanzó un operativo para fiscalizar la compra de inmuebles por montos superiores a 250.000 dólares utilizando la misma metodología implementada para el control de la venta de vehículos por valores superiores a US$ 35.000 y que obligó a citar a unos 400 contribuyentes.
Utilizando las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, DGI solicitó información a automotoras e inmobiliarias con el objeto de determinar si los contribuyentes pueden justificar la compra y el mantenimiento de esos bienes.
En 2009 se vendieron 30.000 vehículos, de los cuales un 10% superaba en valor los US$ 35.000. En el chequeo de información, el organismo encontró inconsistencias en 400 casos y procedió a citar a los contribuyentes para que demuestren cómo los adquirieron. La mitad de esas operaciones de compra pertenecen a empresas y en algunos casos ya se hicieron las reliquidaciones pertinentes.
En el caso de los inmuebles, la información proviene de inmobiliarias y empresas constructoras y los datos están siendo procesados y cruzados con las declaraciones juradas.
DGI pretende fortalecer su equipo fiscalizador y para ello solicitó a Economía y Finanzas aumentar su plantilla con 60 inspectores, rubros que de aceptarse deberán ser incluidos en el próximo Presupuesto. Asimismo, el organismo incorporará tecnología con una inversión similar a la del quinquenio anterior y que ascendió a 12millones de dólares.
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